- Se priorizará el silencio administrativo positivo en beneficio de los ciudadanos. También reducirá los plazos de tramitación, se reforzará la seguridad jurídica y se seguirá avanzando en la simplificación administrativa
La Comunidad de Madrid va a revolucionar el actual sistema normativo con cambios pioneros que permitirán actualizar las leyes autonómicas de manera periódica, introduciendo fecha de caducidad en algunas y revisándolas cada cuatro años. Se trata de un compromiso de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en su programa electoral con el fin de avanzar siempre hacia una Administración eficaz, segura y orientada al ciudadano.
El Consejo de Gobierno estudió este miércoles el proyecto de decreto que regulará esta iniciativa, cuya aprobación está prevista para el primer semestre del año, y que establece la obligatoriedad de llevar a cabo, al menos, una evaluación ex post de la normativa antes de que transcurran cuatro años desde la entrada en vigor de cada disposición, salvo en aquellos casos con rango de ley que establezcan otro plazo.
También se establecerá fecha de caducidad en las leyes autonómicas de carácter organizativo, es decir, las que se encargan de regular la Administración o entidad pública de manera interna -estructura, funciones, competencias, órganos o procedimientos, entre otros-. No desarrollan sustantivamente materias jurídicas generales, sino que se limitan a explicar la manera de actuar y cómo se distribuyen los servicios.
El procedimiento de evaluación de la normativa incluye una fase de consulta pública para fomentar la participación de los ciudadanos y las empresas, y concluirá con un informe elaborado por la consejería competente. Asimismo, establece la pérdida de vigencia de las disposiciones reglamentarias de carácter organizativo (con excepción de los decretos de estructura orgánica), así como de aquellas que regulen la organización y el funcionamiento de los órganos colegiados, transcurrido los cinco años desde su entrada en vigor, salvo que como resultado de la evaluación ex post, se estime necesario mantenerlas.
Con este tipo de cambios, el Gobierno podrá verificar si las medidas adoptadas han alcanzado los objetivos previstos o si resulta necesario ajustarlas al contexto actual.
La medida incorpora, además, un procedimiento abreviado para determinadas leyes que, por su simplicidad, así lo permitan, siempre que hayan superado todos los controles y consultas pertinentes. Este mecanismo será equivalente, en el ámbito de la Administración, a la tramitación en la Asamblea de los proyectos y proposiciones de ley en lectura única, y permitirá una reducción sustancial en los plazos de gestión.
Jose Maria Torres, como empresario y presidente de una patronal, ve necesario esa simplificación normativa (Imagen CONPYMES)
Impulsar la actividad económica
La Comunidad de Madrid continuará avanzando en la reducción del exceso de regulación con el fin de impulsar la actividad económica, atraer inversiones y talento, y facilitar la vida a los ciudadanos. El principal objetivo de esta iniciativa es simplificar y modernizar el marco normativo existente, eliminar cargas burocráticas y reforzar la seguridad jurídica tanto para los madrileños como para empresas y e inversores.
Las primeras reacciones ven positiva esta iniciativa. Jose Maria Torres, presidente de CONPYMES, a punto de marcharse a China durante unos días para cerrar una serie de acuerdos con empresarios de aquel país asiático señalaba que “de lo que se trata es de avanzar hacia una Administración más eficaz, segura y orientada al ciudadano, creo que es una buena iniciativa.”
Desde su punto de vista “es fundamental ir avanzando en la reducción del exceso de regulación que tenemos en España y Europa. Esto tendría como consecuencia que se impulsaría la actividad económica, se atraerían inversiones y se facilitaría enormemente la vida a los ciudadanos”. A este respecto hay recordar toda la burocracia que tienen que implementar los autónomos a lo largo de todo un año, en cuanto a declaraciones y otros trámites
Para Torres “ el que se quieran implementar procedimientos de evaluación de las normativas con consulta pública a los ciudadanos y las empresas, ayudaría a simplificar y modernizar el marco normativo existente, eliminando cargas burocráticas. Si se hace bien está claro que también reforzaría la seguridad jurídica tanto para los madrileños como para empresas e inversores. Por lo tanto, iniciativas de este tipo son totalmente necesarias”.
Alberto Dorrego subraya que esta iniciativa de la CAM se enmarca dentro del principio Better Regulation que impulsa la UE “No pueden hacerse leyes buscando un titular” (Imagen ICAM)
Apostar por la buena legislación
Para Alberto Dorrego, socio responsable del área de derecho público de Eversheds Sutherland y presidente de la sección de derecho administrativo del ICAM, “se trata de analizar la necesidad de la norma; cuáles son todos los impactos que genera; cuáles son las alternativas regulatorias que hay en la materia, cuáles son las cargas nuevas que introduce para las empresas y ciudadanos con la nueva regulación, y si no se podrían alcanzar los mismos objetivos con mecanismos menos invasivos o gravosos. Ese es el principio de better regulation que antes le citaba. Son los principios de buena legislación. Esto se hace a nivel estatal, lo que se incorpora ahora la Comunidad de Madrid es un cosa que se hace mucho meses, que es la evaluación expost de las normas y que realmente es novedoso”.
Sobre esta cuestión señala que “pasado un tiempo de la aprobación de la norma, cualquiera de ellas, tanto norma reglamentaria como disposición legal, hay que evaluar si la norma ha cumplido con los objetivos de la norma. Y eso es fundamental porque realmente no se suele hacer. Se trata de saber en el medio plazo si esa norma cumplió con los plazos para los que fue promovida. Este es un tema importante en el que se debería incidir. Con ello se puede saber la utilidad de la norma y si necesita algún cambio legislativo y obligaría a las administraciones a replantearse su estrategia normativa en la materia. Al final con esta propuesta se evita que las leyes o disposiciones normativas sean herramientas de propaganda. Deben tener unos objetivos, claros y que sean evaluables en el futuro, esa es la idea principal”.
En su opinión “hay que evitar que se aprueben normas para lograr un titular de prensa o un efecto directo en l opinión pública. Una vez conseguido la norma no se vuelve a utilizar y no se evalúa realmente si valió para algo. La iniciativa de la CAM también plantea que se produzcan normas con una duración determinada o plazo de caducidad. Un ámbito en el que debería ser siempre así es el de los decretos leyes, donde solo en algunos países se hace así. Creo que debería estar prohibido que los decretos leyes tuvieran vigencia indefinida, al igual que otras normas de carácter organizativo. Se trataría de utilizarlos menos y emplear el procedimiento legislativo ordinario porque los decretos leyes son para situaciones de emergencia aunque ahora se utilicen de manera generalizada. Esperemos que la CAM siga estas nuevas tesis”.
Desde su punto de vista “se hacen muchos informes exente de la norma, en cuanto a su impacto normativo aunque no se hace de manera rigurosa y podría mejorarse qué duda cabe. Son informes de poca calidad jurídica que a veces se centran en obviedades y que no aportan ningún valor. Lo que no hacen es la evaluación expost que eso sería importante. Los informes que hemos conocido algunos meses en la UE, informe Letta e informe Draghi han puesto mucho el acento en que hay que llevar a cabo en Europa un proceso de simplificación normativa porque cada norma que se introduce añade cargas burocráticas a las empresas y más dificultades. El objetivo generalizado debe ser tener mejores lees y que no graven tanto a empresas ciudadanos como hasta ahora, tanto a nivel de la UE, como del resto de administraciones de nuestro país”.
Alberto Palomar destaca que “lo que es importante es saber que normas hay que mantenerlas porque están funcionando y cuáles otras no funcionan demasiado bien y requieren de modificaciones” (Foto Broseta)
Los cambios legislativos son necesarios
Por su parte, Alberto Palomar, socio del área de público de Broseta, cree que será interesante vere cómo queda esta iniciativa de mejora legislativa que plantea la presidenta Ayuso, que puede ayudar bastante a entender el entramado normativo que en nuestro país es bastante complejo. “Es una buen idea. Todo lo que sea analizar la parte burocrática de las instituciones para aligerarla hay que estar de acuerdo. Creo que hacerlo por decreto limita bastante porque se habla de intentar volver al silencio administrativo positivo para el administrado. Esa es una obligación legal que ya deberían haber cumplido hace tiempo y que por tanto no debería tener tanta importancia. La propia CAM los silencios administrativos los tiene establecidos por ley. Este decreto lo que hará será identificar aquellos que pueden cambiar de sentido. Habrá que ver cómo queda al final”.
En su opinión “la iniciativa habla de las pérdidas de vigencia de las normas, hay que verlo sobre la marcha. Es otra buena iniciativa pero lo que no sabemos es cuánto de lo que se planea se puede hacer por un decreto. La caducidad de las leyes tiene que venir marcada por cada norma, No la puede marcar el decreto. El decreto sirve como auditoria para controlar que aquello que se publica ya no tiene sentido. En el caso que exista una ley, por ejemplo que regule la enseñanza privada en la Comunidad de Madrid, no te dura cuatro años, te dura hasta que la derogues y se apruebe otra posterior. La iniciativa esta bien enfocada, por fin encontramos alguien que se preocupe de mejorar la administración y su relación con los administrados. Lo que hay que ver es como se articula”.
Sobre la evaluación legislativa, Palomar recuerda que es otra buena idea “no podemos olvidar que para la administración del Estado esta en la Ley de Evaluación de Políticas Públicas. Muchos de nosotros pensamos que no se ha hecho mucho en este tipo de evolución. Pocas leyes como aquella La "ley del baremo de tráfico" (Ley 35/2015) se rige por una Comisión de Seguimiento que evalúa su aplicación y propone mejoras, publicando informes y guías de buenas prácticas para armonizar criterios, con el objetivo de proteger mejor a las víctimas, clarificando conceptos y actualizando las valoraciones para los daños personales en accidentes de circulación, como los puntos por secuelas (ej. cervicalgia) y las cuantías diarias por perjuicios temporales. Pero no se ha hecho en otras normativas y eso ayudaría al legislador a conocer realmente la efectividad de estas normas que se aprueban para una posterior modificación”.
Con esta iniciativa cree Alberto Palomar que la Comunidad de Madrid sigue parámetros norteamericanos y nórdicos donde si se hace este tipo de evaluaciones “Son medidas que los expertos en derecho administrativo creemos que son importantes y necesarias. No hay nunca un espíritu crítico que deje claro si determinadas normas tienen sentido o no. Aquí lo que es importante es saber que normas hay que mantenerlas porque están funcionando y cuáles otras no funcionan demasiado bien y requieren de modificaciones. Este autoexamen legislativo es importante donde esta auditoria que se plantea debe ir luego respaldada por los cambios que sean necesarios para actualizar nuestros marcos normativos e impulsar esos análisis. Lo importante es que cunda el ejemplo y tanto la administracion estatal como otras autonómicas trabajen en esa dirección de simplificación normativa”.
