El Comité Ejecutivo Nacional de Vox aprobó el pasado 27 de diciembre de 2024 el presupuesto de la formación para el ejercicio 2025 mediante un procedimiento que ilustra, con crudeza casi didáctica, la tensión entre las exigencias de la gobernanza partidaria y la realidad de la toma de decisiones en tiempos de comunicación instantánea. Los 14 millones de euros de ingresos y gastos previstos recibieron el visto bueno de la cúpula en una conversación de WhatsApp que duró aproximadamente una hora, sin debate previo ni posterior, mediante mensajes que oscilaron entre el escueto "ok" y el emoji del pulgar hacia arriba en color amarillo.I. La formalidad democrática en la era del emoji
La escena, descrita en las conversaciones a las que ha tenido acceso la prensa, merece atención no tanto por su novedad tecnológica —las herramientas digitales han transformado irreversiblemente los procesos decisorios en todos los ámbitos— sino por lo que revela sobre la naturaleza del liderazgo y la distribución del poder en la formación de extrema derecha. Lo que se juzga aquí no es el medio empleado, sino la ausencia de sustancia en el procedimiento: la aprobación de un presupuesto sin conocimiento de su desglose, sin posibilidad de enmienda, sin el ejercicio de la función crítica que se supone inherente a cualquier órgano colegiado.
Debe tenerse en consideración que el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Disciplinario de Vox, como el de la mayoría de partidos políticos españoles, establece la competencia del Comité Ejecutivo Nacional para la aprobación de las cuentas anuales. Lo que la norma no especifica —y quizás debería— es el nivel de deliberación que debe preceder a esa aprobación. La ley de partidos políticos exige la presentación de cuentas auditadas y su publicidad, pero no regula los procedimientos internos de decisión, reservando esta materia a la autonomía estatutaria de cada formación.
II. La secuencia de una aprobación sin debate
El mensaje inicial del vicepresidente y secretario general, Ignacio Garriga, llegó al chat del Comité Ejecutivo Nacional a las 20:10 horas del viernes 27 de diciembre. El contenido era paradigmático de cierta forma de comunicación institucional: una solicitud de aprobación formulada como mero trámite, acompañada de un documento de dos páginas —la primera, portada; la segunda, un cuadro resumen de cifras— y la promesa de que el tesorero detallaría los contenidos en una reunión posterior. La temporalidad resultaba significativa: víspera de festivo, período vacacional, horario nocturno.
La respuesta de los miembros del Comité se produjo con una celeridad que excluía cualquier posibilidad de análisis. Rocío de Meer aprobó un minuto después de recibir el documento. José Ángel Antelo, a los dos minutos. Jorge Buxadé, a los tres. Montserrat Lluis, a los cuatro. En el plazo de una hora se alcanzó la mayoría absoluta de 10 votos, umbral suficiente dado que el Comité cuenta con 20 miembros y el voto del presidente desempata. La aprobación quedó consumada sin que ningún miembro hubiera formulado pregunta, observación o reserva.
Lo anterior me sugiere que estamos ante una ritualización de la decisión que vacía de contenido la participación de los órganos colegiados. El Comité Ejecutivo Nacional no funciona como espacio de deliberación, sino como instancia de ratificación de decisiones previamente tomadas. Los mensajes de aprobación —"apruebo", "aprobado", "ok", "de acuerdo", "adelante"— no expresan un juicio formado sobre el mérito de las cuentas, sino una adhesión performativa al liderazgo de Santiago Abascal, quien agradeció "el trabajo incansable y preciso" apenas se alcanzó la mayoría.
III. El símbolo del pulgar amarillo
Dos miembros del Comité, Reyes Romero y Javier Ortega-Smith, utilizaron el emoji del dedo pulgar hacia arriba en color amarillo para expresar su conformidad con el presupuesto. Este detalle, aparentemente anecdótico, merece reflexión porque ilustra la degradación semiótica de la aprobación presupuestaria. El pulgar ascendente, heredero de la cultura digital de las redes sociales, funciona aquí como reducción extrema de la función deliberativa: no se argumenta, no se valora, no se critica; se señala, se indica, se asiente.
El uso del emoji en contextos institucionales no es, por sí mismo, censurable. La economía de medios que caracteriza la comunicación digital puede coexistir con la profundidad del contenido. Lo problemático es la correlación inversa entre brevedad formal y sustancia procedimental: cuanto más escueta la forma de aprobación, más nula resulta la deliberación que representa. El pulgar amarillo no es causa de la vacuidad, sino síntoma de una vacuidad preexistente.
Considero que esta práctica de aprobación instantánea contrasta con la retórica de la participación y la democracia interna que las formaciones políticas suelen exhibir en sus documentos fundacionales. Vox, como partido que se presenta a sí mismo como alternativa a la "casta" y a sus métodos opacos, reproduce en su funcionamiento interno algunas de las patologías que critica en los demás: la concentración del poder, la marginalización de los órganos colegiados, la sustitución del debate por la aclamación.
IV. La promesa incumplida de la reunión de enero
El mensaje de Garriga prometía que el tesorero detallaría el presupuesto en la reunión que se celebraría en enero. Esta promesa, que podría haber salvado la legitimidad formal del procedimiento, no se cumplió según las fuentes consultadas en el seno del Comité. La reunión del 13 de enero en la sede de la calle de Bambú incluyó la presentación de otro documento PowerPoint, pero no el debate pormenorizado de las cuentas que habían sido aprobadas dos semanas antes.
La secuencia resulta reveladora: primero se aprueba, luego se informa. El orden inverso del procedimiento racional convierte la información en mera ilustración de una decisión ya irrevocable, no en elemento de una decisión pendiente. Los miembros del Comité que acudieron a la reunión de enero lo hicieron con las cuentas ya aprobadas, con su voto ya emitido, con su responsabilidad ya asumida. La información posterior no podía modificar la decisión anterior, solo confirmarla o, en el mejor de los casos, justificarla.
Hay que reseñar que esta práctica de aprobación previa y deliberación posterior —cuando existe— no es exclusiva de Vox. Numerosas organizaciones políticas, empresariales y sociales operan mediante mecanismos similares de ratificación formal de decisiones ejecutadas de facto. Sin embargo, la magnitud del presupuesto aprobado —14 millones de euros— y la trascendencia institucional de la formación justifican un nivel de escrutinio superior al proporcionado por un chat de mensajería instantánea.
V. El contexto financiero: préstamos húngaros y dependencia de subvenciones
El documento de dos páginas que sirvió de base para la aprobación contenía información relevante sobre la situación financiera de Vox. El 73% de los ingresos previstos —10,7 millones de euros— correspondían a subvenciones públicas, manteniendo la proporción del ejercicio anterior. El 27% restante provenía de aportaciones privadas. Esta estructura de ingresos resulta paradigmática de un partido que, aun proponiendo la eliminación de las subvenciones a los partidos políticos, no renuncia a ellas en su práctica presupuestaria.
El contexto inmediato de la aprobación incluía, además, dos préstamos obtenidos de la MBH Bank, entidad de la órbita del gobierno húngaro de Viktor Orbán. El primero, de 6,5 millones de euros en 2023, financió la campaña de las elecciones generales. El segundo, de 7 millones en 2024, cubrió los gastos de la campaña europea. La dependencia de financiación externa, vinculada a un gobierno extranjero de ideología afín, añade una dimensión de complejidad a la aprobación de las cuentas que el procedimiento seguido no pareció abordar.
Ello me obliga a deducir que la rapidez de la aprobación no respondió solo a la ausencia de cultura deliberativa en el partido, sino posiblemente a la conveniencia de evitar el escrutinio de estas dependencias financieras. Un debate genuino sobre las cuentas habría planteado interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo, sobre la condicionalidad de los préstamos, sobre la coherencia entre el discurso antisubvencionista y la práctica presupuestaria real. El procedimiento de aprobación exprés evitó estos interrogantes.
VI. La denuncia del papel decorativo del Comité Ejecutivo
Las fuentes consultadas en el seno del Comité Ejecutivo Nacional describen este órgano como "decorativo", como instancia que "no debate, no delibera, no decide nada". Esta caracterización, realizada bajo condición de anonimato por miedo a represalias, encuentra corroboración en la propia experiencia de Javier Ortega-Smith, quien en su carta de despedida tras ser cesado denunció que el Comité había dejado de ser "órgano de debate y reflexión" para convertirse en "órgano meramente decorativo que simplemente ratifica decisiones que otros han tomado previamente".
La consistencia entre estas denuncias internas y el procedimiento de aprobación presupuestaria documentado sugiere que estamos ante una estructura de poder centralizada, donde las decisiones reales se toman fuera de los órganos formales de dirección. La referencia a Kiko Méndez-Monasterio, asesor externo de Abascal, como "administrador de hecho" de Vox, indica que la formalidad estatutaria oculta una realidad de gobierno personalizado que elude los controles colegiados.
Asumo que esta concentración del poder no es ajena a la naturaleza del partido y a su modelo de liderazgo. La retórica de la "sumisión o expulsión", la denuncia del "sectarismo total", la descripción del ambiente como de "hiperliderazgo", apuntan a una organización donde la lealtad al líder sustituye a la crítica institucional como principio organizativo. En este contexto, la aprobación de cuentas mediante emoji no es anomalía, sino expresión coherente de una cultura política donde la deliberación se percibe como disidencia potencial.
VII. La legalidad formal frente a la legitimidad sustantiva
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la aprobación de las cuentas de Vox cumple los requisitos formales exigibles. El órgano competente se reunió —aunque fuera virtualmente—, se alcanzó la mayoría requerida, se documentó la decisión. La ausencia de regulación específica sobre los procedimientos de deliberación interna deja un margen de autonomía que el partido ha utilizado de manera amplia.
Sin embargo, la legalidad formal no garantiza la legitimidad sustantiva de la decisión. La legitimidad, en el ámbito de la gobernanza partidaria, deriva de la correspondencia entre la estructura de poder formal y la real, entre la retórica de la participación y la práctica de la exclusión. Un partido que presenta su estructura como alternativa democrática a la "casta" incurre en contradicci ón evidente cuando su funcionamiento interno reproduce, o incluso intensifica, las patologías que denuncia en los demás.
La aprobación de 14 millones de euros mediante mensajes de WhatsApp, sin conocimiento del desglose presupuestario, sin posibilidad de enmienda, sin debate posterior, ilustra esta contradicción. No se trata de que el procedimiento sea ilegal, sino de que resulta indigno de una formación que aspira a gobernar instituciones democráticas. La incapacidad para deliberar internamente sobre las cuentas propias no augura capacidad para gestionar con transparencia los presupuestos públicos.
VIII. Reflexiones finales: sobre una desmitificación necesaria
Concluyo estas páginas con una reflexión que trasciende el caso concreto de Vox. La desmitificación de los procedimientos de aprobación de cuentas en los partidos políticos resulta necesaria porque estos procedimientos son el espejo en el que se refleja su compromiso real con la transparencia y la participación. La retórica de la regeneración democrática debe contrastarse con la práctica de la toma de decisiones, y esta práctica, en el caso documentado, resulta deficitaria.
El uso de herramientas digitales para la deliberación política no es el problema; lo es la utilización de estas herramientas para evitar la deliberación, para acelerar la ratificación de decisiones preacordadas, para simular participación donde existe obediencia. El emoji del pulgar amarillo, en este sentido, funciona como metáfora de una democracia reducida a gesto, de una gobernanza que confunde la señalización con la decisión.
Entiendo que la ciudadanía tiene derecho a exigir de los partidos que aspiran a representarla no solo legalidad en sus procedimientos, sino también apertura en sus prácticas, debate en sus órganos de dirección, escrutinio de sus decisiones económicas. La aprobación de cuentas anuales no debería ser trámite administrativo, sino momento de rendición de cuentas interna, de evaluación de la gestión, de planificación estratégica compartida.
La experiencia de Vox, documentada en estas conversaciones de WhatsApp, ofrece una lección de lo que no debe ser: la reducción de la gobernanza partidaria a chat grupal, de la deliberación a reacción refleja, de la responsabilidad colegiada a adhesión individual. Una lección que, esperemos, otros partidos políticos sean capaces de aprender sin necesidad de replicar el procedimiento.