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Manuel Mata. Decano del Colegio de la Abogacía de Castellón y presidente de la Comisión de Deontología del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)

A finales de 2025 se publicó la versión original inglesa de las “Directrices para el uso de sistemas de inteligencia artificial en tribunales y órganos jurisdiccionales”[1] de UNESCO. Como su propio nombre indica, no se trata de una norma adoptada formalmente por los Estados miembros, sino de una publicación institucional de carácter orientativo insertada en el marco de la “Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial” (IA) aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su 41ª reunión, el 23 de noviembre de 2021.

El documento se presenta como “… el primer marco ético y operativo global para garantizar que la IA sirva a la justicia mientras defiende el Estado de Derecho y los derechos fundamentales”; sin que se atribuya un valor normativo vinculante.

Las Directrices articulan quince principios de alcance universal destinados a orientar la adopción, la gobernanza y la supervisión de sistemas de IA en el poder judicial. Su relevancia es, por tanto, esencialmente técnica, ética e interpretativa, ofreciendo un marco útil para valorar la compatibilidad del uso de estas herramientas con las garantías propias del Estado de Derecho.

Me interesa especialmente la exigencia de uso transparente de la IA por parte de los órganos judiciales. Las Directrices recomiendan revelar el empleo de sistemas de IA generativa para redactar textos, tales como sentencias, opiniones u otros documentos que puedan tener consecuencias jurídicas o cuando se empleen explícitamente durante las vistas judiciales.

Asimismo, cuando se incorpore a una decisión judicial texto generado por estas herramientas, las Directrices recomiendan documentar la interacción que condujo al resultado final, incluyendo tanto las instrucciones del usuario como las respuestas del sistema. En función de la extensión y complejidad de la interacción, esa documentación podría incluirse en el cuerpo de la resolución, en una nota al pie o en un anexo.

De esas recomendaciones se desprende un modelo de transparencia reforzada donde no basta con conocer que se ha utilizado una herramienta de IA, sino que resulta relevante identificar para qué se utilizó, qué influencia tuvo en la resolución, qué información se introdujo en el sistema y qué controles humanos se aplicaron sobre el resultado. El documento también contempla medidas para garantizar la posibilidad de oponerse a decisiones tomadas con apoyo o fundamentadas en herramientas de IA, así como la posibilidad de examinar el sistema subyacente, la caja negra, cuando sea necesario para identificar deficiencias que puedan afectar a un caso concreto.

En la misma línea se pronuncian las directrices de la CEPEJ[2], sobre el uso de IA generativa por los tribunales, adoptadas en diciembre de 2025. Estas Directrices indican que los tribunales deben conservar la capacidad de verificar los algoritmos y los datos de entrenamiento mediante procesos de auditoría continuada, documentar el uso de IA cuando intervenga en la adopción de decisiones, preservar una revisión humana efectiva y prever vías de impugnación.

La importancia del soft law

Tanto los textos de UNESCO como los de CEPEJ deben situarse en el ámbito del soft law. No son normas directamente vinculantes, pero expresan un estándar técnico e institucional relevante para interpretar qué cautelas pueden resultar exigibles cuando la IA interviene en la actividad jurisdiccional y puede afectar al derecho de defensa, a la motivación de las resoluciones o al derecho a la tutela judicial efectiva. Todo indica que este tipo de pautas serán, más pronto que tarde, incorporadas a nuestro derecho positivo.

El debate sobre el grado de transparencia que deberán ofrecer las decisiones judiciales respecto del uso de las herramientas de IA está igualmente abierto al otro lado del Atlántico. En octubre de 2025, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado de los Estados Unidos, el senador republicano  Chuck Grassley, requirió explicaciones a dos jueces federales sobre el empleo de IA generativa en la elaboración de órdenes judiciales que contenían errores materiales, de citas y referencias.

La actuación de supervisión se centró en cuestiones relativas al uso de la herramienta, las aplicaciones concretas empleadas, la eventual introducción de información no pública en sistemas de IA, los controles humanos de revisión y verificación, y la preservación de una historia procesal transparente de las resoluciones afectadas. En la carta de 6 de octubre de 2025 dirigida a uno de los jueces requeridos se preguntaba, entre otros extremos, si se habían utilizado herramientas de IA, cuáles habían sido, qué información se había introducido en ellas y qué revisión se había efectuado respecto de las respuestas obtenidas.

Tras las explicaciones recibidas, requirió a la Administrative Office of the U.S. Court la adopción de medidas para prevenir usos indebidos de la IA por parte de jueces y tribunales, así como establecer normas de utilización de estas herramientas. Vale la pena analizar estas actuaciones para entender la dimensión del problema.

En nuestro ámbito, la Audiencia Nacional, en su reciente sentencia 26/2026, de 29 de junio, tuvo que responder a un motivo de recurso formulado por la defensa por una supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE. El recurrente imputaba a la sentencia de instancia una improcedente utilización de la IA y sostenía que ello vulneraba los derechos de su defendido. La Audiencia Nacional concluyó que inferir la utilización de una IA no bastaría para fundamentar la nulidad o vulneración del artículo 24 CE. Para que la alegación pudiera tener trascendencia invalidante, era necesario aportar elementos objetivos que acreditasen efectivamente la utilización de la herramienta, identificar qué garantía procesal concreta se habría lesionado y explicar cómo dicha intervención habría influido materialmente en la decisión o producido indefensión.

La Sala no entra, por tanto, a analizar si el uso de IA por el tribunal de instancia fuera admisible, inocuo o irrelevante. Tampoco en si se utilizó efectivamente una herramienta de IA, ni establece cuáles serían las consecuencias jurídicas de una utilización acreditada. De momento, estas cuestiones quedan jurisdiccionalmente pendientes.

Uso de la IA en la administración de Justicia

La Administración de Justicia avanza con prudencia en la implementación de las herramientas de IA generativa y en la determinación del alcance real que éstas puedan tener en la función jurisdiccional. La centralidad de esa función en un Estado de Derecho impide delegar el juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en herramientas que pueden reproducir sesgos, producir errores o funcionar mediante procesos insuficientemente transparentes.

Sin embargo, esta prudencia convive con el inmenso potencial que las herramientas tienen para facilitar tareas en un contexto de sobrecarga estructural y coste creciente de la Administración de Justicia para el erario público. A medida que se vayan utilizando, tanto la Administración Pública como la propia Administración de Justicia, asumirán que es inevitable una presencia cada vez mayor de la herramienta.

El debate se desplazará entonces, como apuntan UNESCO y CEPEJ, a las cautelas que deberán establecerse para regir la interacción de los jueces, tribunales y herramientas de IA.

Si una herramienta externa, potencialmente opaca y no humana, interviene de forma relevante en la elaboración de una resolución, como antes o después ocurrirá, resulta razonable que exista una trazabilidad suficiente para comprobar qué papel desempeñó, qué información recibió, qué resultado produjo y qué revisión judicial humana se realizó.

En ese escenario, los abogados podremos sostener, en defensa de los intereses de nuestros clientes, la necesidad de que se identifique y preserve la interacción relevante entre el órgano judicial y la herramienta de IA. No como consecuencia automática de cualquier empleo tecnológico, sino cuando existan indicios objetivos de que el sistema pudo haber incidido de forma significativa en la decisión y sea necesario controlar la motivación, la regularidad del procedimiento, la igualdad de armas, el derecho de defensa o la tutela judicial efectiva.

El planteamiento puede resultar disruptivo, tal vez incómodo, en una tradición procesal que preserva la reserva de las deliberaciones judiciales, especialmente en los órganos colegiados. Pero la expansión de herramientas de IA en la función jurisdiccional obliga a distinguir entre la esfera reservada de decisión humana y la exigencia de que no exista una intervención tecnológica decisoria, o materialmente influyente, que permanezca inmune a toda comprobación. La IA no deja de ser un sistema de algoritmos sofisticados creados, programados y entrenados por ingenieros de software y científicos de datos. Si la IA ha contribuido de manera relevante a la adopción de una resolución judicial, la transparencia, la trazabilidad y el control humano efectivo dejan de ser una cuestión meramente técnica, pasando a ser garantías potencialmente conectadas con el derecho a un proceso con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva.

 

[1] Su versión española: Directrices para el uso de sistemas de inteligencia artificial en tribunales y órganos jurisdiccionales, París, UNESCO, 2026, ISBN 978-92-3-300274-6, DOI: 10.58338/UKER1775. Edición española de Guidelines for the Use of AI Systems in Courts and Tribunals, UNESCO, 2025.

[2]CEPEJ: European Commission for the Efficiency of Justice.