Francisco Trujillo Pons. Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Jaume I. Of Counsel de ECIJA Advisory
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana confirma la nulidad del despido de una trabajadora de Mercadona. El seguimiento de un detective no acreditó que simulara su ansiedad ni que las actividades observadas perjudicaran su recuperación
Un detective graba a una trabajadora tomando cervezas mientras está de baja por ansiedad. La empresa considera que esas imágenes justifican su despido. Sin embargo, entre lo que muestra una grabación y lo que permite demostrar sobre una enfermedad puede haber una distancia considerable. En este caso, Mercadona no consiguió acreditar que la empleada estuviera fingiendo ni que su conducta retrasara la recuperación.
El TSJ de la Comunidad Valenciana, en su reciente sentencia de 7 de octubre de 2026 (ECLI:ES:TSJCV:2026:4335, recurso 957/2026), confirma la nulidad del despido. Mantiene la readmisión, los salarios de tramitación y una indemnización de 7.501 euros por daños morales, además de 1.158,12 euros por vacaciones pendientes.
La trabajadora, identificada como Adelina (nombre ficticio), prestaba servicios como gerente A en Mercadona. Desde marzo de 2024 estaba en situación de incapacidad temporal por un trastorno de ansiedad, con seguimiento de la sanidad pública. Durante la baja atendió las llamadas y acudió a las citas del médico de empresa, que elaboró un informe comparando su duración con el tiempo estándar de curación.
La investigación comenzó tras una comunicación de posible fraude realizada por su coordinadora. No constaba el fundamento de esa sospecha. Mercadona contrató entonces a un detective, que siguió a la trabajadora durante dos días.
El primero permaneció en casa. El segundo acudió a una cafetería con una amiga y después estuvo viendo un desfile con otras personas. Durante esa salida consumió varias cervezas, algunas de las cuales se acreditó que contenían alcohol.
La empresa la despidió por simulación de enfermedad y por realizar actividades perjudiciales para su recuperación. Alegó que el consumo de alcohol estaba contraindicado con su tratamiento farmacológico. Esa acusación encontró un problema probatorio: no constaba la prescripción de medicamentos en la que se apoyaba.
Tampoco se demostró que acudir a la cafetería o ver el desfile hubiera retrasado su curación. Las imágenes no acreditaban que hubiera recuperado la capacidad necesaria para desempeñar su trabajo.
La distinción importa especialmente cuando la baja responde a un problema de salud mental. Poder mantener una conversación, salir de casa o compartir un rato con otras personas no permite concluir, por sí mismo, que alguien esté en condiciones de reincorporarse a su puesto. La compatibilidad de una actividad con la incapacidad temporal depende de la patología y de sus efectos sobre la recuperación.
Eso tampoco significa que cualquier comportamiento durante una baja resulte admisible. Una conducta puede justificar una sanción si demuestra que la enfermedad es simulada o si perjudica la curación con la gravedad exigible para el despido. Pero esa relación debe probarse. La apariencia de normalidad que ofrece una salida social no sustituye esa prueba.
La duración de la baja fue otro de los argumentos examinados. El informe del médico de empresa la comparaba con los tiempos estándar del manual del Instituto Nacional de la Seguridad Social. La Sala no considera determinante que se hubiera superado esa referencia. La valoración del facultativo del servicio público de salud sobre la situación de la trabajadora seguía siendo relevante.
Un tiempo estándar orienta sobre la duración de un proceso. Por sí solo, no acredita que una persona concreta ya pueda trabajar ni que esté prolongando fraudulentamente su baja. Para sostener esa acusación hacía falta algo más que comparar el calendario con una previsión general.
El Juzgado de lo Social número 1 de Alicante declaró el despido nulo por discriminación. Mercadona recurrió y defendió su procedencia. De forma subsidiaria, solicitó que se declarara improcedente, argumentando que había despedido a la empleada por su conducta y no por estar enferma.
Esa petición obligaba a resolver una cuestión distinta de la gravedad de los hechos. Un despido sin causa suficientemente acreditada puede ser improcedente. Para apreciar la nulidad por discriminación debe examinarse, además, su conexión con una circunstancia protegida, en este caso la enfermedad.
La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad, incluye la enfermedad y la condición de salud entre las causas protegidas frente a la discriminación. También establece que, cuando se aportan indicios fundados de trato discriminatorio, corresponde a la parte demandada justificar de forma objetiva y razonable, con prueba suficiente, la medida adoptada y su proporcionalidad.
En este asunto, la Sala aprecia indicios de conexión entre el despido y la enfermedad. La empresa no logró desvirtuarlos mediante una justificación suficientemente probada. La conducta imputada tenía escasa entidad y no revelaba que la trabajadora hubiera recuperado la salud ni que las actividades observadas pudieran, por sí solas, interferir en su recuperación.
La nulidad, por tanto, no deriva automáticamente de que Adelina estuviera de baja cuando fue despedida. Responde a los indicios apreciados y a la falta de una explicación empresarial capaz de descartar la discriminación. Ese razonamiento explica que el Tribunal rechazara también la petición subsidiaria de improcedencia.
La Sala desestima el recurso, confirma íntegramente la sentencia e impone a Mercadona 600 euros de costas.
En virtud de lo expuesto y desde el asesoramiento laboral, el caso obliga a precisar qué demuestra realmente una investigación antes de utilizarla para despedir. Un detective privado puede acreditar dónde estuvo una persona y qué hizo durante unas horas. Afirmar que fingía una enfermedad o que estaba perjudicando su recuperación exige una valoración adicional que tenga respaldo probatorio. Aquí, las cervezas quedaron acreditadas; el fraude que la empresa les atribuyó, no.