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Cada vez que un tribunal europeo o latinoamericano dicta una resolución sobre la entrega de un miembro de ETA reclamado por la justicia española, el debate sobre la extradición por terrorismo vuelve a la actualidad. Desde la transición democrática, España ha cursado decenas de solicitudes de extradición contra presuntos integrantes de la organización que se refugiaron en Francia, Bélgica, México, Venezuela o Cuba. El resultado ha sido desigual: algunas entregas se materializaron con celeridad; otras quedaron bloqueadas durante años por obstáculos jurídicos, políticos y diplomáticos que revelan las limitaciones estructurales del sistema internacional de extradición.

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