- El informe ‘Desenredar España’, elaborado por el Instituto Juan de Mariana y CEU-CEFAS, analiza 243 normas con rango de ley aprobadas desde 2018 y sostiene que un 84% requieren derogación o reforma profunda
El estudio plantea una agenda de desregulación basada en inteligencia artificial y revisión experta capaz de medir carga regulatoria, complejidad y sesgo ideológico, y de generar propuestas normativas alternativas listas para su tramitación.
Uno de los problemas más graves que enfrenta España es la acumulación de un sinfín de cargas regulatorias y burocráticas que han sumido al país en un marco político y económico marcadamente intervencionista. El problema de la hipertrofia normativa viene de lejos. Según el Banco de España, entre 1978 y 2021 se aprobaron un total de 411.804 normas.
En 2022, esta cifra se incrementó en otras 11.775 regulaciones. Este dato significa que cada día se aprueban más de 30 disposiciones legislativas, a un ritmo de un nuevo desarrollo normativo cada 45 minutos .
Si procediésemos a imprimir y apilar todo el acervo regulatorio desarrollado en nuestro país desde la Transición hasta nuestros días, encontraríamos que la torre de papel resultante tendría la altura de un rascacielos, superando holgadamente las dimensiones de la Gran Pirámide de Egipto, la Torre Eiffel de París, el Empire State Building de Nueva York y otros edificios emblemáticos.
Las instituciones europeas se han pronunciado acerca de esta cuestión, recalcando que la reducción de las cargas regulatorias es una prioridad para relanzar las economías del Viejo Continente .
En clave doméstica, algunas regiones, como Madrid, han tomado pasos audaces para revertir la asfixia normativa. Sin embargo, el tono de la política regulatoria estatal que ha venido siguiendo el gobierno de Pedro Sánchez ha estado marcado por un fortísimo refuerzo del intervencionismo.
Un coste asociado elevado
Durante la presentación se puso en valor la necesidad de afrontar el problema estructural de hipertrofia normativa, que ya tiene efectos económicos cuantificables: más de 90.000 millones de euros anuales en costes asociados a cargas administrativas, cumplimiento regulatorio, litigiosidad e inseguridad jurídica. Asimismo, el tsunami regulatorio incide negativamente sobre la esfera de libertad de las familias, recortando el margen de autonomía personal de los ciudadanos e introduciendo al poder político en todo tipo de aspectos de sus vidas particulares.
Asimismo, se explicó que la auditoría examina 243 leyes orgánicas, leyes ordinarias, reales decretos-ley y reales decretos legislativos aprobados desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. El resultado es contundente: 204 normas —el 84 % del total— serían susceptibles de derogación total o reforma profunda por su carácter innecesariamente intervencionista, sus deficiencias técnicas o su débil justificación funcional.
El acto comenzó con unas palabras del director de CEU CEFAS, Elio A. Gallego, quien subrayó la fecundidad de la unión entre distintas organizaciones de la sociedad civil que ponen sus recursos al servicio de la sociedad. Asimismo, ha explicado que la figura del Estado surgió como respuesta a una necesidad, pero que la dirección que ha tomado conduce a una asfixia de España y que «amenaza con hacer invivible la vida de las personas y los grupos sociales».
Seguidamente, intervino el director del Instituto Juan de Mariana, Manuel Llamas, quien explicó que la necesidad de desregular España tiene también un objetivo económico. En este sentido, señaló que la renta per cápita del país está estancada desde hace muchos años y que se ha producido una grave pérdida de poder adquisitivo. La desregulación de España supondría «asegurar a los españoles una libertad económica, seguridad jurídica e impuestos razonables», ha indicado.
Asimismo, tomó la palabra el coordinador de Derecho y Libertad, Emilio Esteban-Hanza, quien recalcó que las pretensiones de este documento no son una consigna política, «sino que se trata del resultado de un trabajo sistemático que quiere paliar la hipertrofia normativa». Posteriormente, comentó el director de Relaciones Institucionales del Instituto Juan de Mariana, Rasheed Griffith, quien ha explicado a los asistentes el mecanismo del sistema de inteligencia artificial utilizado: «Hemos construido un software para analizar normas jurídicas y poder ofrecer una reforma óptima», ha subrayado.
Finalmente, cerro el evento el coordinador de estudios del Instituto Juan de Mariana, Diego Sánchez de la Cruz, quien explicó cuál ha sido el resultado del trabajo, poniendo de relieve que el 84 % de las normas serían susceptibles de cambios leves o profundos. En este sentido, ha subrayado que el objetivo que les reúne es la desregulación de España: «Debemos desasfixiar España. Este es el reto que tenemos delante», ha concluido.
Diego Sanchez de la Cruz en su intervención comentó que “ el objetivo que les reúne es la desregulación de España: «Debemos desasfixiar España. Este es el reto que tenemos delante” FOTOS CEU-CEFAS
Más de 30 normas al día
El informe sitúa esta revisión en un contexto de acumulación normativa sostenida. Entre 1978 y 2021 se aprobaron en España 411.804 normas, a las que se sumaron otras 11.775 en 2022, consolidando un ritmo superior a 30 disposiciones diarias, lo que equivale a una nueva regulación cada 45 minutos. Según el informe, esta acumulación ha incrementado la complejidad jurídica y ampliado la discrecionalidad administrativa.
El informe clasifica las 243 normas analizadas en cinco grandes bloques de intervención, con el objetivo de articular una estrategia jurídicamente segura y ordenada:
- Bloque 1 (23 %): leyes susceptibles de derogación íntegra al no estar vinculadas a mandatos europeos. Entre ellas se menciona la Ley de Memoria Democrática (2022), señalada por su extensión (más de 31.600 palabras), creación de nuevos órganos burocráticos y régimen sancionador que afecta al ámbito de la libertad de expresión, sin resolver problemas materiales de convivencia.
- Bloque 2 (16 %): normas cuya modificación requeriría negociación previa con Bruselas por estar asociadas a compromisos del Plan de Recuperación y fondos Next Generation EU. Destaca la reforma del sistema de cotización de autónomos por ingresos reales (RDL 13/2022), que habría incrementado la complejidad administrativa y la presión fiscal efectiva, en un contexto donde el déficit contributivo de la Seguridad Social supera los 55.000 millones de euros.
- Bloque 3 (13 %): regulaciones afectadas por problemas de “gold-plating”, es decir, transposiciones sobredimensionadas de directivas europeas por el legislador nacional. El informe compara el caso español con Estonia y cita la LOPD como ejemplo de transposición sobredimensionada que añade obligaciones adicionales sin beneficios proporcionales.
- Bloque 4 (48 %): leyes que requieren reformas profundas por su diseño excesivamente rígido o intervencionista. Se incluyen medidas como la eliminación del despido por absentismo (Ley 1/2020), asociada a un aumento del absentismo del 53 % y a un coste agregado estimado cercano a 130.000 millones. También se menciona la denominada Tasa Google (Ley 4/2020), cuya recaudación (375 millones) quedó muy por debajo de los 1.000 millones previstos.
- Bloque 5 (16 %): normas cuya revisión no se considera prioritaria a corto plazo.
Visualización del problema: cuatro torres de folios
Durante la presentación del informe, esta clasificación se tradujo en una visualización física del problema mediante cuatro torres de folios, que reflejan el tamaño real de la regulación acumulada y el tipo de intervención necesaria en cada caso:
- Una primera torre, de 1.038 folios, representa las leyes susceptibles de derogación íntegra.
- La segunda, con 1.398 folios, agrupa las normas cuya eliminación exige un canje de hitos con Bruselas.
La tercera, de 1.995 folios, recoge las regulaciones afectadas por problemas de “gold-plating” y una cuarta y mayor torre, con 2.902 folios, simboliza las leyes que deben ser reformadas en profundidad.
Según nos comentaron para desarrollar esta auditoría, el informe incorpora la herramienta tecnológica SPAIN-DESREG, desarrollada por Foro Regulación Inteligente. Esta plataforma integra técnicas de big data e inteligencia artificial para analizar más de 649.000 desarrollos normativos.
Las simulaciones realizadas muestran que sería posible lograr reducciones del 90% al 95% en extensión normativa en determinados ámbitos y descensos superiores al 50% en carga regulatoria, manteniendo coherencia jurídica y evitando vacíos legales. El sistema genera además propuestas normativas alternativas listas para su tramitación.
‘Desenredar España’ concluye que la sobrerregulación constituye un problema económico y político de primer orden, con efectos directos sobre empleo, vivienda, inversión y competitividad. El estudio propone convertir la desregulación en una política pública estructural basada en inventario, metodología y evaluación tecnológica rigurosa.
