- Dos sentencias de las Audiencias Provinciales de Madrid y Valencia muestran cuándo puede mantenerse este dispositivo y en qué circunstancias está justificada su retirada. Unive Abogados explica los límites legales.
Instalar un cepo metálico para impedir que otro vehículo ocupe una plaza de garaje parece una solución sencilla. Sin embargo, puede convertirse en un conflicto con la comunidad de propietarios. ¿Puede una junta de vecinos exigir su retirada aunque el dispositivo se haya colocado para proteger una plaza de uso exclusivo?
La respuesta depende de las circunstancias. En 2016, la Audiencia Provincial de Madrid dio la razón al titular de una plaza que había instalado un cepo para impedir su ocupación por terceros. La comunidad había acordado exigir su retirada, pero el tribunal anuló esa decisión al considerar que la instalación tenía una afectación mínima sobre el suelo comunitario y no perjudicaba el uso de las demás plazas.
Una resolución más reciente ofrece la otra cara de este conflicto. La Audiencia Provincial de Valencia, en su sentencia 223/2025, de 15 de abril, respaldó a una comunidad que había revocado la autorización para instalar dos cepos en una zona común de acceso a un garaje.
En este segundo caso, la autorización estaba sujeta a determinadas condiciones que no se habían cumplido. Además, existían problemas relacionados con el uso del espacio compartido y posibles riesgos para terceros. El tribunal consideró justificada la decisión comunitaria y rechazó la impugnación presentada por la propietaria.
“No es lo mismo instalar un dispositivo que apenas afecta al uso del garaje que ocupar una zona de paso compartida. El derecho a proteger una plaza debe conciliarse con la seguridad y los derechos de los demás propietarios”, explica Almudena Argüelles, directora del Departamento de Derecho Privado de Unive Abogados.
La Ley de Propiedad Horizontal, en sus artículos 7 y 18, establece límites a las modificaciones que pueden realizar los propietarios y contempla la impugnación de acuerdos comunitarios contrarios a la ley, los estatutos o adoptados con abuso de derecho.
Desde el despacho recomiendan comprobar, antes de instalar un cepo, la situación jurídica de la plaza, las posibles restricciones estatutarias, la ubicación exacta del dispositivo y su incidencia sobre los elementos comunes.
Si la comunidad ya ha acordado exigir su retirada, también resulta importante revisar los motivos de esa decisión y las circunstancias en las que fue adoptada.
La conclusión es que ni el propietario tiene libertad absoluta para instalar estos dispositivos ni la comunidad puede exigir su retirada de forma arbitraria. Cada situación exige valorar las condiciones de la instalación y los derechos afectados.
