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La expropiación forzosa no solo afecta a viviendas particulares o terrenos rústicos. Cada vez más, empresas, naves industriales, negocios familiares y pymes se ven afectadas por decisiones administrativas que declaran de utilidad pública sus terrenos o instalaciones. Cuando esto ocurre, la Administración tiene la obligación de pagar un justiprecio adecuado, pero no siempre cumple correctamente con esta parte.

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