2026: Justicia, corrupción y la encrucijada democrática

Santiago Milans del Bosch Fiscal y magistrado especialista en lo contencioso-administrativo, en excedencia AbogadoCodirector de Milans Del Bosch & ITL, Abogados y asesores tributarios.

El año 2026 se inicia, desde la perspectiva jurídica y cívica, bajo el signo de la expectación y de una profunda preocupación social. Numerosos procedimientos penales de enorme trascendencia institucional, política y moral, incoados o impulsados durante 2025, están llamados a ser juzgados o a avanzar decisivamente en el nuevo año. No se trata de una acumulación coyuntural de causas, sino de la manifestación de una crisis más profunda: la que afecta a la relación entre poder, responsabilidad y respeto efectivo al Estado de Derecho.

No es exagerado afirmar que 2025 ha sido uno de los años más graves en materia de corrupción pública desde la restauración democrática. Grave no solo por el número de investigaciones abiertas, sino por la naturaleza de los hechos y por el perfil de muchos de los presuntos responsables: cargos públicos o de partido de alto nivel, asesores, intermediarios y personas situadas en el núcleo de decisión política o administrativa. El daño no es únicamente económico; es, sobre todo, institucional y ético, pues mina la confianza de los ciudadanos en quienes deberían servirles.

Dentro de ese oscuro balance de 2025 ocupa un lugar especialmente significativo —como hecho ya producido en ese año— la condena de quien se sirvió del cargo de Fiscal General del Estado para atender complacencias políticas del Gobierno. No se trata de una valoración personal, sino de la constatación de un hecho de enorme gravedad constitucional: la quiebra de la neutralidad que debe presidir el ejercicio de una función esencial. Este episodio explica, en parte, la creciente desafección ciudadana hacia las instituciones.

Muchas otras causas incoadas o impulsadas ese mismo año no han sido aún juzgadas y, por razones procesales, desplegarán su recorrido judicial a lo largo de 2026. Entre ellas se encuentran procedimientos de enorme impacto público: el denominado caso Koldo/Ábalos; las investigaciones relacionadas con el fraude en el sector de los hidrocarburos; los procedimientos que afectan al entorno de la Moncloa, con causas o “piezas” en tramitación tanto en Madrid como en Badajoz; o el conocido caso Mediador de Tenerife. A ello se suman investigaciones sobre tramas de corrupción con conexiones internacionales, algunas relacionadas con dictaduras como las de Venezuela o Marruecos, lo que añade una dimensión especialmente preocupante.

Especial relevancia adquiere, asimismo, la celebración —por fin— del juicio del denominado Clan Pujol, inexplicablemente y largamente demorado, cuya resolución resulta imprescindible para cerrar una etapa de sospecha permanente sobre la relación entre poder político y enriquecimiento ilícito, muy especialmente en el ámbito de la Generalidad de Cataluña. Se trata de una causa que interpela directamente a la credibilidad del sistema autonómico y del propio Estado.

Llegados a este punto, resulta obligado reconocer y felicitar a todos aquellos que, con profesionalidad, valentía y perseverancia, han hecho posible que estos casos de corrupción afloren o sigan avanzando: jueces, magistrados, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad, funcionarios públicos y profesionales del Derecho que, muchas veces en silencio y bajo presión, sostienen el Estado de Derecho desde dentro. Sin su labor, muchas de estas tramas nunca habrían salido a la luz.

A este panorama se añade un elemento particularmente inquietante: la proliferación de procedimientos relacionados con delitos atentatorios contra la dignidad de las personas y la libertad sexual, muy especialmente de mujeres y, en algunos casos, de menores. Estos hechos no admiten relativización ni manipulación política. El político, cualquiera que sea su ideología, debe ser un referente de conducta cívica y de servicio al bien común, no alguien que abuse de su posición creyéndose impune.

La corrupción, además, no es una abstracción. Afecta directamente a la salud y a la felicidad de los ciudadanos. Cuando los recursos públicos se desvían, los servicios esenciales no funcionan adecuadamente; cuando se roba o se malgasta, la consecuencia suele ser una maquinaria tributaria cada vez más asfixiante, que ahoga las economías domésticas mientras se resiente la calidad de la sanidad, la educación, la justicia o la atención social.

En este contexto, resulta imposible ignorar el papel del Gobierno. No estamos ante un Ejecutivo distraído, sino ante uno que, en demasiadas ocasiones, se comporta como cómplice indirecto de los ataques a los jueces cuyas resoluciones no le resultan favorables. La descalificación del Poder Judicial, el señalamiento personal de magistrados y la insinuación constante de motivaciones espurias constituyen una estrategia profundamente peligrosa. Cuando la corrupción crece, la respuesta no puede ser desacreditar a quienes la investigan y juzgan.

Lejos de reforzar las libertades propias de una sociedad civil madura, se pretende concentrar cada vez más poder en todas las instituciones del Estado mediante la técnica del mayoritismo, esto es, el uso de mayorías parlamentarias coyunturales para ocupar órganos constitucionales y neutralizar los contrapesos democráticos. Esta dinámica no escapa a la Administración de Justicia, donde se advierte una pretensión expresa de atribuir la instrucción penal al Ministerio Fiscal sin garantías suficientes y reales de imparcialidad, dadas sus actuales formas de dependencia orgánica y funcional.

Ante la creciente presión social, se recurre además con frecuencia al “comodín Franco” como mecanismo de distracción política (por ejemplo, la profanación de la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos bajo el eufemismo de su “resignificación”, o la pretendida ilegalización de la Fundación Francisco Franco, no por razones jurídicas reales, sino exclusivamente ideológicas), alimentando un enfrentamiento artificial guerracivilista que nada resuelve y mucho deteriora.

Este artículo no pretende adelantar condenas ni sustituir la función de los tribunales. Esa tarea corresponde exclusivamente a la Justicia. Y es aquí donde adquiere una importancia capital el papel de los jueces y magistrados, en todos los órdenes jurisdiccionales, cuyas resoluciones pueden no ser del agrado de todos, pero merecen respeto por su independencia, por la valoración racional de la prueba y por la motivación jurídica que las sustenta.

La independencia judicial es, en último término, una de las principales garantías de la democracia. Sin jueces libres de presiones, sin resoluciones motivadas y comprensibles, sin respeto a los derechos de defensa, el Estado de Derecho se vacía de contenido.

Pese a todo, 2026 debe ser un año de esperanza. Esperanza en que las causas pendientes se resuelvan con rigor y justicia; en que quienes hayan traicionado la confianza pública respondan conforme a la ley; y en que la sociedad consolide la confianza en unas instituciones judiciales que, con todas sus imperfecciones, siguen siendo un pilar esencial de nuestra convivencia. Solo desde esa confianza crítica y responsable será posible aspirar a una sociedad mejor, más libre y verdaderamente respetuosa con el Estado de Derecho.

A todos los lectores, mi deseo de un feliz y esperanzado 2026.