La sentencia Obadal que conocimos el pasado 14 de junio del TJUE ha vuelto a dejar en evidencia la inacción de nuestro país durante más de veinticinco años. Su fallo resalta la falta de medidas para combatir el abuso de la temporalidad. La falta de trasposición de la Directiva 1999/70 ha condenado a miles de interinos en fraude de ley, especialmente en los sectores de sanidad, justicia y educación a una precariedad notable. De ese millón de interinos en fraude más del 70% son mujeres que ya superan los cincuenta años y con difícil futuro laboral.
En ese fallo judicial que ahora estudia la Sala Social del Supremo para ver como adapta sus razonamientos al asunto que elevó a Europa, brilla con luz propia el rapapolvo que los jueces del TJUE mandan a la Sala. La figura del indefinido no fijo, construcción creada por la propia Sala para mitigar ese abuso de temporalidad, no sirve para frenar el abuso porque supone la salida de ese profesional en el momento en que sea plaza sea cubierta por el titular de esas plaza. El único consuelo es que tendría una indemnización.
Desde esta perspectiva, surge la primera pregunta ¿pueden reclamar los profesionales reconocidos como indefinidos no fijos en vía judicial un mejor trato ahora que la figura no es válida? ¿Sería entonces en este tipo de situación reconocer la fijeza para resolver este abuso de temporalidad generado durante años? Habrá que ver qué dice el Supremo y como resuelve ese y los otros doscientos recursos de casación que se estima tiene pendiente de resolver a la espera de Obadal, sentencia que lo aclara todo.
Sin embargo, el fallo judicial de este 14 de junio, al que señala directamente es al Gobierno de Pedro Sánchez y especialmente a su ministro de Transformación Digital y Fusión publica, Oscar Lopez. Sobre esta cartera hay que mencionar que el ejecutivo socialista ha tenido seis ministros en otros ocho años. Salvo Miquel Iceta que llego a un acuerdo con los sindicatos mayoritarios y logró in extremis, con un voto a favor la aprobación de la ley 20/2021 de 28 de diciembre, el resto no ha cogido el toro por los cuernos.
Esa ley 20/2021 que Iceta logró aprobar planteaba unos procesos de estabilización del personal interino en fraude Concurso-oposición (Art. 2.1): Para plazas de carácter estructural que hayan estado ocupadas de forma temporal de manera ininterrumpida al menos los 3 años anteriores al 31 de diciembre de 2020. La fase de oposición tiene un peso mayoritario, pero los méritos (experiencia) cuentan significativamente. Concurso de méritos (Disp. Adic. 6ª y 8ª): Una medida excepcional que permite la estabilización solo por méritos (sin examen) para plazas ocupadas de forma temporal e ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016.
El objetivo fijado con Bruselas era finalizar los procesos de estabilización el pasado 31 de diciembre del 2024. La teoría esa era, pero en la práctica no se contaba con la malicia de las CCAA y administraciones locales. En muchos casos se sacaron menos plazas que las personas en abuso. El problema se ha judicializado. En la actualidad la temporalidad está por encima del 32%, no se ha estabilizado todo el personal en abuso y algunos de estos procesos selectivos se han impugnado. El problema, por tanto sigue abierto sin una solución clara.
Seis ministros inoperantes
El resto, de los ministros se pusieron de perfil ante el problema Meritxtell Batet (2018-2019): Inició la etapa Sánchez gestionando el conflicto catalán y la administración pública simultáneamente. Carolina Darias (2020-2021): Le tocó gestionar el impacto del COVID-19 en el trabajo presencial de los funcionarios y el auge del teletrabajo. Tras Iceta que busco la fórmula de frenar la temporalidad llegó María Jesús Montero (2021-2023): Integró Función Pública dentro del Ministerio de Hacienda, unificando el control del gasto y el personal.
Con posteriorida José Luis Escrivá (2023-2024): Creó el ministerio de Transformación Digital y Función Pública, buscando introducir la IA en la administración en lugar de resolver este problema del abuso de la temporalidad mientras que el actual titular de esta cartera Óscar López (Sept. 2024 – Actualidad 2026): tiene como reto la reforma de la Ley de Función Pública y una posible modernización al acceso a la Admiración.
En cuanto al problema de la temporalidad, López más preocupado de arremeter contra la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, con la que previsiblemente se enfrentara en las próximas elecciones autonómicas, pocas soluciones ha aportado aunque en sede parlamentaria ha llegado a decir ante la incredulidad de muchos que su ministerio había estabilizado más de 300.000 interinos y que la Constitución le impedía afrontar la fijeza automática demandada por juristas, otros partidos políticos y el colectivo de interinos.
Nuestra publicación, sensible al problema que tiene en vilo a un millón de ciudadanos que viven en un situación de precario alarmante ha denunciado el cese masivo de interinos en estos tres últimos años. En los últimos días, expertos como Javier Araúz, Beatriz González y Gerardo Pérez, abogados significados por la defensa de este colectivo han vuelto a insistir en lo insostenible de la situación. Apoyan una reforma legislativa donde la figura del fijo a extinguir o unos concursos restringidos podría resolver la situación.
Otras voces como el abogado europeísta Josep jover considera en su columna que Obadal deja en evidencia al Supremo, mientras que otros experto en función publica como es el abogado Pablo Gunitiñas habla de que Obadal certifica el fracaso del modelo de empleo público de nuestro país, son también partidarios de alguna reforma.
En esa reforma, las opciones que se plantean van desde la fijeza automática a definir indemnizaciones elevadas y disuasorias que podrían estar por encima de los 33 días por año trabajado sin tope. Una ruina para muchas CCAA y administraciones.
Los juristas expertos en derecho laboral no se ponen de acuerdo. Tampoco saben cómo va a reaccionar el Supremo cuando tenga que adaptar el fallo del TJUE a su cuestion prejudicial. Luego tendrá que resolver más de doscientos recursos de casación que quedaron pendientes.
En el blog del catedrático de Derecho del Trabajo, Eduardo Rojo, donde analiza esa relación poco pacífica entre el Supremo y el TUUE se recoge una amplia relación de opiniones de distintos expertos en derecho laboral que señalan la complejidad del asunto y de la necesidad de buscar esa reforma legislativa, más necesaria, tras Obadal.
Cese de interinos indiscriminado
Por su parte en el lado del colectivo de interinos, la Delegada sindical de Co.bas, Maite Agredano, advierte en su columna publicada en este medio que “la falta de una respuesta legislativa adecuada puede tener importantes consecuencias sociales y económicas.
Desde el punto de vista social, miles de trabajadores podrían quedar en una situación de especial vulnerabilidad e inseguridad laboral. Desde la perspectiva económica, existe el riesgo de que se consolide la retención de 626 millones de euros de los fondos Next Generation actualmente suspendidos por la Comisión Europea debido al incumplimiento de los objetivos de reducción de la temporalidad, a lo que podrían añadirse eventuales sanciones económicas”.
En los últimos tres años, el cese de interinos en CCAA como Madrid o Aragón han sido continuos. Al mismo tiempo, con la ley 1/2025 muchos funcionarios de justicia abandonaron sus puestos de trabajo sin indemnización. En cuanto a los jueces y fiscales sustitutos siguen peleando una estabilización que iría por una reforma de la LOPJ, en la ley de acceso a la carrera judicial. De momento la estabilización que se planteaba en un concurso abierto a otros colectivos está congelado a la espera Bolaños de tener apoyos políticos.
La sentencia Obadal obliga al Gobierno de Sánchez a buscar una solución. La presión política se intensifica en el Parlamento y formaciones como Junts confirman a este medio que volverán a la carga para convencer a Lopez de la necesidad de esa reforma legislativa que se contempla como necesaria. Mientras tanto siguen judicializándose asuntos, tanto en la jurisdicción laboral como en la contenciosa, ésta menos cercana al interino al que condena en costas en muchas ocasiones.
Un problema de este calado no pueden resolverlo los jueces. Debe ser el Gobierno, con un consenso parlamentario amplio,, quien resuelve la situación. Es lo justo para profesionales que han dedicado los mejores años de su vida a la función publca. Europa ha dejado claro que las medidas para frenar el abuso no son válidas.
