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  • El Congreso de España ha aprobado hoy, 9 de febrero de 2023, dos reformas legislativas que suponen una menor protección de los animales: la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal y la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales.
  • Los retrocesos son muy preocupantes. La opinión de los operadores jurídicos expertos en esta materia es que, con el voto favorable de su cámara alta, España ha dado hoy importantes pasos atrás en la protección de los animales, que no será fácil revertir.

Según esta reforma del Código Penal, conductas crueles hacia los animales que ya estaban penalizadas desde 2015 dejarán ahora de ser delito, o se castigarán con simples multas. Esto significa que, en la práctica, más agresiones quedarán impunes o recibirán penas irrisorias.

Multa en lugar de cárcel y otros pasos atrás: el país retrocede en su respuesta al maltrato animal

Por un lado, se ha aprobado que el maltrato animal pueda ser castigado con una multa en lugar de con la cárcel. Con ello se deja la opción de que graves conductas de crueldad e incluso de tortura de animales, sean penadas con una sanción económica. Esta es una posibilidad que no existía hasta ahora y que supone un grave retroceso y un recorte en la respuesta del estado español contra el maltrato animal. Lo aprobado hoy en el Congreso supone también una ruptura con la corriente de otras leyes en Europa que introducen la multa como una pena adicional, pero no alternativa. "Esto afectará muy negativamente al efecto disuasorio de las penas, así como al trabajo en defensa de los animales ante los tribunales", alertan desde colectivos de operadores jurídicos.

Además, se ha aprobado que la explotación sexual de animales, que es delito en España desde 2015, deje de ser castigada. Actos de abusos sexuales a animales, de participación en zoopornografía y otros, conductas muy dañinas y peligrosas, quedarán impunes.

El Congreso también ha ignorado las peticiones de juristas y expertos sobre modificaciones del Código Penal que son esenciales para proteger a los animales. Robar animales, amenazar a alguien con matar a su animal de compañía… dejarían de ser delitos.

Por otro lado, el Congreso ha votado en la misma sesión plenaria una ley de protección de los animales para todo el estado, de la que han excluido a perros y otros animales utilizados para la caza y muchas otras actividades (como por ejemplo pastoreo, deporte, terapias asistidas, policía y ejército, entre otras). Se trata de la primera ley de protección animal en España que deja fuera a estos animales, precisamente los que más protección y control necesitan por parte de los poderes públicos. Esta exclusión es un nefasto precedente, que avala que estos animales comiencen a ser sistemáticamente excluidos de las leyes de protección animal en este país.

Así, mientras otros países europeos van avanzando en materia de protección animal en el ámbito legal, España vuelve a ser noticia al aprobar reformas que dan pasos atrás en su protección.

INTERcids, operadores jurídicos por los animales, que reúne a profesionales del derecho y la justicia de toda España, y las asociaciones de abogados especializados en Derecho de los Animales AVADA (Abogados Valencianos en Defensa Animal); DAP (Defensa Animal Profesional); ABADA (Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales); PROTA (Asociación Canaria de Abogados Pro Defensa de los Animales); AADA (Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales), DAMAC Juristas (Asociación de Juristas de Córdoba por la Defensa Animal y el Medio Ambiente), Red CABAMA (Red Canaria de Abogados por el Bienestar Animal y su Medio Ambiente) y AGMADA (Asociación de Abogados Granadinos por el Medio Ambiente y los Derechos de los Animales) expresan su más profunda decepción con los retrocesos aprobados hoy en el Congreso, así como una grave preocupación por las dificultades que esto supondrá en el día a día de la defensa jurídica de los animales, y urgen al Senado a aprobar todas las enmiendas necesarias para revertir la situación y evitar las negativas consecuencias que se derivarían de ambos proyectos legislativos si sus textos no son enmendados.




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