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Cuando alguien raya un coche, rompe un retrovisor o provoca cualquier otro daño doloso sobre un vehículo, la primera cuestión jurídicamente relevante que debe resolverse es aparentemente sencilla, pero en la práctica resulta decisiva: ¿estamos ante un delito leve o ante un delito menos grave? La respuesta a esa pregunta no solo determina el cauce procesal aplicable, sino las consecuencias penales para el investigado, las posibilidades de la acusación y los derechos del perjudicado. Y la respuesta, con más frecuencia de la deseable, depende de cómo se lea una factura de taller.

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