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El fraude con criptomonedas se ha convertido en una de las modalidades delictivas de mayor crecimiento en España. Según los datos de la Fiscalía General del Estado y los informes anuales del Centro Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), las denuncias por estafas vinculadas a activos virtuales se han multiplicado en los últimos tres años, con un perjuicio económico medio por víctima que supera con frecuencia los varios miles de euros. La Policía Nacional, a través de su Unidad de Investigación Tecnológica, y la Guardia Civil, a través del Grupo de Delitos Telemáticos (GDT), registran cada año centenares de operaciones contra redes organizadas de fraude bitcoin y ciberestafa con activos digitales.

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