Marcelino Tamargo, Abogado. Socio director de Espacio Legal
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley integral en materia de prevención del blanqueo de capitales. Sobre el papel, la norma nace con una premisa organizativa impecable.
En la práctica, es una vuelta de tuerca más en la maquinaria de una economía hiperregulada. Bajo la bandera indiscutible de la lucha contra el crimen organizado, el Estado avanza, de manera sigilosa pero implacable, hacia la intervención absoluta de la esfera económica personal y empresarial.
Como jurista, es de justicia reconocer los aciertos de técnica legislativa. La creación de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI) es una decisión racional y necesaria. Terminar con la bicefalia existente entre el SEPBLAC y la Secretaría de la Comisión, unificando inteligencia, inspección y sanción en un solo ente administrativo independiente, aporta la coherencia que exige el derecho moderno.
Asimismo, dotar a esta autoridad de independencia financiera —nutriéndose de tasas a los sujetos regulados y de un porcentaje de las sanciones— evita sobrecargar los presupuestos públicos, a la vez que aprovecha con inteligencia la estructura residual del FROB.
Es un diseño institucional eficiente. Sin embargo, este armazón brillante se ha construido para sostener un sistema que penaliza el libre comercio. El acierto orgánico se pierde, de manera lamentable, en el exceso normativo y la restricción de derechos a terceros.
La reforma consolida una anomalía jurídica que, de tanto aplicarse, hemos terminado por normalizar: externalizar las labores policiales en el sector privado. Lejos de facilitar la actividad económica, la ley amplía el perímetro de vigilancia y endurece los deberes de las empresas.
Como elementos destacados hay que mencionar: Cerco a la innovación tecnológica: Los proveedores de servicios de criptoactivos pasan a estar bajo la lupa estricta. La innovación inherente a las finanzas descentralizadas se somete al corsé preventivo del Estado.
Otro elemento a tener en cuenta es que se intensifica la vigilancia corporativa extrema: La inclusión de las sociedades holding como sujetos obligados y la exigencia implacable de recurrir al Registro Central de Titularidades Reales añaden burocracia paralizante al tráfico mercantil.
El empresario debe vigilar sus negocios aún más
Otro elemento a destacar de esta iniciativa legislativa tiene que ver con el llamado Riesgo sancionador y aversión comercial: Ante la amenaza de una ANIFI fortalecida, las empresas adoptarán, por supervivencia, políticas de "tolerancia cero". Esto se traduce en exigencias documentales desproporcionadas y bloqueos preventivos para cualquier cliente que se salga del molde.
El empresario ya no solo debe producir, generar empleo y tributar; ahora está obligado a vigilar, dudar y reportar. Se imponen unos costes de cumplimiento normativo (compliance) que lastran la competitividad empresarial en favor del control estatal.
El daño más profundo lo sufre el ciudadano de a pie. La ley parte de una premisa francamente perversa en un Estado de Derecho: la sospecha por defecto. Se restringen derechos individuales bajo el pretexto del bien común, penalizando conductas financieras legítimas.
En este escenario parece evidente que asistiremos al Fin de la privacidad financiera: La obligatoriedad de identificar de forma exhaustiva a los usuarios de criptoactivos elimina de facto el anonimato y la privacidad. La promesa de independencia financiera que trajo la tecnología blockchain queda sometida al control del regulador central.
Otra cuestión sobre la que incide esta nueva normativa antiblanqueo que ahora tendré que ser aprobada por el Parlamento es que recrudece la guerra contra el efectivo: Reforzar el control sobre los movimientos de dinero físico es intervenir directamente en la economía doméstica. Vigilar el fraccionamiento de pagos o establecer límites draconianos asume, peligrosamente, que el deseo de privacidad en el pago es, en sí mismo, un indicio de criminalidad.
Como elemento a tener en cuenta hay que indicar que esta propuesta apuesta por la Inversión de la carga de la prueba: En la práctica, el ciudadano que realiza una compra de alto valor, adquiere un inmueble o realiza una inversión, se ve abocado a una presunción de culpabilidad. Debe demostrar su inocencia y justificar el origen de cada céntimo ante unos sujetos obligados aterrorizados por el supervisor
En mi opinión, centralizar la supervisión era una buena idea; asfixiar la economía, no. Esta reforma es el paradigma de la hiperregulación contemporánea: partiendo de un fin legítimo, el Estado despliega una red de obligaciones a terceros y restricciones de derechos que convierte el libre mercado en un campo de minas burocrático.
Legislamos desde la desconfianza absoluta. Hemos creado una autoridad única y eficiente, sí, pero la hemos dotado de un marco legal que asume que todo capital es ilícito hasta que el ciudadano y la empresa logren demostrar lo contrario. Es un paso más hacia un panóptico financiero donde la pretendida seguridad del sistema se paga, irremediablemente, con la moneda de la libertad individual.
Como conclusión final, creemos que la reforma era necesaria parcialmente, porque es interesante unificar los órganos de gestión y control. La cuestión es que el resto no era necesario ni operativo, ni va a utilizarse para nada, solo para meter más mecanismos de control!
Desde un punto de vista práctico, habrá que ver cómo se hace que sea operativa dicha reforma, ya que traslada toda la responsabilidad a los operadores intermedios y eso es una auténtica chapuza como otras legislaciones que es lo que hacen es que la empresa y el particular y el empresario tengan que hacer de controladores de las operaciones financieras.
Al final, el problema de esta reforma de nuestro sistema de lucha contra el blanqueo de capitales es que es una forma más de controlar y de la ralentizar , la economía
