Noelia Liduina Rebón Rodríguez
Noelia Rebón, una abogada volcada a luchar contra el acoso escolar: “Los colegios no cumplen con los protocolos antiacoso que marca la ley” (Imagen cedida)
- Esta jurista ha logrado una sentencia que subraya la responsabilidad patrimonial de un instituto público de Ibiza
Con más de veinte años a sus espaldas como abogada experta en temas de acoso escolar, Noela Liduina Rebón es la responsable jurídica de la asociación Trencats, creada en el 2021 por Jose Manuel López, padre de Kira, joven que se quitó la vida el 19 de mayo del 2021 tras sufrir acoso escolar. Ahora acaba de lograr que el TSJ de Baleares en su sentencia 312/2025 de 10 de julio establezca la responsabilidad patrimonial de un instituto publico de Ibiza ante la inacción ante un caso de acoso escolar.
Para esta jurista “hemos avanzado poco en estos veinte años. En los colegios observamos una mezcla de incompetencia, falta de recursos y de poca formación. Todo esto aparece en los distintos asuntos de acoso escolar que surgen. En la actualidad estoy llevando tres suicidios de menores. En todos ellos no se aplicó el protocolo antiacoso que los centros escolares están obligados por ley a impulsarlos como señala la LOPIVI de junio del 2021. Tenemos que diferenciar entre colegio concertado y privado, son diferentes a la hora reclamar, los concertados tienen personalidad jurídica propia, con los cuales deben interponer una demanda civil”.
Trencats nació con el objetivo de conseguir dotar a España de una ley específica para atajar el acoso escolar y la violencia en las aulas. En la actualidad el acoso es un apartado en la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia. Para lograrlo, en 2022, enviaron a la ministra de Educación, Pilar Alegría, una petición acompañada de 225.000 firmas. Sin embargo, la ley no ha llegado. “Ante la inacción gubernamental, los afilados a Trencats tienen prevista una concentración frente al Congreso de los Diputados el 6 de noviembre, día contra el acoso escolar y ciberbullying, para volver a exigir la ley a Alegría”, aclara.
Sin embargo, Noelia señala que “en los colegios públicos el responsable es la administración, es el caso de la sentencia antes comentada. Hablamos de un instituto público de Ibiza cuya indemnización lograda de 20.000 euros nunca cubre todo el daño que ha sufrido. Lo lógico es que hubiera un único protocolo para todos los colegios, eso favorecería su aplicación. Al mismo tiempo reclamamos una Ley Nacional contra el acoso escolar por eso organizamos la concentración del próximo 6 de noviembre. Los menores utilizan pantallas sin control y tienen acceso a muchos contenidos violentos y sexuales. Esperamos que se apruebe rápido una ley sobre la protección de los menores en el entorno digital”.
Frente a esta situaciones de acoso laboral, el abogado experto en compliance Carlos Gómez-Jara y el magistrado de la Sala Segunda, Vicente Magro, hablaron en el ICAM de Madrid, de impulsar programas de compliance para prevenir el acoso escolar e incorporar la responsabilidad penal de las personas jurídicas a los centros escolares que desarrollase la LOPIVI ley 8/2021 de protección a la infancia y adolescencia. “Creo que es una buena iniciativa la que plantean. Ahora se puede ir por la via penal contra los colegios, por comisión por omisión, sobre todo contra la dirección o la persona responsable del centro. A la vista está que la situación ha empeorado progresivamente”, dice Noelia.
Noelia es la abogada de la Plataforma Trencats (Trencats), creada por los padres de Kika, otra joven que se suicidio. El 6 de noviembre se concentrarán en el Congreso de los Diputados para pedir una Ley contra el Acoso Escolar (Imagen cedida por Noelia Rebón
Una sentencia importante
Sobre la sentencia de Baleares, que explicaba hace unos días en un articulo en este medio “va a marcar un antes y un después en la lucha contra el acoso escolar identifica que la víctima se defendía, En muchos casos que llevamos a tribunales se suele equiparar esa victima a sus agresores, habla de conflicto entre iguales. En la sentencia se da por probado que fue el colegio quien no detecto este acoso y que repeler una agresión no es equiparable a ser la persona que agredes. Fue un caso largo, no se aplicó el protocolo de forma inmediata. En el segundo curso es cuando se aplica. Al final se logra una indemnización de 20.000 euros frente a los 50.000 que pedíamos”.
Noelia es una de las primeras juristas que vio en el acoso escolar una lacra contra la que luchar “el primer caso fue el del joven Jokin de 14 años en Hondarribia donde se quitó la vida. Se hizo visible este tipo de asuntos. Las primeras sentencias surgen en el 2004 y 2005. Han pasado veinte años y pese a la jurisprudencia existente sigue sin haber armas para luchar contra el acoso escolar. Ahora la situación ha ido a peor. Llegó internet y este tipo de prácticas se han recrudecido por el ciberacoso. Con la llegada de la IA se complica aun mas como el caso de los cuatro menores de Almendralejo que acosaron a un compañero con este tipo de tecnología”.
En opinión de esa jurista “pese a la entrada en vigor de la LOPIVI, norma pionera en nuestro entorno como legislación integral para la protección del menor, no hemos avanzado mucho. Esta norma sobre protección y reparación del daño del menor introducía una figura como es la del Coordinador de Bienestar y Protección en los centros escolares. A la vista está que no funciona. Debería ser alguien externo al centro para que pudiera hacer su trabajo con garantías y estuviera mejor formado. En cuanto a los protocolos antiacoso se utilizan poco, lo aplica el propio colegio que es, entonces juez y parte”.
Desde su punto de vista “hay que hacer una reforma en el plano educativo sobre estas cuestiones y endurecer el actual régimen sancionador. En el tema de la joven Sandra Peña, también víctima mortal del acoso, ya se está hablando que el colegio, que no activo ese protocolo, pudiera perder ese concierto educativo. Con esas medidas los centros docentes serían mas diligentes. En este caso, las acosadoras al tener catorce años tienen responsabilidad penal. Es factible que el asunto se lleve por la Fiscalía de Menores, al mismo tiempo en este tipo de casos se puede pedir la responsabilidad civil solidaria tanto al centro escolar como a los padres de las acosadoras”.
Faltan medidas contundentes
Para Noelia, “la situación es grave y hay que tomar medidas contundentes. No puede ser que, a los acosadores, en infracciones muy graves, solamente se le eche tres días a su casa. Podrían ser expulsados del centro escolar y comunicar su comportamiento a Fiscala. El expediente disciplinario en este tipo de situaciones debe aplicarse con rigor y que tenga consecuencias. Las familias de las víctimas están sobrepasadas, sin ayudas ni apoyo porque los colegios no les ayudan casi en nada. Hay que evitar que se vuelvan a evitar este tipo de cuestiones y que los protocolos antisuicidio se apliquen directamente. La violencia en las aulas es muy recurrente, por eso se creó Trencats”.
Pese a que ha habido muchas sentencias condenatorias, Noelia confiesa que “aún nadie ha ido a la cárcel por un tema de acoso escolar. En muchos de los casos les libra el hecho de que son menores, En cuanto a las indemnizaciones son escasas y no reparan el daño causado a esa persona y a su familia. Las habituales están entre 20.000 o 25.000. Pero esto no es lo más importante. Los padres no quieren dinero sino una compensación a su dolor en procesos judiciales complejos que desgasta mucho. En el asunto de Baleares se logró la sentencia tras seis años y ya es firme. No hay aun fallos del Supremo, interpuse dos recursos que no fueron admitidos a trámite. Seria bueno que existiera esa jurisprudencia que unificara criterios”.
Ser abogado especializado en acoso escolar no es tarea fácil. “En este segmento de especialización no somos muchos los abogados que nos dedicamos a ello. Tienes que saber un poco de psicología, estar al día del derecho administrativo, por los procedimientos sancionadores que hablamos, conocer bien la vía penal donde se puede reclamar a adultos y a menores y la vía de reclamación puramente civil que en colegios concertados públicos y privados se puede implementar para llegar a la vía de reclamación de responsabilidad patrimonial, como ha surgido en este caso de Baleares antes mencionado. Debería ser todo más ágil, pero en ocasiones el colegio lo quiere tapar todo “.
