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Vanessa Balboa Sánchez, abogada y diputada de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB)
 

Muy lejos queda el primer ‘Día Internacional de los Trabajadores’, o 1 de mayo, allá por 1889 en París, un hito en el que la reivindicación fundamental fue la de empezar a gestar una jornada de trabajo de ocho horas bajo el lema “Ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de ocio”.

Arrancaba un movimiento que en el siglo XX consiguió que el 1 de mayo además de ser una jornada reivindicativa, se haya convertido en un día festivo en muchos países.

Cada uno de los planteamientos de los movimientos sindicales y sociales sobre los derechos y libertades de las personas trabajadoras se ha venido acompasando con la propia historia y evolución de la sociedad. Hemos pasado de la conquista de un salario mínimo y de los derechos de la seguridad y salud en el trabajo, hasta la desconexión y los derechos digitales de las personas trabajadoras.

Todas las reivindicaciones han tenido acomodo y justificación en el entorno industrial en el que ha nacido.

Nuestro contexto actual, el de la era de la digitalización, nos exige ir más allá de la exigencia de un catálogo de derechos, debemos centrar el debate: en las personas, no debemos perder de vista la perspectiva de la humanización del empleo. Pura contradicción con conceptos como automatización de procesos, IoT, machine learning, y otras herramientas de Inteligencia Artificial.

Al hilo de lo anterior, en otros países vecinos como Francia, este primero de mayo llevará a sus calles la reivindicación por la paz y la libertad, muestra de las inquietudes sociales y políticas actuales. En Alemania, las manifestaciones se centrarán en la defensa de las personas y de sus puestos de trabajo.

Actualmente, los movimientos geopolíticos, polarizaciones y extremismos políticos e ideológicos nos llevan a reflexionar sobre el deber de garantizar la salvaguarda de los derechos conquistados.

En nuestro país tenemos que hacerlo bajo el paraguas de una normativa jurídico-laboral dispersa, materias hiperreguladas que no dejan paso a la flexibilidad y celeridad del momento que vivimos y que no está acompasada bajo los nuevos paradigmas de nuevas actividades económicas.

Agentes sociales, empresariales y los propios profesionales del Derecho laboral somos protagonistas esenciales y elementos clave en tan compleja tarea. Las relaciones laborales se enmarcan en un claro escenario de inseguridad jurídica. El legislador y la situación de nuestros Juzgados y Tribunales del Orden Social no nos lo están poniendo nada fácil.

 

El 1 de mayo se ha convertido también en un acto reivindicativo de derechos sociales, más allá de la esfera puramente laboral. También queda mucho por hacer en el acceso a derechos básicos de la ciudadanía, tan cruciales como el acceso a la vivienda, igualdad de género y diversidad, la violencia contra las mujeres o el sinhogarismo.

Es preciso reivindicar también bajo estas líneas como un derecho laboral fundamental, el acceso a una jubilación digna y justa de aquellos abogados y abogadas mutualistas alternativos. Cuestión especialmente sensible que requiere de una fórmula y respuesta rigurosa y con garantías, nada fácil, pero que no puede admitir más dilaciones.

Los avances logrados y el sistema actual normativo laboral es el fruto también de la lucha por los derechos laborales, libertades públicas y de figuras como Francesc Casares i Potau, uno de los abogados laboristas más relevantes de Catalunya, respecto del que el próximo año 2027 celebraremos el centenario de su nacimiento.

Francesc Casares mantuvo un firme compromiso cívico y social a través del ejercicio de la Abogacía y la lucha por la democracia: mantengamos firme su espíritu y convicción, derechos y democracia.

Finalmente, desde la Abogacía de Barcelona reivindicamos el consenso y diálogo como pilares fundamentales para la generación de espacios de encuentro y de una sociedad de Derecho.

Entre todos, hagamos que cada día sea 1 de mayo.