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  • De un lado, la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del ICAB elevo la solicitud al CICAC para el envío de "observadores"
  • De otro, Sección de Derecho Constitucional, opina que enviar “observadores” es “hacer un flaco favor a la Justicia”

Estos días pasados ha habido cierta marejada entre la abogacía institucional a cuenta de la causa del procés. El motivo del conflicto: el acuerdo del Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC) de enviar abogados “observadores” al juicio en el Tribunal Supremo, motivando la airada reacción de los decanos de los colegios de abogados de Madrid y Málaga que reprochaban al presidente del CICAC, Ignasi Puig, Decano del Colegio de Abogados de Terrassa, que España es un Estado democrático que tiene una justicia imparcial e independiente y que, por lo tanto, no tenía sentido enviar dichos “observadores”.

Días más tarde, según recogía el diario Expansión, era el propio Puig quien señalaba que la decisión del CICAC no pretendía “cuestionar de ninguna manera la labor ni el sistema judicial español". Unas declaraciones que en su literalidad parecen dejar claro el posicionamiento de respeto de dicho organismo hacia la justicia española, su trabajo y su sistema.

La cosa no pasa, es verdad, de ser un conflicto institucional en un asunto de actualidad. Sin embargo, parece que lo que está alejado del foco es la chispa que encendió dicho conflicto, el verdadero origen de la situación que se ha generado. Efectivamente, porque, lejos de ser Puig quien motivase tal dislate, quien planteó la propuesta al CICAC de aprobar el envío de “observadores” al Tribunal Supremo fue el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), al frente su decana Mª Eugenia Gay, que decidió elevar dicha solicitud procedente de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del ICAB, es decir, de su propio Colegio.

Es más, se pasa de puntillas por el hecho de que, a la hora de votarse el asunto por el Pleno del CICAC, formado por los decanos de los 14 colegios de abogados de Cataluña, la propuesta del envío de “observadores” contó con el voto favorable de la Decana del ICAB, Mª Eugenia Gay. Es decir, la decana Gay no sólo no dijo que no a la propuesta de enviar “observadores”, sino que apoyó -en representación de su Colegio- con su sí expreso a su envío.

Ello parecería congruente, al menos, con ese primer aparente sentir colegial si no fuera porque el ICAB días después, decidió a animar aún más la fiesta del desconcierto, sumando un comunicado, esta vez de su Sección de Derecho Constitucional, en el que dicha Sección se distanciaba de las declaraciones del presidente del CICAC y de la propuesta y votación de su propia decana para señalar, entre otras cosas, que la decisión del CICAC de enviar “observadores” es “hacer un flaco favor a la Justicia” y que “en un Estado democrático, solo hay un posicionamiento posible, que es el respeto a la Ley y al Estado de Derecho“.

¿Cuál es pues la posición real del ICAB al respecto? ¿Cuál la de su decana Mª Eugenia Gay? Más si la recordamos hace unos peses junto el Decano de Madrid celebrando el aniversario de la Constitución. Sin duda, parece estar haciendo un malabarismo dentro y fuera de la institución colegial que a muchos abogados catalanes y del resto de España no deja de sorprender.




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