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En el ámbito del derecho de familia, las rupturas de pareja o las desavenencias graves entre padres e hijos adultos suelen tener como daños colaterales a los abuelos, quienes ven interrumpido de forma súbita el contacto con sus nietos. Aunque desempeñan una función esencial de apoyo en la crianza diaria y aportan estabilidad emocional en momentos de crisis, muchos progenitores optan por cortar unilateralmente esa relación tras un desencuentro. Sin embargo, el ordenamiento jurídico español ampara expresamente el vínculo intergeneracional e impide que los menores sean utilizados como moneda de cambio en disputas de adultos. Así lo analiza Carolina Torremocha en su blog, detallando las vías procesales que permiten a los abuelos solicitar judicialmente un calendario de estancias cuando se les niega el acceso a los niños sin motivo justificado.

El respaldo normativo de esta prerrogativa se sustenta en los artículos 94 y 160.2 del Código Civil, reformados por la Ley 42/2003, que blindan las relaciones personales de los menores con sus abuelos, hermanos y otros parientes o allegados frente a prohibiciones arbitrarias. La legislación parte de la premisa de que los abuelos representan un pilar de solidaridad familiar ajeno a los conflictos conyugales, cuya presencia resulta altamente beneficiosa para el desarrollo afectivo de los menores.

Desde su despacho especializado en derecho de familia en Valencia, la letrada Carolina Torremocha subraya cómo las crisis matrimoniales o familiares acaban cercenando un vínculo cotidiano que hasta ese momento resultaba imprescindible: "Los abuelos (suegros para alguna de las partes) son víctimas del conflicto entre los progenitores y se les acaba limitando el derecho de ver a sus nietos, aunque prácticamente los hayan criado o tengan con ellos una relación muy estrecha".

Ante la negativa persistente de los progenitores a facilitar el contacto, los abuelos están legitimados para interponer una demanda judicial en reclamación de un régimen de comunicación y visitas. En la resolución de estos procedimientos, el juez no actúa de forma automática, sino que examina pormenorizadamente circunstancias como el grado de apego previo entre abuelos y nietos, la edad del menor, la distancia geográfica entre los domicilios y si el niño está acostumbrado a pernoctar fuera de su hogar habitual.

Para acreditar la solidez de ese lazo afectivo ante el juzgado, resulta habitual practicar pruebas específicas en función de la edad de los menores, tales como la exploración judicial cuando tienen doce años o más, o la emisión de un informe por parte del Equipo Psicosocial cuando son menores de dicha edad.

A este respecto, en el despacho de Carolina Torremocha Barreda enfatizan cuál es el principio rector que guía siempre la decisión del órgano judicial por encima de las tensiones entre los adultos: "La decisión del juez debe ponderar que esa relación se establece en interés del menor. Más allá de las desavenencias entre los padres, o respecto de los abuelos, se valora si retomar la relación con los abuelos es beneficioso para los nietos".

De este modo, salvo que quede acreditada una justa causa que desaconseje el contacto por resultar perjudicial para el niño, los tribunales dictarán sentencia fijando un calendario de visitas adaptado a cada realidad familiar y compatible, en casos de divorcio, con el tiempo asignado al progenitor no custodio.

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