Los colegios y las organizaciones de la abogacía tienen que permanecer vigilantes y trabajar con fuerza en la defensa de la democracia, el estado de derecho y los principios constitucionales, frente a los desafíos que plantean nuevas realidades, como las derivadas de la implantación de las nuevas tecnologías, el cambio climático, guerras o los fenómenos migratorios.

Esa es, a juicio de Carlos Andreucci, presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), una de las conclusiones más significativas del Congreso que su organización ha celebrado en la sede del M.I. Colegio de Abogados de Pamplona en colaboración con el Consejo General de la Abogacía Española. Andreucci, tras agradecer la hospitalidad del MICAP y agradecer el trato recibido por parte de la Junta de Gobierno encabezada por la decana Blanca Ramos y de todo el personal de la institución, ha calificado de “magnífico” el desarrollo del XXIV Congreso de la UIBA, tanto por el interés y actualidad de los temas abordados como por la calidad y diversidad de las intervenciones de los ponentes.

“Hemos tenido un reflejo fiel y cierto de lo que está ocurriendo sobre los asuntos que tratamos los abogados, como la gobernanza y estabilidad de las democracias iberoamericanas, el tema migratorio, el acceso a la justicia, abuso y violencia contra las mujeres y el menor o el arbitraje como solución al colapso judicial”. También ha destacado el análisis de la incidencia de tecnología no solo en el ejercicio de la profesión sino también en una ciudadanía cuya privacidad “queda expuesta y a merced de los intereses de los gobiernos y de las empresas”. Andreucci también ha aludido al debate mantenido sobre consecuencias de algunas decisiones adoptadas por los gobernantes en el marco de la pandemia “que, bajo el ropaje de la seguridad, han hecho que las personas les hayamos entregado nuestras libertades”, y a los campos que se abren en torno al cambio climático o la regulación de las nuevas fuentes energéticas.

El presidente de la UIBA ha recalcado que su valoración de los resultados del congreso es muy positiva, porque ha servido para ratificar el respaldo y acompañamiento de las organizaciones colegiales a los profesionales de la abogacía, lo que redunda en beneficio de la ciudadanía “que percibe que el abogado es un ser independiente, libre, en quien puede confiar porque no está coaccionado por el poder o por un grupo de presión. Los colegios lo garantizan, y también que el abogado va a mantener el secreto profesional a pesar de que los estados quieren imponernos que revelemos el contenido de nuestras actuaciones y denunciemos aunque solo existan mínimas sospechas”.

Carlos Andreucci considera asimismo que gracias al congreso se han estrechado los lazos y la cooperación ya existentes entre UIBA, el Consejo General y las organizaciones colegiales españolas, especialmente con el MICAP. Ha añadido que, respondiendo a la invitación realizada por el anterior decano, Alfredo Irujo, la institución que preside ha decidido adherirse al Observatorio Internacional de Abogados en Riesgo, y que van a colaborar con la Corte Penal Internacional en el esclarecimiento de los crímenes de guerra y terroristas que no son investigados por los gobiernos a los que debería corresponder su esclarecimiento: “Vamos a trabajar en ese terreno de la mano con la Comisión de Extranjería y Migraciones del CGAE”, ha asegurado.

Por otra parte, Andreucci ha anunciado que en las asambleas mantenidas en el seno del congreso han decidido que la UIBA se sirva del asiento permanente de que dispone en la Organización de Estados Americanos para denunciar posibles mermas de la calidad de las democracias de los países latinoamericanos. Además se ha previsto establecer contactos con universidades y centros de investigación para cualificar técnicamente a los abogados ya que tienen que manejar un Derecho cada vez más complejo, lo que les obliga a la formación continua. “Y por supuesto, desde la UIBA vamos a estar en contacto permanente con todas las abogacías de Iberoamérica porque cada minuto se producen afecciones. Tenemos a Nicaragua donde los colegios no pueden funcionar porque hay una ley cepo que prohíbe las asociaciones, o el conflicto que puede sobrevenir en El Salvador, con un poder ejecutivo absolutamente dominante que tiene sometido al legislativo y pone a los jueces a su gusto, apartando a los que no son sus amigos, el caso de Venezuela… tantos y tantos temas que nos obligan a mantener fija nuestra mirada en el GPS que mide la calidad de la democracia en Latinoamérica”, ha concluido Carlos Andreucci.

TECNOLOGÍAS Y DERECHO

Patricia Roxana Leiva, del Colegio de Abogados de Córdoba y Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) ha enfocado su intervención en los delitos digitales, concretamente en los delitos contra la libertad sexual, especialmente el grooming. Leiva ha expuesto el perfil psicológico del groomer o acosador, que en la práctica totalidad de los casos es de sexo masculino, y ha concluido que se trata de un asunto multijurisdiccional que va a requerir una respuesta coordinada. En su intervención, el profesor de Derecho Privado de la Universidad de Navarra Eduardo Valpuesta Gastaminza, ha explicado que, si bien es cierto que la tecnología es neutra, el uso que se hace de la misma puede afectar a estos derechos. “Mi celular es un arma de destrucción masiva de mi privacidad”, ha bromeado. Además, se ha interrogado sobre si el derecho controla a la tecnología o viceversa y ha señalado la ineficacia del “derecho basado en prohibiciones”. Para terminar, ha planteado la necesidad de consenso y normativa internacional, dado el carácter global de internet.

Ha cerrado la mesa redonda Juan Carlos Hernández Peña, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Navarra, que se ha referido a la regulación de la Inteligencia Artificial en la UE, con una ponencia titulada “Una IA fiable y ajustada al Estado de Derecho”. Para empezar, ha señalado que una de las dificultades que se encuentran los juristas respecto a la inteligencia artificial es que es difícil entender de qué estamos hablando y cuáles son sus límites de uso. “Los técnicos siempre dicen que la tecnología es neutra, pero los riesgos que se plantea para los derechos fundamentales son enormes”, ha afirmado. Además, ha expuesto diversos ejemplos de aplicación poco precisa de la IA o de interferencia malintencionada con los datos y ha planteado los principios que se están siguiendo en la UE a la hora de diseñar la normativa. 

LA NECESIDAD DEL ARBITRAJE

Concepción Barrio del Olmo, del Consejo General del Notariado de España, ha expuesto que, aunque es un lugar común la necesidad de promover los medios adecuados de solución de controversias, en nuestros países existe una cultura del litigio, no del arbitraje. Y ha planteado que todavía se presentan dificultades para su desarrollo en Iberoamérica, entre ellas la extensión del “Common Law”. Por su parte, Natividad Goñi Urriza, profesora de Derecho Internacional de la UPNA, ha tratado el tema de la eficacia en España de los laudos arbitrales dictados en Iberoamérica. Ha explicado que España tiene un régimen convencional doble, conformado por el Convenio de Nueva York del 58, que es el sistema de referencia en esta materia; y por convenios bilaterales (Mexico, Brasil, Uruguay) que modifican este marco. Y ha expuesto las consecuencias que se derivan de esta situación a la hora de definir la validez de un laudo arbitral dictado en el exterior.

Ana Armesto Campo, del Colegio de la Abogacía de Bizkaia, ha cerrado la mesa redonda planteando la importancia de potenciar otras formas de acuerdo, aún más adaptables a las necesidades de los clientes, antes de llegar al arbitraje, trabajando la abogacía y clientes codo con codo. Además, ha planteado la diferencia entre eficiencia y eficacia, entendiendo que la ley se centra en la eficiencia, para reducir la carga de asuntos, mientras que a la abogacía lo que le interesa es la solución más adecuada –eficaz- para los clientes.

El XXIV Congreso de la UIBA se ha cerrado con dos mesas redondas más. ‘Cambio climático y perspectivas de cumplimiento de la agenda 2030 Acuerdo de París; delitos y sociedad; turismo y medio ambiente’ era la primera de ellas. Y en la segunda los intervinientes han debatido sobre ‘Las nuevas fuentes energéticas y su regulación; las inversiones en energías renovables, el caso de España; situación en Iberoamérica’. Finalmente ha tenido lugar el acto de clausura.