El arriesgado golpe a la independencia judicial de Zelenski
I. Introducción
La aprobación exprés de la ley 12414 por parte del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, el 22 de julio de 2025, ha desatado una crisis política sin precedentes en Ucrania, marcada por las primeras manifestaciones ciudadanas desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. Esta normativa, que elimina la independencia de las dos principales agencias anticorrupción del país —la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO)—, ha sido percibida como un intento de consolidar el poder en manos del Ejecutivo, erosionando los pilares de la justicia independiente en un momento crítico para la nación. La reacción de la sociedad civil, la preocupación de la Unión Europea y las críticas de figuras influyentes, como el campeón de boxeo Oleksander Usyk y el jefe de inteligencia militar Kirilo Budanov, reflejan la magnitud del descontento. Este artículo analiza cómo esta decisión compromete la independencia judicial, cuestiona el compromiso de Zelenski con la democracia y amenaza el apoyo internacional a Ucrania, en un contexto de guerra y necesidad de cohesión interna.
II. Contexto de la ley 12414 y su aprobación
La ley 12414, firmada por Zelenski tras una aprobación apresurada en la Rada el 22 de julio de 2025, suprime la autonomía de la NABU y la SAPO, instituciones creadas para combatir la corrupción sistémica que ha caracterizado a Ucrania desde su independencia. La rapidez del proceso legislativo, iniciado en una sesión de comisión convocada de urgencia a las 8:00 de la mañana sin la presencia del presidente de la comisión ni de la mayoría de sus miembros, levantó sospechas sobre las intenciones del Ejecutivo. Con 263 votos a favor y solo 13 en contra, incluyendo el respaldo de sectores opositores como el partido de Yulia Timoshenko y algunos exdiputados prorrusos, la ley fue aprobada en tiempo récord y firmada por Zelenski esa misma tarde. Este procedimiento, carente de debate amplio, contrasta con la relevancia de las agencias afectadas, que han sido clave en las investigaciones de corrupción, incluyendo casos que involucran al entorno cercano del presidente, como su jefe de Gabinete, Andrii Yermak, y el ex viceprimer ministro Oleksiy Chernyshov.
La NABU y la SAPO, establecidas tras las reformas post-Maidán de 2014, han sido fundamentales para fortalecer la confianza en el sistema judicial ucraniano, tanto a nivel interno como ante socios internacionales como la Unión Europea. La eliminación de su independencia, que las sometía a un control directo del Ejecutivo, ha sido interpretada como un movimiento estratégico para proteger a figuras cercanas a Zelenski de investigaciones en curso. La percepción de que esta ley responde a intereses personales, especialmente para blindar a Yermak frente a acusaciones de corrupción, ha alimentado el descontento social y la desconfianza en el liderazgo de Zelenski, quien llegó al poder en 2019 con una plataforma basada en la lucha contra el fraude.
III. Reacción de la sociedad civil y el impacto político
La aprobación de la ley 12414 marcó un punto de inflexión en la relación entre Zelenski y la sociedad ucraniana, que salió a las calles por primera vez desde el inicio de la invasión rusa. Las manifestaciones en ciudades como Kiev, especialmente en la plaza del teatro Iván Frankó, reunieron a ciudadanos, incluidos veteranos de guerra, que exigían el veto de la ley y la dimisión de Yermak. A pesar del riesgo de bombardeos rusos y el toque de queda, los manifestantes desafiaron las restricciones, mostrando una determinación que contrasta con la represión que habría enfrentado una protesta similar en Rusia. Las consignas de “veto a la ley” y “Yermak fuera” reflejan una creciente frustración con lo que muchos perciben como un abuso de los poderes otorgados por la ley marcial, en vigor desde el inicio del conflicto.
Figuras públicas de peso, como Oleksander Usyk, quien advirtió a Zelenski que “no empujes a los caballos, porque pueden darte una coz”, y el jefe de inteligencia militar Kirilo Budanov, quien llamó a evitar conflictos internos que debiliten al país, han amplificado el malestar. El editorial del Kyiv Independent, que acusó a Zelenski de “traicionar la democracia de Ucrania”, resume el sentimiento de una sociedad que ve en esta ley un retroceso en los avances democráticos logrados tras décadas de lucha contra la corrupción sistémica heredada del colapso de la Unión Soviética. La movilización ciudadana, aunque no dirigida directamente contra el liderazgo de Zelenski, pone en riesgo su prestigio, construido sobre la narrativa de resistencia heroica frente a Rusia.
IV. La preocupación internacional y la Unión Europea
La Unión Europea, un aliado clave de Ucrania en su lucha contra la invasión rusa, expresó su “mucha preocupación” por la ley 12414, comparando las tácticas de Zelenski con las de líderes autoritarios como Viktor Orbán. La rapidez con la que se aprobó la norma, junto con la decisión de aislar a diplomáticos aliados durante dos horas sin acceso a sus teléfonos para evitar reacciones inmediatas, generó críticas sobre la transparencia del proceso. La UE, que ha condicionado su apoyo financiero y político a Ucrania a la implementación de reformas anticorrupción, ve en esta ley un retroceso en los compromisos asumidos por Kiev para fortalecer la independencia judicial y el estado de derecho.
La NABU y la SAPO han sido pilares de las reformas exigidas por la UE y el Fondo Monetario Internacional, y su sometimiento al control del Ejecutivo pone en riesgo la credibilidad de Ucrania como candidato a la adhesión europea. La declaración conjunta de ambas agencias, que denunció que los cambios legislativos “socavan significativamente” su independencia, fue respaldada por organizaciones como Transparencia Internacional, que acusó a Zelenski de “destruir una década de avances” en la lucha contra la corrupción. Esta percepción podría tener consecuencias graves, no solo en términos de apoyo financiero, sino también en la confianza de los aliados occidentales en un momento en que Ucrania depende de su respaldo para resistir la agresión rusa.
V. Las justificaciones de Zelenski y sus contradicciones
En respuesta a las críticas, Zelenski prometió en su mensaje diario del 22 de julio de 2025 presentar un “plan de acción conjunto” en dos semanas para fortalecer el sistema judicial, asegurando que escucha las demandas de la sociedad. Sin embargo, sus explicaciones han sido poco convincentes. El presidente aludió a supuestas “amenazas” de infiltración rusa en las agencias anticorrupción, sugiriendo que agentes prorrusos podrían estar filtrando información para desestabilizar al gobierno. Esta narrativa, que busca justificar la ley como una medida de seguridad nacional, carece de pruebas concretas y ha sido recibida con escepticismo, especialmente porque no se propusieron reformas específicas contra individuos sospechosos, sino una reestructuración que concentra el control en el Ejecutivo.
La retórica de Zelenski contrasta con su discurso de 2019, cuando, como un presidente recién electo, prometía combatir la corrupción sin contemplaciones. La protección de figuras como Yermak, investigado por sospechas de corrupción, y el historial de casos previos, como el de la diputada Liudmyla Ivanivna Marchenko, captada intentando deshacerse de un soborno en 2023, sugieren que la ley 12414 responde más a intereses personales que a una estrategia para fortalecer la seguridad nacional. La falta de transparencia en el proceso legislativo y la ausencia de un debate público refuerzan la percepción de que la norma es un intento de blindar al círculo cercano de Zelenski frente a investigaciones independientes.
VI. Implicaciones para la independencia judicial y la democracia
La ley 12414 representa un golpe directo a la independencia judicial en Ucrania, al someter a la NABU y la SAPO al control del Ejecutivo, eliminando los mecanismos que garantizaban su autonomía. Estas agencias, creadas para investigar la corrupción en las élites políticas y económicas, han sido esenciales para desmantelar las redes clientelares que han debilitado al Estado ucraniano desde los años 90. Su neutralización no solo limita la capacidad de Ucrania para combatir la corrupción, sino que también socava la confianza en el sistema judicial, un pilar fundamental de la democracia.
La acumulación de poder por parte de Zelenski, facilitada por los poderes extraordinarios de la ley marcial, plantea preguntas sobre el rumbo de la democracia ucraniana. Aunque el presidente ha liderado con éxito la resistencia contra Rusia, su decisión de priorizar la lealtad a su círculo cercano sobre la integridad institucional arriesga alienar a la sociedad civil y a los aliados internacionales. La advertencia de Budanov sobre los peligros de los conflictos internos resuena en un país que, históricamente, ha sufrido las consecuencias de la debilidad institucional y la captura del Estado por oligarcas.
VII. Conclusión
La aprobación de la ley 12414 por Volodímir Zelenski marca un punto de inflexión en su liderazgo, al comprometer la independencia de las agencias anticorrupción y desencadenar una crisis de confianza con la sociedad ucraniana y sus aliados internacionales. La reacción de la ciudadanía, que ha salido a las calles a pesar de la guerra, y las críticas de figuras influyentes reflejan el temor a que esta medida sea un paso hacia la concentración de poder, en detrimento de los valores democráticos que Ucrania ha defendido frente a Rusia.
Debe tenerse presente que la Unión Europea, que ha apoyado a Ucrania en su lucha, ve en esta ley un retroceso que amenaza los avances en la lucha contra la corrupción, esenciales para la adhesión europea. La promesa de Zelenski de reformar el sistema judicial en dos semanas suena vacía frente a la magnitud del daño causado. Sin un cambio de rumbo, el presidente arriesga no solo su prestigio, sino también la cohesión interna y el apoyo internacional que Ucrania necesita para sobrevivir.