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Prescindir de una empleada del hogar que carece de autorización para trabajar en España no elimina las obligaciones laborales del empleador. De hecho, comunicar el despido verbalmente y sin justificar los motivos puede terminar generando una factura muy superior a la indemnización habitual. Así lo analiza Arturo Ortiz del despacho AJM Abogados en su blog, a través de un caso judicial que pone de manifiesto los riesgos económicos de gestionar incorrectamente la extinción de una relación laboral doméstica.

El asunto tiene su origen en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 6 de marzo de 2025, relativa a un empleador de Gavà que decidió prescindir de una trabajadora interna de nacionalidad colombiana, encargada de cuidar a un familiar. La empleada no tenía autorización para trabajar en España y tampoco existía un contrato formalizado por escrito. El empleador simplemente le comunicó que no volviera.

El resultado fue una condena de 2.956 euros en concepto de indemnización y otros 18.537 euros correspondientes a salarios de tramitación. En total, más de 21.000 euros. El abogado Arturo Ortiz Hernández, autor del artículo, destaca que «lo caro fueron los 431 días que pasaron entre el despido y la sentencia», un período durante el cual se acumularon los salarios que finalmente tuvo que abonar el empleador.

La ausencia de contrato no significa que no existan derechos laborales

Uno de los errores más frecuentes consiste en pensar que, si no hay contrato escrito ni autorización de trabajo, tampoco existe una relación laboral que pueda reclamarse judicialmente. Sin embargo, el Estatuto de los Trabajadores presume la existencia de un contrato cuando una persona presta servicios por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización de otra.

Además, el artículo 36.5 de la Ley de Extranjería establece que la falta de autorización administrativa para trabajar «no invalidará el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero».

Por tanto, una empleada del hogar en situación administrativa irregular puede reclamar sus derechos laborales. Para acreditar la relación pueden utilizarse conversaciones de WhatsApp, fotografías, testimonios de vecinos y otros elementos que demuestren la prestación de servicios.

AJM Abogados advierte de que incluso un mensaje aparentemente informal como «no vuelvas mañana» puede convertirse en una prueba del despido. Si no existe una comunicación formal que explique los motivos de la decisión, el empleador pierde una oportunidad fundamental para defender su actuación.

Por qué el despido verbal puede resultar especialmente costoso

Desde la reforma de 2022, las empleadas del hogar tienen derecho a una indemnización de 33 días de salario por año trabajado cuando el despido se declara improcedente.

La situación presenta una particularidad cuando la trabajadora carece de permiso de trabajo: el empleador no puede readmitirla, aunque quisiera hacerlo, porque estaría contratando nuevamente a una persona sin autorización.

Como recoge el abogado Arturo Ortiz Hernández, la readmisión «deviene imposible so pena de transgredir el régimen normativo de extranjería». En consecuencia, el juzgado puede declarar extinguida la relación laboral en la fecha de la sentencia y condenar al empleador a pagar los salarios de tramitación generados durante todo el procedimiento.

La carta de despido como herramienta de protección

El Real Decreto 1620/2011 permite extinguir la relación laboral especial del servicio del hogar familiar por determinadas causas, como la disminución de ingresos, el aumento de gastos, cambios sustanciales en las necesidades familiares o una pérdida de confianza razonable y proporcionada.

Para ello, la decisión debe comunicarse por escrito, indicando de manera clara la causa de la extinción. También debe ponerse a disposición de la trabajadora una indemnización de 12 días de salario por año trabajado, con un máximo de seis mensualidades, y respetarse un preaviso de 20 días si la antigüedad supera el año o de siete días en los demás casos.

Existe además una protección específica para las trabajadoras internas: salvo que concurra una falta muy grave, no se les puede comunicar la extinción entre las cinco de la tarde y las ocho de la mañana.

El despacho insiste en que «la carta no es un seguro. Es la única posibilidad». Una comunicación genérica o basada en motivos que no puedan acreditarse también puede terminar en una declaración de improcedencia.

Falsificar documentación puede agravar el problema

El artículo advierte asimismo de los riesgos de intentar regularizar la relación mediante nóminas ficticias, fechas modificadas o documentos que aparenten un alta inexistente. Estas prácticas pueden agravar la situación y abrir la puerta a otras responsabilidades.

El artículo 312.2 del Código Penal contempla penas de prisión de dos a cinco años para quienes empleen a ciudadanos extranjeros sin autorización en condiciones que perjudiquen sus derechos laborales.

Por otra parte, el artículo 54.1.d) de la Ley de Extranjería contempla sanciones de entre 10.001 y 100.000 euros por determinadas contrataciones de trabajadores extranjeros sin autorización. La valoración dependerá de las circunstancias concretas.

Negociar antes de llegar a los tribunales

Arturo Ortiz Hernández considera que estos conflictos deberían abordarse mediante una negociación temprana. Una carta correctamente preparada, acompañada de una propuesta de acuerdo, puede facilitar una solución sin necesidad de afrontar un procedimiento judicial prolongado.

También plantea la posibilidad de estudiar una regularización mediante el arraigo sociolaboral cuando se cumplan los requisitos legales y exista voluntad de mantener la relación laboral.

La conclusión de AJM Abogados es clara: evitar cualquier rastro documental no protege al empleador. Al contrario, puede dejarlo en una posición mucho más desfavorable. Analizar cada caso, documentar correctamente la extinción y contar con asesoramiento jurídico antes de tomar decisiones puede evitar que un despido aparentemente sencillo termine convirtiéndose en una importante carga económica.

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