Diego Fierro Rodríguez Hay algo ciertamente extravagante en imaginar que, mientras usted modifica una casilla en el borrador de su declaración de la renta, una inteligencia artificial esté observando cada pulsación, calculando probabilidades, evaluando si ese cambio responde a un error involuntario o a una tentativa —consciente o no— de alterar su obligación tributaria. La Agencia Tributaria ha convertido esta fantasía de ciencia ficción administrativa en realidad cotidiana, desplegando algoritmos que no solo procesan datos, sino que anticipan comportamientos, sugieren correcciones y, en último término, ejercen una forma de tutela digital sobre el contribuyente.I. La máquina que aprende a leer entre líneas fiscales
El proyecto "Nudge IRPF" —ese "pequeño empujón" fiscal que el director del departamento de Informática Tributaria, José Borja Tomé, presentó en las jornadas de la Asociación Española de Asesores Fiscales— ilustra la sofisticación alcanzada. No se trata ya de la tradicional comprobación matemática de que la suma de las casillas cuadra, sino de un sistema predictivo que compara la modificación introducida por el usuario con el perfil fiscal preexistente, con los patrones de comportamiento de contribuyentes similares, con la lógica interna de las normas tributarias. Cuando el algoritmo detecta una discordancia significativa, salta el aviso: "Es muy probable que, por los datos que tengo de ti, estés cometiendo un error más o menos intencionado".
La formulación resulta reveladora. Esa "más o menos" que precede a "intencionado" delata la ambigüedad inherente al juicio algorítmico, que no distingue con claridad entre el error de bulto y la tentativa de defraudación, sino que opera en un espectro continuo de probabilidades. El contribuyente que recibe tal advertencia se encuentra, de pronto, en una situación asimétrica: la máquina conoce aspectos de su vida fiscal que él mismo ignora o ha olvidado, y le interpela desde una posición de superioridad informacional que resulta, cuanto menos, inquietante.
II. La paradoja de la soberanía algorítmica
La Agencia Tributaria ha invertido 1,2 millones de euros en cuatro servidores equipados con ocho tarjetas de Nvidia, una infraestructura que, según admite el propio Tomé, "consume la mitad de la energía que todo Madrid". Esta cifra, ostentosa en sí misma, resulta modesta si se compara con el potencial de procesamiento adquirido: una capacidad de cálculo que permite entrenar modelos de machine learning con conjuntos masivos de datos fiscales, refinando progresivamente su capacidad predictiva.
Sin embargo, lo verdaderamente significativo no es la inversión material, sino la apuesta estratégica que encarna. El directivo subraya la voluntad de construir "una Administración más inteligente y soberana sobre sus decisiones", una formulación que encierra una tensión apenas resuelta. ¿En qué sentido puede ser soberana una administración que delega crecientemente sus funciones de valoración y decisión en algoritmos cuya lógica interna resulta opaca incluso para quienes los diseñan?
La respuesta que ofrece la Agencia Tributaria pasa por el control humano, por la "prioridad en el orden y la estrategia frente a hacer un despliegue superrápido". Se trata, en esencia, de una inteligencia artificial que se despliega de manera mesurada, circunscrita a funciones asistenciales y preventivas, evitando por ahora las tentaciones de la automatización decisoria completa. Los funcionarios utilizan la IA generativa para tareas auxiliares —redacción, traducción, análisis de documentos, transcripción— pero no para emitir liquidaciones o resolver recursos.
Esta cautela resulta prudente, pero también revela la conciencia de los riesgos inherentes. Tomé lo expresa con claridad: "Todos tenemos a nuestro alcance, en nuestro móvil, a un paso, a un centímetro de nuestros dedos, la posibilidad de utilizar sistemas de inteligencia artificial de forma gratuita. Pero la IA conlleva riesgos". La formación del personal, la concienciación sobre la responsabilidad asumida al emplear estos instrumentos, constituyen salvaguardas necesarias pero quizás insuficientes ante la velocidad de evolución de la tecnología.
III. La carta antes del delito
Otra aplicación de la inteligencia artificial en la Agencia Tributaria resulta igualmente reveladora de esta lógica preventiva. El sistema detecta, mediante modelos predictivos, qué contribuyentes presentan mayor probabilidad de no presentar la declaración a pesar de tener obligación de hacerlo, y procede a contactarles antes de que finalice la campaña. No espera a la comisión del presunto ilícito, sino que interviene en el momento de mayor vulnerabilidad del contribuyente, cuando aún puede corregir su conducta sin consecuencias sancionadoras.
Esta aproximación, desde la perspectiva de la eficacia administrativa, resulta indudablemente brillante. Reduce el fraude sin necesidad de iniciar procedimientos inspectores costosos, genera ingresos tributarios sin aplicar coacción, y probablemente mejora la percepción del contribuyente sobre la administración, que aparece como un ente previsor y comprensivo en lugar de como un mero recaudador punitivo. Sin embargo, desde la óptica de los derechos fundamentales, plantea interrogantes que la normativa actual apenas comienza a abordar.
El contribuyente que recibe tal comunicación no sabe qué datos han alimentado el algoritmo que ha predicho su comportamiento, no puede verificar la corrección de esos datos ni la lógica de la inferencia realizada, y no dispone de mecanismos efectivos para impugnar la clasificación predictiva de la que ha sido objeto. La transparencia algorítmica, exigida por la doctrina más avanzada en protección de datos, brilla por su ausencia en estas interacciones. La Agencia Tributaria, como otras administraciones públicas, opera bajo la presunción de legitimidad de sus sistemas automatizados, sin que el ciudadano tenga capacidad real de fiscalización.
IV. El próximo paso: agentes generativos y la especialización artificial
El horizonte que dibuja el director de Informática Tributaria resulta, si cabe, más ambicioso. El próximo paso pasa por la utilización de la inteligencia artificial generativa para formar "agentes que tengan capacidad de hacer funciones más especializadas". La formulación evoca escenarios de automatización administrativa que trascienden con mucho las aplicaciones actuales.
Imaginemos un agente virtual capaz de mantener conversaciones con contribuyentes complejos, de resolver consultas técnicas de elevada sofisticación, de redactar informes de inspección o de proponer acuerdos de pagos personalizados. La tentación de sustituir el juicio humano por la eficiencia algorítmica resultará, en tal contexto, casi irresistible. La promesa de reducir plazos, de estandarizar criterios, de eliminar la arbitrariedad inherente a la valoración discrecional de los funcionarios, constituirá un argumento políticamente imbatible.
Sin embargo, esta trayectoria no está exenta de riesgos sistémicos. La inteligencia artificial, por muy sofisticada que resulte, opera sobre la base de patrones históricos, de correlaciones estadísticas, de inferencias probabilísticas. No posee capacidad de juicio normativo, de ponderación de principios, de adaptación creativa a situaciones novedosas. Cuando la Agencia Tributaria delegue en ella funciones de mayor calado decisorio, estará inevitablemente importando los sesgos del pasado al futuro, cristalizando prácticas que el cambio normativo o social debería haber modificado.
V. La extravagancia como método
Resulta extravagante, en el sentido etimológico del término —lo que sale de las sendas ordinarias— que una administración pública española lidere, en ciertos aspectos, la adopción de inteligencia artificial en el ámbito tributario. La Agencia Tributaria no se contenta con replicar lo que hacen otras organizaciones similares, sino que pretende "sacar partido" a los datos de manera diferencial, construyendo modelos propios, desarrollando capacidades endógenas, formando a su personal en la conciencia de los riesgos.
Esta extravagancia tiene algo de admirable. En un tiempo de dependencia tecnológica respecto a grandes corporaciones extranjeras, la apuesta por la soberanía digital —ese control sobre las decisiones algorítmicas que invoca Tomé— constituye una rareza valiosa. Los 1,2 millones de euros invertidos en infraestructura propia, la formación interna, la limitación cautelosa de las funciones automatizadas, revelan una institución que no se deja arrastrar por el frenesí innovador, sino que intenta domesticar la tecnología a sus propios ritmos y necesidades.
No obstante, esta misma extravagancia exige una vigilancia reforzada. La Agencia Tributaria maneja datos de una intimidad extrema: rentas, patrimonios, relaciones familiares y empresariales, hábitos de consumo, desplazamientos geográficos. La inteligencia artificial que procesa estos datos no es un mero instrumento de gestión, sino un dispositivo de conocimiento social de enorme potencial. Su utilización responsable no puede depender únicamente de la buena fe de sus gestores, sino que requiere marcos normativos claros, mecanismos de transparencia efectivos, y posibilidades reales de control por parte de los ciudadanos afectados.
VI. Conclusión
El uso de la inteligencia artificial por la Agencia Tributaria ilustra las posibilidades y los dilemas de la administración digital del siglo XXI. Resulta brillante en su eficacia preventiva, en su capacidad de anticipar comportamientos, en su potencial para reducir el fraude sin aumentar la coerción. Resulta extravagante en su apuesta por la soberanía tecnológica, en su resistencia a la externalización indiscriminada, en su cautela ante la automatización completa.
Sin embargo, esta brillantez y esta extravagancia no deben ocultar los interrogantes que plantea. La asimetria informacional entre la administración algorítmica y el ciudadano, la opacidad de los criterios predictivos, la progresiva sustitución del juicio humano por la inferencia estadística, son tendencias que exigen una respuesta normativa urgente. La inteligencia artificial en materia tributaria no puede ser un territorio de libre expansión tecnológica, sino que debe someterse a los principios de transparencia, responsabilidad y garantía que informan el Estado de Derecho.
La Agencia Tributaria ha dado pasos significativos en la dirección correcta, pero el camino recorrido es apenas el principio de una transformación cuya magnitud apenas comenzamos a vislumbrar. La máquina que hoy avisa de posibles errores en la renta, mañana podría estar decidiendo quién es inspeccionado, quién recibe aplazamientos, quién accede a determinados beneficios fiscales. La brillantez del presente no debe cegarnos ante los riesgos del futuro.