No pagar una deuda tributaria no constituye automáticamente un delito. La frontera entre un incumplimiento fiscal y una conducta penalmente perseguible depende de factores como la existencia de ocultación, la cuantía defraudada y el momento en que se regulariza la situación. El artículo 305 del Código Penal establece los requisitos para que una defraudación a la Hacienda Pública pueda convertirse en delito, con penas que pueden alcanzar los seis años de prisión en los supuestos más graves. Así lo explica Jorge Agüero Lafora, socio director de Fukuro Legal, en un análisis publicado en el blog del despacho.
El abogado penalista parte de una distinción fundamental: el delito fiscal no castiga el simple hecho de tener una deuda con la Administración, sino la conducta fraudulenta dirigida a evitar el pago de los tributos. En palabras de Agüero Lafora, «no castiga una deuda», sino la ocultación o alteración de los hechos que permiten determinar la obligación tributaria.
Por tanto, una persona que presenta correctamente sus declaraciones, reconoce lo que debe y no puede hacer frente al pago no comete por ese solo motivo este delito. La situación cambia cuando se ocultan ingresos, se falsean declaraciones, se simulan operaciones o se omite deliberadamente la presentación de información para eludir las obligaciones fiscales.
El umbral de 120.000 euros y las penas previstas
Uno de los elementos esenciales del artículo 305 es la cuantía. Para que exista delito fiscal en su modalidad básica, la cuota defraudada debe superar los 120.000 euros. No se trata de sumar todas las cantidades pendientes con Hacienda: el cálculo se realiza por cada tributo y periodo impositivo. En impuestos con periodos inferiores al año, como el IVA, se toma como referencia el año natural.
El delito puede cometerse tanto mediante una actuación activa, como presentar una declaración falsa, como por omisión, cuando el obligado tributario deja deliberadamente de declarar. Además, requiere dolo: no existe una modalidad imprudente, aunque puede apreciarse dolo eventual cuando el contribuyente se representa como muy probable que está defraudando y sigue adelante.
El tipo básico contempla penas de prisión de uno a cinco años y una multa que puede alcanzar seis veces la cantidad defraudada. También puede implicar la pérdida del derecho a obtener subvenciones, ayudas públicas y determinados beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de tres a seis años.
Regularizar a tiempo puede evitar el delito
Uno de los aspectos más relevantes del análisis de Fukuro Legal es la posibilidad de regularizar la situación tributaria. La normativa permite que el obligado tributario evite la responsabilidad penal si reconoce y satisface la deuda antes de determinados hitos procesales o administrativos.
En concreto, la regularización debe producirse antes de que la Administración notifique el inicio de actuaciones de comprobación o investigación sobre las deudas afectadas, antes de que se presente una querella o denuncia por los organismos legitimados o antes de que el juez comunique formalmente la apertura de diligencias.
El socio director de Fukuro Legal destaca la importancia de este momento, puesto que, una vez superados esos límites, el pago ya no elimina el delito. No obstante, si la regularización llega tarde, todavía puede existir una posibilidad de reducción de la pena: el tribunal puede rebajarla uno o dos grados si el investigado paga la deuda y reconoce los hechos dentro de los dos meses siguientes a su citación judicial.
Cuándo se considera un delito agravado
El artículo 305 bis recoge circunstancias que elevan la gravedad de la conducta. Entre ellas figuran que la cuota defraudada supere los 600.000 euros, que el fraude se cometa dentro de una organización o grupo criminal o que se utilicen estructuras interpuestas para ocultar al verdadero obligado tributario o dificultar la identificación de los responsables y las cantidades defraudadas.
En estos casos, las penas pasan a ser de dos a seis años de prisión, con multas del doble al séxtuplo de la cuantía defraudada. Además, el plazo de prescripción aumenta de cinco a diez años.
Empresas, administradores y asesores también pueden responder
El análisis de Agüero Lafora recuerda que la responsabilidad no siempre recae exclusivamente sobre la persona que figura como contribuyente. Cuando el obligado tributario es una sociedad, sus administradores o representantes pueden responder penalmente si se acredita su intervención. Asimismo, las personas jurídicas pueden ser responsables conforme al régimen previsto en el Código Penal.
Los asesores, testaferros u otros colaboradores también pueden ser considerados partícipes si inducen o cooperan de manera necesaria en la defraudación, aunque no sean los obligados tributarios.
Fukuro Legal advierte, además, de que el delito fiscal puede coincidir con otras infracciones penales, como el blanqueo de capitales, cuando se oculta o transfiere posteriormente la cuota defraudada. Por ello, la defensa debe examinar tanto el origen de los fondos como su trazabilidad.
La conclusión del despacho es que cada procedimiento exige estudiar la conducta concreta, el cálculo de la deuda, la posible regularización y la participación de cada implicado. Como recuerda el abogado, «la regularización a tiempo elimina el delito», de modo que actuar con rapidez y contar con asesoramiento especializado puede resultar determinante.
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