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El constante incremento de los fraudes cibernéticos mediante la suplantación de identidad ha situado a los usuarios de la banca electrónica en una posición de extrema vulnerabilidad. Hasta la fecha, tras ser víctimas de un engaño por phishing, los afectados chocaban de manera reiterada con la negativa de las entidades financieras, que rehusaban restituir los fondos robados alegando una supuesta negligencia grave del titular al haber facilitado sus credenciales. Sin embargo, un nuevo marco doctrinal fijado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su resolución de 15 de octubre de 2026 transforma las reglas del juego a favor del consumidor. Así se analiza en el blog de Vilches Abogados, destacando que el banco tiene la obligación de reintegrar el dinero sustraído de forma inmediata sin poder paralizar el abono basándose en su propia valoración sobre la imprudencia del cliente.

El fallo del alto tribunal europeo aborda el supuesto de una usuaria que, tras poner un artículo a la venta en una plataforma de internet, accedió a una página web falsa que imitaba la de su banco mediante un enlace fraudulento enviado por un presunto comprador. Tras introducir sus claves, los estafadores ejecutaron una transferencia de 700 euros. A pesar de notificar el incidente al día siguiente, la entidad bancaria rechazó asumir las pérdidas argumentando que la afectada no había custodiado adecuadamente sus datos de acceso.

La decisión del TJUE desautoriza de forma contundente la práctica habitual de las entidades. En el bufete de letrados Vilches Abogados destacan cómo el tribunal europeo deslinda el reembolso inmediato del debate posterior sobre las responsabilidades: "La respuesta fue clara: no puede rechazar el reembolso inmediato por ese motivo. El Tribunal distingue dos cuestiones que no deben confundirse. Una es la obligación del banco de devolver el dinero de una operación no autorizada y otra, diferente, es determinar quién debe asumir finalmente las pérdidas".

Esta doctrina conecta directamente con el Real Decreto-ley 19/2018 de servicios de pago, cuya normativa exige al banco restituir el importe de la operación no autorizada inmediatamente y, a más tardar, al cierre del siguiente día hábil a su notificación. La única salvedad legal para frenar este desembolso exige que la entidad cuente con motivos razonables para sospechar un fraude cometido por el propio cliente y lo comunique por escrito a la autoridad competente.

En este sentido, el hecho de que un usuario caiga en un engaño e introduzca sus claves en una web clonada no capacita a la entidad para presuponer que la operación contó con autorización. A este respecto, desde Vilches Abogados aclaran que la entrega involuntaria de credenciales no equivale a dar un consentimiento válido para la transacción: "Haber introducido las claves bancarias en una página falsa no significa, por sí solo, que el cliente haya autorizado las transferencias que realice después el estafador. Para valorar el caso, es necesario analizar cómo se produjo el fraude, qué operación se realizó y si el titular de la cuenta dio realmente su consentimiento".

En el supuesto de que el banco considere posteriormente que la víctima incurrió en una conducta negligente o fraudulenta, le corresponderá a la propia entidad iniciar las acciones legales pertinentes y probar fehacientemente dicha infracción para reclamar el importe. Esta delimitación procesal evita la indefensión del consumidor y habilita a miles de afectados a reabrir sus reclamaciones anteriores.

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