- Amplio consenso sobre esta proposición de ley que ha contado con el asesoramiento de un grupo de juristas coordinado por Jesús Sánchez, decano emérito del ICAB
El Pleno del Congreso ha dado luz verde al dictamen de la Comisión de Justicia de la Proposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifican la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El texto, que ha sido aprobado tras haberse rechazado las enmiendas debatidas este jueves en el Pleno, se envía ahora al Senado para continuar con su tramitación parlamentaria.
Una de las grandes novedades es la pena de cárcel de 1 a 3 años de cárcel por robar un móvil, una propuesta que Junts llevo al Parlamento procedente de la abogacía y de un grupo de trabajo liderado por Jesús Sánchez, decano emérito del ICAB. 302 votos a favor, con PSOE, PP, Vox y Junts, además del PNV, los 36 en contra de Sumar, Podemos y el BNG y la abstención de los independentistas catalanes de ERC y Coalición Canaria
En concreto, esta iniciativa parlamentaria defendida por la diputada de Junts, Marta Madrenas, “tiene por objeto mejorar la regulación penal relativa a los delitos contra el patrimonio previstos en el Capítulo I del Título XIII del Código Penal”, relativo a los hurtos “y adecuarla a las exigencias jurisprudenciales y a la necesidad de ofrecer una respuesta equilibrada y efectiva frente a la multirreincidencia”.
Asimismo, “con la finalidad de evitar la reiteración delictiva y reforzar la protección de las víctimas desde las primeras fases del procedimiento, se modifican los artículos 13 y 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para garantizar que los juzgados puedan adoptar con mayor eficacia medidas cautelares de carácter personal, incluida la prohibición de acudir o residir en determinados lugares”.
La intención de la norma, expresada en varias ocasiones por Junts, es intentar atajar el problema de los hurtos en las grandes ciudades catalanas. Para ello, el texto propuesto plantea varias modificaciones del Código Penal. Actualmente, el CP contempla penas de prisión de 6 a 18 meses si alguien roba objetos por valor superior a 400 euros. En el caso de que sea inferior, la pena pasa a entre 1 y 3 meses de cárcel, salvo que se acumulen tres delitos y entre ellos sumen 400 euros.
Ahora, con la nueva redacción, se elimina este último requisito y aquellos que hayan sido condenados por tres delitos y al menos una de ellas es por un delito leve, sin importar el importe, serán condenados a entre 6 y 18 meses. Este mismo sistema se aplica también a los delitos de estafa.
Marta Medranas, diputada de Junts en el Congreso, una de las impulsoras de esta reforma (Foto Junts)
Robar un móvil supondrá cárcel
Otra de las modificaciones más relevantes establece que la pena agravada de 1 a 3 años de cárcel cuando los objetos robados sean "teléfonos móviles" o "cualquier otro dispositivo móvil de comunicación, o de almacenamiento masivo de información digital susceptible de contener datos e información de carácter personal". No obstante, queda pena de este tipo penal el robo de dispositivos que "se encuentren a la venta, almacén o exposición en establecimientos comerciales". Es decir, la condición es que tengan datos personales.
También se impondrá esta misma pena a aquellos que roben productos agrarios o ganaderos en explotaciones agrícolas por un valor superior a 400 euros.
Otra enmienda, acordada entre PP, PSOE y PNV, extiende el régimen de la multirreincidencia a los delitos de estafa, con ánimo de lucro, “cuando se utilizaren engaño bastante para producir error en otro”. Para fijar la pena se valorará el importe de lo defraudado, el perjuicio económico ocasionado a la víctima, la relación entre ésta y el defraudador, los medios utilizados por éste y cualquier otra circunstancia que permita medir la gravedad de la infracción.
Una modificación consensuada con el PSOE y el PNV faculta a los jueces para imponer de forma cautelar al investigado “la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o comunidades autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas”.
Por último, mediante una enmienda 'in voce' acordada por PP, PNV y Junts, se fija una pena de prisión de uno a cinco años para el conocido como 'petaqueo', que proporciona apoyo logístico a las narcolanchas, al sancionarse “la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos” en contra de las leyes o de otras disposiciones de carácter general.
Junts registró la proposición, que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), en marzo de 2024 y el Pleno dio luz verde a su toma en consideración medio año después. El texto quedó aparcado durante meses hasta que, finalmente, en marzo de 2025 se presentaron las enmiendas parciales. No obstante, la tramitación volvió a quedar congelada por el desacuerdo de los socios situados a la izquierda del PSOE.
La decisión de Junts de dar por roto el diálogo con el Gobierno llevó al PSOE a aceptar su reactivación y, en apenas una semana, la Comisión de Justicia dio el visto bueno a la reforma. Ahora ha sido el Pleno de este jueves el que debatió y sometió a votación el dictamen, que posteriormente se remitirá al Senado para culminar el procedimiento legislativo.
Consenso mayoritario
Marta Madrenas, abogada, exalcaldesa de Girona y diputada de Junts, ha logrado el consenso mayoritario en este asunto con PP y PSOE. Este jueves se aprueba el dictamen, tendría que pasar por el trámite del Senado que máximo son dos meses y vuelve al Congreso por si hubiera enmienda. Podría estar aprobada el mes de abril. “Este asunto había que resolverlo porque cuatro o cinco personas cometen muchos pequeños delitos o delitos leves que no tenían repercusión. Incluso no se podían detener. Se les multaba pero en muchos casos eran insolventes lo que generaba su impunidad pese a la alarma social que se generaba”.
Según datos que nos proporciona más y un 20% de todos los delitos que se cometen en España son estos hurtos ya que crean alarma social. También se abordan las pequeñas estafas inferiores a 400 euros que quedaban en nada. Sobre todo a gente mayor donde se hacían pasar por suministradores de gas o electricidad y daban su número de cuenta. Muchos analfabetos digitales que cayeron. En Cataluña nos dice que hubo una ciberestafa cada seis minutos y esto también se aborda en la proposición de ley.
Madrenas valora mucho el grupo de trabajo de expertos que desde el Consell de la Abogacia gestiono Jesus Sanchez, decano emérito de Barcelona. Cuando llego al Congreso tenía dos preocupaciones, la multirreincidencia y las ocupaciones de vivienda. Contactó con nosotros este grupo de juristas que insistieron en que el teléfono móvil fuera un tipo agravado por la importancia de esta herramienta. Tenía sentido protegerlo. “La relación con estos juristas ha sido fluida. Hemos trabajado muy bien de forma coordinada. Estoy agradecido y seguro que el texto tiene solvencia por sus aportaciones”. aclara
Otra novedad celebrada por el comercio y los cuerpos policiales es la posibilidad de imponer órdenes de alejamiento de zonas concretas. Los jueces podrán prohibir a los multirreincidentes acceder a barrios, calles o espacios donde actúan de forma habitual, una herramienta legal que hasta ahora no existía y que evita detenciones repetidas en los mismos puntos. La ley llega acompañada de un refuerzo del sistema judicial. Ante el colapso de los juzgados en Barcelona, el Gobierno ha pactado aumentar el número de jueces entre 2026 y 2027 para garantizar que las nuevas penas se apliquen con rapidez y no queden diluidas por retrasos procesales
Jesús Sanchez, en presencia de Jaume Collboni, alcalde de Barcelona y Maria Jesús Pesqueira , responsable Instituto I+Dret (Barcelona, Madrid y Málaga presenta las propuestas de la abogacia sobre ocupación y multirreincidencia. Era marzo del 2024
Un grupo de juristas de apoyo
Por su parte, Jesús Sánchez, decano emérito del ICAB de Barcelona ha impulsado en los últimos años un grupo de trabajo para presentar propuestas legislativas en materia de ocupación y multitreincidencia. Subraya especialmente la colaboración de Vicente Magro, magistrado de la Sala Segunda del Supremo, la fiscal jefe de Barcelona Neus Pujals y los abogados Emilio Zegrí y Jorge Navarro, este ahora vicedecano del ICAB, asi como el catedrático de Derecho Procesal Vicente Perez, como claves en el texto enviado a Junts, en colaboración con el Consell de la Abogacia Catalana y el CGAE tanto durante la presidencia de Victoria Ortega como ahora con la de Salvador González.
A su juicio de Jesús Sanchez el papel de Marta Madrenas, diputada de Junts ha sido clave para lograr este consenso, receptiva a nuestras sugerencias e impulsora de esa reforma. Luego la han apoyado Maria Jesús Moro del PP y Francisco Aranda del PSOE. Con esta nueva normativa se ofrecen instrumentos tanto a las fuerzas de seguridad del Estado como a jueces y fiscales para combatir más eficazmente esa pequeña delincuencia en la que hoy en día es un verdadero drama. En CCAA como Cataluña el hurto de carteras y móviles es diario. Al mismo tiempo se les da legitimación a los propios ayuntamientos para frenar esta impunidad que estamos sufriendo estos años.
La propuesta costa de unas medidas cautelares y seis enmiendas que plantean una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al regularse el artículo 544 bis que tiene un hondo calado en cuanto a las medidas cautelares de alejamiento y protección a la víctima. “En el aspecto sustantivo, se regula como entidad propia, fue una idea mía, el hurto de un móvil que se califica de grave. Eso es algo importante, independientemente del valor del móvil. El hurto del móvil no tiene precio desde luego. Esta iniciativa es la demostración de que cuando la abogacía aporta propuestas serias y constructivas, contribuye de forma decisiva a mejorar nuestro ordenamiento jurídico.”, comenta Sánchez.
