Eugenio Ribón e Isabel Winkels han mantenido en la mañana de hoy lunes una reunión de trabajo para trasladar al Gobierno madrileño las prioridades de la abogacía madrileña para esta legislatura.
Los máximos responsables del ICAM ha compartido con el consejero su preocupación por la situación de la Justicia y la necesidad de, en el ámbito de las competencias de la Comunidad de Madrid, dotarla de mayores recursos, en particular para el Turno de Oficio.
“A pesar del papel angular de la Abogacía en la Administración de Justicia, padecemos unas condiciones insostenibles: sin derecho a la conciliación, sin recibir el justo pago por todas nuestras actuaciones y sujetos a un trato, con frecuencia, contrario a la dignidad. Son problemas que comparte la abogacía en su conjunto, sin distinciones”, ha explicado al consejero el Decano del ICAM.
A juicio de Eugenio Ribón, “especialmente en lo que respecta al Turno de Oficio, la situación es insostenible. De acuerdo con el último Informe de Evaluación sobre los Sistemas Judiciales Europeos 2022 de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia del Consejo de Europa (CEPEJ), España lidera en Europa en casos de Justicia Gratuita por habitante, con 3.379 casos por cada 100.000 personas, en comparación con un promedio de 734, pero es uno de los países que menos compensa económicamente por caso: solo 178 euros frente a una media europea de 462 euros. Y, lo que es más grave, con muchas actuaciones sin retribución alguna".
Entre las medidas destacadas que incluye el documento de propuestas presentado por el ICAM al gobierno madrileño se encuentra la “mejora de los baremos y el reconocimiento de las actuaciones no incluidas actualmente en ellos (ejecuciones, recurso de revisión, reposición, habeas corpus…)”, ha reclamado el ICAM. Además, “es necesario no solo el incremento y mejora de los baremos, sino la actualización periódica y automática conforme al IPC”.
Para el Turno de Oficio, además, ha pedido el ICAM medidas de apoyo en el ámbito de la formación y la digitalización.
En cuanto al derecho a la conciliación, Eugenio Ribón e Isabel Winkels, han pedido “el respaldo y el apoyo de las instituciones de la Comunidad de Madrid en las medidas para impulsar la conciliación que son competencia de otras Administraciones u operadores jurídicos, como la certificación telemática de enfermedades”.
También favorecer, a través de recursos, la conciliación de la abogacía mediante ayudas económicas para guarderías, centros de día y situaciones de dependencia; implantación de ludotecas y guarderías para que, mientras asisten a juicios, sus hijos/as menores de 6 años estén en las mejores manos y sigan adelante con su profesión; creación de centros de día para aquellos abogados/as que necesiten esta ayuda; medios para que sea posible la celebración de vistas telemáticas con todas las garantías cuando los profesionales de la Abogacía lo interesen (situaciones de enfermedad o dificultades familiares -cuidado de menores o familiares dependientes-); ayudas para los colegiados que se encuentren en situación de enfermedad de larga duración; apoyo a la abogacía madrileña más veterana, con ayudas y servicios especiales o ayudas a abogados/as más necesitados o en situación de vulnerabilidad.
Otra de las cuestiones abordadas ha sido la Ciudad de la Justicia “que permita desplazamientos fáciles para los profesionales, aparcamientos gratuitos y servicios adicionales como guarderías y espacios profesionales suficientes y dignos para la Abogacía de Madrid”.
Así mismo, se han tratado cuestiones concretas que afectan al ejercicio de la profesión, y que también son prioritarias para la abogacía madrileña como la mejora del protocolo de remisión telemática de atestados; el acceso a la agenda de señalamientos juicios rápidos; la creación de un tercer juzgado de guardia de detenidos; promover la creación de espacios de aparcamiento en los diferentes centros de detención de la Comunidad de Madrid reservadas a profesionales del Turno de Oficio en de guardia; impulsar la formación de los abogados y abogadas y un plan de apoyo para la abogacía joven.
Junto a estas propuestas, el ICAM también ha valorado los avances conseguidos en estos meses como haber solucionado, gracias a unas nuevas salas que se inaugurarán la semana próxima, el problema de la falta de un espacio adecuado en los calabazos de Plaza de Castilla para los letrados que prestan asistencia a detenidos.
Entre los temas planteados destaca el problema de las pensiones de jubilación para la abogacía. Así, el ICAM ha trasladado “la inquietud de una parte significativa de profesionales de la abogacía hondamente preocupados por las percepciones de jubilación que recibirán tras años dedicados al ejercicio de la profesión y entregados a garantizar derechos constitucionales como son el derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva” y ha solicitado su apoyo para que se logre “regular un tránsito al régimen de la Seguridad Social (RETA) de los mutualistas de la abogacía que lo soliciten, garantizar para los mutualistas pasivos el derecho a la pensión mínima o asegurar un tratamiento fiscal adecuado al recuperar ahorro aportado en aquellos casos que los mutualistas así lo interesaran”.
Turno de Oficio para menores de edad y creación de grupos de trabajo
Entre las propuestas novedosas presentadas por el ICAM se encuentra el promover un convenio pionero que permita poner en marcha un Turno de Oficio para menores de edad: “Desde el ICAM vamos a promover la creación especifica del Turno de Oficio para menores. Los menores tienen derechos, lo dice el artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño, su Observancia general 14, el Convenio Europeo sobre el ejercicio de los derechos de los niños, entre tantas normas internacionales y nacionales, incluidas normas propias de la Comunidad de Madrid, y a esto hay que darle una aplicación práctica. Consiste en formar a abogados altamente especializados, con capacidad de escucha, y crear un turno de oficio específico para que defienda sus derechos”, ha explicado la Vicedecana.
Como resultado de la reunión, el ICAM y el Gobierno madrileño han aprobado crear Grupos de Trabajo que den seguimiento a cada una de estas propuestas.
Pacto de Estado por la Justicia y defensa del Estado de Derecho
En otro orden de cosas, el decano y la vicedecana del ICAM han tratado con el consejero la situación global de la Justicia, tras un ‘año horribilis’ por las huelgas en cadena y una legislatura sin avances.
El decano ha recordado que “según los últimos datos disponibles, el 48% de la sociedad española considera que la Justicia funciona "mal" o "muy mal", frente a solo el 22,6% que cree que va "bien" o "muy bien"; y en su calificación global, del 1 al 10, no logra llegar al aprobado”. Por ello, el ICAM ha solicitado “altura de miras para lograr un Pacto de Estado que asegure su funcionamiento y devuelva la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”.
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