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El acceso a la justicia es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. En España, este derecho se encuentra consagrado en la Constitución Española, que garantiza la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia. En Tenerife, como en el resto del territorio español, estos derechos son esenciales para asegurar la protección de los ciudadanos ante la ley.

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