CCOO denuncia: más jueces sin más personal funcionario garantizan un colapso asegurado en la Administración de Justicia

Noelia Medina secretaria general de justicia en FSC- CCOO,

La reforma de la justicia española avanza de manera desigual a lo largo y ancho de todo el territorio y, por el momento, con más sombras que luces. La implantación de los tribunales de instancia ha venido acompañada de anuncios por parte del señor Bolaños meramente propagandísticos, basados en unos supuestos datos absolutamente desconocidos para el resto de los mortales, pues ni son públicos ni se nos han facilitado, y que contrastan con la realidad que percibimos el resto de profesionales y operadores jurídicos que sufrimos la realidad de la justicia en España.

Ante el fiasco que está suponiendo la implantación de los tribunales de instancia, el ministro de justicia a vuelto a hacer gala del clasismo que le ha venido caracterizando tanto a él como a sus predecesores; si la anterior ministra incrementaba las retribuciones de Letrados, Jueces y Fiscales en unos 450 € y dejaba al resto del personal sin un sólo euro de incremento tras más de 2 meses de huelga indefinida, ahora el señor Bolaños se saca de la chistera la creación de  500 nuevas plazas judiciales y 200 fiscales, sin hacer referencia alguna al resto de personal al servicio de la Administración de Justicia. 

Una cosa es ser clasista y otra, bien diferente, es ser poco menos que esclavista, y encima hacer gala de ello. Sí, se crean plazas judiciales y fiscales… pero no se refuerzan en la misma medida al resto de trabajadores que hacen funcionar la Justicia, ya saturada. Un/a juez/a sin equipo es un cuello de botella, no una solución. Sin el resto de cuerpos los procedimientos no avanzan, los expedientes no se tramitan, las resoluciones no se ejecutan.

Según el propio Ministerio de Justicia, el nuevo modelo les permite crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 €, cuando crear un juzgado tradicional, en cambio, costaba alrededor de 500.000 €. La denuncia de CCOO no es infundada, es matemática pura y dura: si el coste de la creación de cada plaza judicial se reduce a 1/5 parte de lo que suponía un juzgado tradicional es evidentemente porque esas nuevas plazas no irán acompañadas del personal necesario.

 Según esas mismas matemáticas, si la planta judicial se amplía un 8,5% en un año, por esa misma regla de tres deberían paralelamente crearse un mínimo de 4250 plazas del resto de cuerpos generales y especiales, que es el resultado de aplicar este mismo porcentaje a la plantilla.

El personal del juzgado, perjudicado

Pero no será así. La intención tanto el señor Bolaños como sus colegas de las Consejerías de Justicia de las CCAA transferidas es exprimir aún más si cabe a un personal que ya está absolutamente sobrepasado. Su intención es explotar aún más a los y las trabajadoras que ya sufren la infradotación de medios tanto humanos como materiales; a esas misma que se ven obligados a lidiar con unos programas informáticos inadecuados; a ese mismo personal que son los únicos que dan la cara ante los profesionales y la ciudadanía... Y todo ello a coste cero. Porque además como CCOO ya hemos dicho y repetido hasta la saciedad, son unos clasistas absolutos.

¿Sabe acaso la ciudadanía que el Ministerio de Justicia, mediante Real Decreto, pretende ahora retribuir a los Letrados que simultaneen dos puestos de trabajo con una retribución extra de entre los 23.217,60 y los 38.571 €/año??? Y saben con cuanto se nos retribuye al resto de personal??? Con 0 Euros. Lo que nos quieren imponer a los trabajadores de a pie se lo quieren retribuir a los cuerpos superiores. Todo muy justo y muy progresista... 

Los órganos judiciales ya están infradotados. Y entre otras cuestiones es porque tenemos una administración que se ha mostrado absolutamente incapaz de gestionar sus recursos humanos. Son miles y miles las personas que han aprobado procesos selectivos tanto del turno libre como de la promoción interna y que aún están esperando  a tomar posesión de sus puestos (desde el 2022 al 2024 más de 9000 personas). Recordamos que por este motivo CCOO convocamos una concentración ante el Ministerio de Justicia el pasado 24 de febrero.  

 Su famosa Ley de Eficiencia se traduce en un abaratamiento del sistema, trasladando el coste a la sobrecarga del personal existente. La actitud del ministerio de justicia durante todo el proceso de implantación roza, al menos en lo que respecta a CCOO, la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical consagrado en el artículo 7 de la Constitución Española.

La negociación real ha sido nula. Sí, nos han convocado a reuniones, pero sin aportar ni un sólo dato que permita realizar un mínimo dimensionamiento adecuado de esta nueva estructura judicial; ni tan siquiera un estudio de cargas de trabajo para adaptar las plantillas a las necesidades reales. El diálogo con la Administración es tan escaso como su transparencia. La respuesta que obtenemos a las diferentes cuestiones que hemos ido trasladando por escrito a los responsables políticos siempre es la misma: ninguna. Ni a la exigencia de CCOO de reunirnos para la dar cumplimento al Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio público se han dignado a contestar.

Bolaños no se reúne con CCOO

Hoy nos hemos levantado con la noticia que por parte del Ministerio se ha convocado la Comisión de seguimiento del acuerdo firmado entre el el propio ministerio y las organizaciones sindicales CSIF, STAJ, UGT y CIG. No es la primera vez que se reunen, ya lo hicieron el pasado 23 de julio (consultar nota aquí). Dicha reunión se ha convocado para el 8 de abril.

A esa reunión CCOO no hemos sido convocados, pues somos el único sindicato que no avaló con su firma la implantación de esta nefasta Ley de Eficiencia organizativa.  A pesar de ser la principal organización sindical de este país no nos han invitado a participar ni como oyentes. Molestamos, porque somos los únicos que desde el principio hemos puesto negro sobre blanco y hemos denunciado el fiasco en que se iba a convertir la reforma de la justicia. Pero no conseguirán silenciarnos.

CCOO ni estamos invitados ni lo pretendemos. Lo que sí exigimos al señor Bolaños y a las personas responsables de las Consejerías de Justicia de las CCAA con transferidas en justicia es que rectifiquen y cumplan con los mínimos cánones de transparencia debidos, que publiciten los datos de los que hace gala en sus comparecencias públicas.

Exigimos que, en base a un debido estudio de cargas de trabajo, se sienten de una vez por todas a negociar de manera real y efectiva las relaciones de puestos de trabajo. Exigimos que nos respondan ya a todos y cada uno de los escritos que les hemos presentado; sino es por democracia que lo hagan al menos por educación.

 Exigimos, en definitiva, que se dote a la administracion de justicia de los medios humanos y materiales que tanto sus trabajadores y trabajadores como la ciudadanía nos merecemos.