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En el presente caso, los esposos formalizaron un acuerdo de mediación en julio de 2023, en el que acordaban la atribución del uso del domicilio familiar, de renta antigua, al esposo hasta su fallecimiento y, en compensación, éste se obligaba a abonar a la esposa una determinada cantidad de dinero.

Si bien, posteriormente, la esposa se negó a solicitar la homologación judicial del acuerdo, interponiendo una denuncia por un presunto delito de violencia de violencia de género en agosto de ese mismo año, que dio lugar a la tramitación de unas diligencias previas penales finalmente sobreseídas.

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