De forma mayoritaria, jueces y fiscales, salvo Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, han cerrado filas contra la reforma de la Lecrim y la propuesta de reforma de acceso a la carrera judicial. La concentración frente al Tribunal Supremo el pasado 28 de junio fue un hito (Imagen AJfV)
El Consejo de Ministros aprobó este martes el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), una de las reformas más ambiciosas del proceso penal en España. Ahora tendrá que tramitarse en el Parlamento en un momento en de gran debilidad por parte del Gobierno sin los apoyos de Junts y con también la negativa de Sumar, PP y Vox
Tampoco se ha tenido en cuenta el momento procesal de la fiscalia, con su actual fiscal general del Estado, Alvaro Garcia Ortiz, a un paso del juicio oral en un proceso que arrancará el 3 de noviembre.
El texto, impulsado por el Ministerio de Justicia, prevé que la instrucción de las causas deje de estar en manos de los jueces y pase a la Fiscalía, lo que supone un cambio estructural en el modelo judicial vigente desde hace más de un siglo.
Jueces y fiscales, y algunos operadores jurídicos como el CGAE y el ICAM que públicamente han pedido más consenso, salvo Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) que son partidarios de este cambio de modelo en nuestros procesos penales, se han mostrado en contra.
Antecedentes de la huelga
Sus protestas fueron públicas desde hace un año, al igual que con la Ley de Acceso a la Carrera Judicial y Fiscal aún pendiente de aprobar, con una concentración el pasado 28 de junio frente al Supremo y la huelga de los días 1,2 y 3 de julio . El seguimiento fue del 70% pero Bolaños no retiró ninguna de sus dos iniciativas legislativas..
Ahora insisten, tras este acuerdo del Consejo de Ministros, en sus tesis de politización de la justicia y del control del Ejecutivo de los procesos penales porque la fiscalia sigue teniendo dependencia del Gobierno.
Para Sergio Oliva, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Victoria (AJFV). Plantear ahora una reforma tan profunda de la justicia es un error.
“ En un país tan polarizado como el nuestro, entregar la investigación penal a los fiscales sin garantizar su autonomía real supone un riesgo enorme de politización. Una ley así exige blindar la imparcialidad de los fiscales y, sobre todo, un gran consenso que hoy no existe”, adviete
Para este magistrado, además “ el proyecto limita la acción popular, dejando fuera a sindicatos, asociaciones o entidades públicas, y con ello reduce drásticamente los espacios de participación y control ciudadano.”
En su opinión, “en este contexto de confrontación y desconfianza, impulsar una ley de este calado sin garantías ni apoyos suficientes no parece buscar reforzar la justicia, sino proyectar la sombra de control político sobre ella".
También el fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Javier Zaragoza, calificó la propuesta como "un despropósito", al considerar que compromete la independencia judicial. "Tengo una preocupación enorme por la situación actual", afirmó durante el debate Reflexiones desde la Justicia, organizado por La Razón, donde denunció "el intento del Gobierno de poner en marcha una serie de reformas que cuestionan la independencia del poder judicial".
Por su parte, María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), señalaba en Espejo Público de Antena “que siempre han defendido que la instrucción esté a cargo de los jueces porque "no están sometidos a las órdenes de nadie". Algo que no ocurre con el Ministerio Público, ya que "depende en último término del Gobierno" al ser el encargado de nombrar al Fiscal General del Estado".
En este sentido, también se ha pronunciado Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), tanto públicamente como desde su cuenta de X, donde es uno de los juristas más seguidos. En esas manifestaciones subrayaba el riesgo de injerencias políticas en la instrucción de los casos que preocupan al Gobierno, que son los de corrupción
En la línea de lo expresado por otras asociaciones resaltaba que "el hecho de que el jefe del Ministerio Público sea nombrado por el Gobierno y que exista un principio de jerarquía por el cual los fiscales inferiores, que son los futuros instructores, tengan que obedecer órdenes de superiores, supone un riesgo de que esas instrucciones, aunque sea de forma ilegal, vayan dirigidas a paralizar o frenar las investigaciones".
No era el momento
Para la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera fiscal, Cristina Dexeus, "no es el mejor momento para esta iniciativa". "Es inoportuna dada la situación de debilidad parlamentaria del Gobierno, ya que se trata de un texto tan relevante que debería aprobarse en el marco de un pacto de Estad, al menos consensuado con el principal partido de la oposición", ha opinado.
Desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) creen que la reforma no garantiza "el blindaje" del fiscal que se esté encargando de la investigación de un caso concreto. Se queja la asociación, que ejerce la acusación particular en la causa contra el fiscal general del Estado, de no haber podido participar en este proyecto legislativo.
Para la APIF, la reforma no regula los supuestos de avocación, es decir, cuando un fiscal jefe se atribuye para sí un caso que está llevando un fiscal subordinado; ni tampoco la sustitución de un fiscal por otro en plena marcha de un procedimiento investigador. "A nuestro juicio, estas dos decisiones de los fiscales jefes deben estar sujetas a un control por parte del Consejo Fiscal que evite situaciones arbitrarias o no justificadas", indica la asociación en un comunicado.
Sin embargo, el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, ha defendido que el proyecto "modernizará el proceso penal y permitirá que la Fiscalía investigadora, auxiliada por la Policía Judicial, sustituya la figura del juez instructor que ha de pasar a ser un juez de garantías de los derechos de las partes".
También el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Félix Martín, se ha mostrado de acuerdo con el proyecto, ya que ha afirmado que dotará a la instrucción penal de agilidad y eficacia. En ese extremo coincide el presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés, quien ha advertido de que requiere de una reforma profunda del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
La reforma según explico el ministro Bolaños llega con décadas de retraso. En 2001, el 'Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia' estableció como objetivo básico la elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. En 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó un anteproyecto de LOECRim, pero su tramitación quedó frustrada por el final de la legislatura.
En 2012, el Ejecutivo de Mariano Rajoy creó una comisión que elaboró un texto articulado de Código Procesal Penal que, como el anterior, otorgaba la investigación al Ministerio Fiscal. El proyecto aprobado este martes se basa en las propuestas elaboradas durante los últimos 15 años y cuenta con dictámenes favorables del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.
Una vez aprobada, la LOECrim entraría en vigor el 1 de enero de 2028. Por lo tanto, no afectará a ningún procedimiento iniciado antes de esa fecha ni al actual Fiscal General del Estado, cuyo segundo y último mandato finaliza en 2027. Los procedimientos iniciados antes del 1 de enero de 2028 se seguirán tramitando según la LECRim actual. El reto está en si los socios del Gobierno apoyarán esta iniciativa tan ambiciosa.
