La primera edición del Congreso de Ocupación Ilegal, organizado por la Abogacía de Málaga, el Colegio de la Abogacía de Barcelona y el Colegio de Abogados de Mataró en la capital malagueña, ha terminado hoy viernes 20 de mayo, tras dos días de análisis y propuestas en el ámbito jurídico aplicado a la ocupación delincuencial.
Entre las conclusiones que, a priori, se han extraído de este I Congreso de la Ocupación Ilegal está la más determinante que es la propuesta de medida cautelar inmediata de desalojo de la vivienda ocupada ilegalmente.
En total, más de 400 personas han asistido, tanto de manera presencial como online, a las distintas ponencias que han defendido reputados expertos continuarán con el estudio en profundidad el fenómeno de la ocupación ilegal, con el objeto de recoger las conclusiones aportadas y elevarlas a los poderes legislativos para instar la correspondiente modificación legal de enjuiciamiento criminal.
Esta segunda jornada ha estado dividida en tres mesas redondas. Para empezar, se ha abordado el tema “Economía y seguridad jurídica. Impacto de la ocupación en la inversión, y ocupación de la vivienda de nueva construcción”, centrada en inversores, promotores y constructores.
En ella han participado Xavier Vilajoana Eduardo, presidente de la Asociación de Promotores de Cataluña, y José Pablo Martínez Marqués, director del Departamento de Servicios Jurídicos de la Confederación Nacional de Constructores, quienes han analizado el impacto de la ocupación en la inversión y la ocupación de vivienda de nueva construcción.
José Pablo Martínez Marqués ha criticado la redacción de los derechos y deberes del Proyecto de Ley de Vivienda, señalando problemas de justificación de competencias estatales: "la norma olvida la dimensión de la vivienda como bien patrimonial”.
Por su parte, Xavier Vilajoana lamenta que no se busquen soluciones a largo plazo y llama la atención sobre el aumento de este problema en España y en Cataluña. “La ocupación ha llegado a las viviendas en promoción”.
A continuación, ha tenido lugar la mesa “Ocupación de vivienda pública”, con José María López Cerezo, gerente del Instituto Municipal de la vivienda de Málaga; Nuria Moreno Romero, teniente de alcalde de Mataró; y Montserrat Junyent Martín, asesora Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España (COAPI). Durante el desarrollo de la misma, se han sacado a la palestra temas tales como la situación ocupacional del territorio español, el desahucio exprés, Málaga como tercera ciudad española en inversión en VPO, el número de familias atendidas por ocupaciones irregulares anualmente, etc.
La última mesa, que ha llevado por título “Primeras actuaciones tras la noticia criminis”, ha reunido a Julio Bujalance, inspector Jefe de Policía Nacional Comisaria Provincial de Málaga; Josep Maria Cavallé Jorquera, inspector Mossos d´Esquadra de Mataró; y Marc Corominas, policía local de Mataró.
En palabras de Julio Bujalance, "la policía intenta dar una respuesta integral”. Por su parte, Josep María Cavallé ha incidido en la falta de criterio judicial homogéneo: “no hay marco temporal de flagrancia. Es necesario contar con seguridad jurídica para las actuaciones policiales dado el alto grado de responsabilidad que recae sobre nosotros”. Marc Coromina, ha reflexionado sobre los delitos asociados a la consumación de la ocupación y sus consecuencias: inseguridad ciudadana. Puede derivar en empresas de desocupación o patrullas ciudadanos. En el contexto de esta mesa redonda se ha llegado incluso a reflexionar sobre la necesidad de seguridad jurídica para los funcionarios de la policía.
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