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La gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual atraviesa un momento de revisión profunda tras un pronunciamiento europeo que redefine las fronteras sobre el destino de los fondos recaudados por las entidades de gestión. Mientras los conflictos habituales en este sector suelen librarse frente a terceros usuarios por el impago de licencias, existe un frente interno igual de delicado relativo al reparto de las cantidades percibidas y su posible detracción para financiar fines asistenciales o promocionales. Así lo analiza Mabel Klimt en el blog de Elzaburu, destacando el impacto de la sentencia dictada el 22 de octubre de 2026 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el asunto C-840/24, cuyos efectos trascienden el ámbito alemán para interpelar directamente a las entidades de gestión españolas.

El litigio que originó esta doctrina comunitaria enfrentó en Alemania a la entidad de gestión colectiva Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) con dos autores literarios asociados a la misma. La controversia giraba en torno a las deducciones que la sociedad practicaba sobre los ingresos procedentes de la compensación por copia privada y la remuneración por préstamo público de obras científicas y especializadas. Dichos importes eran transferidos a un fondo perteneciente a una sociedad participada íntegramente por la propia entidad con el propósito de subvencionar costes de impresión y fomentar la investigación científica, beneficiando así a terceros ajenos a su colectivo de socios.

Desde la firma especializada en propiedad industrial e intelectual Elzaburu, su socia directora, Mabel Klimt, resume el alcance de los conflictos de "puertas adentro" que resuelven los magistrados europeos: "son menos en cambio las sentencias de «puertas adentro», esas que afectan a la forma en que las entidades de gestión utilizan sus ingresos para «retribuir» (o no) a sus asociados, los titulares cuyos derechos administran".

Al resolver la cuestión prejudicial, el alto tribunal europeo ha trazado una frontera clara respecto a la legitimidad de estas partidas asistenciales o de promoción. La doctrina comunitaria impide que una entidad de gestión detraiga fondos recaudados para financiar actividades culturales, sociales o educativas destinadas a personas que no ostentan la condición de titulares de derechos, estableciendo una única excepción muy tasada para aquellos recursos que, tras las diligencias oportunas, resulten imposibles de distribuir.

En este sentido, la letrada Mabel Klimt precisa en su exposición los términos exactos bajo los cuales la jurisprudencia comunitaria veta este tipo de subvenciones con cargo a la recaudación ordinaria: "la normativa de la Unión Europea SE OPONE a que una entidad de gestión se dedique a la financiación de servicios sociales, culturales o educativos que benefician a personas que NO son titulares de derechos de autor, SALVO que tal financiación se realice mediante «importes que no pueden ser objeto de reparto» porque los titulares de derechos correspondientes no han podido ser identificados ni localizados". Asimismo, la resolución judicial delimita el concepto estricto de quiénes pueden ser considerados titulares a estos efectos.

Más allá de resolver la disputa concreta en territorio alemán, este fallo europeo proyecta una sombra directa sobre el funcionamiento interno de las sociedades de gestión que operan en España. En el despacho Elzaburu advierten que la doctrina del TJUE obliga a realizar una auditoría interna sobre las prácticas vigentes en el sector: "la sentencia constituye una «invitación» para que las entidades de gestión españolas revisen sus Estatutos y prácticas a fin de verificar si se ajustan a los presupuestos fijados en la sentencia".

En definitiva, este nuevo criterio jurisprudencial refuerza la transparencia y el derecho de los creadores a percibir íntegramente las remuneraciones generadas por la explotación de sus obras, obligando a las entidades de gestión a justificar con rigor cualquier destino asistencial o cultural de sus fondos cuando no exista consenso en su masa social.

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