JUC


Las deudas con la Seguridad Social no siempre se quedan en el ámbito administrativo. Determinadas conductas fraudulentas relacionadas con el impago de cotizaciones, la obtención indebida de prestaciones o el uso de bonificaciones pueden derivar en responsabilidades penales, con consecuencias que afectan tanto a las empresas como a sus administradores. Así lo analiza Alvarez Abogados Tenerife en su blog, donde aborda los supuestos en los que estas actuaciones pueden constituir delito, las penas previstas y las principales estrategias de defensa jurídica.

El despacho recuerda que el delito contra la Seguridad Social está regulado en los artículos 307, 307 bis y 307 ter del Código Penal. La frontera entre una infracción administrativa y una conducta penalmente relevante depende de factores como la cuantía defraudada, la existencia de engaño, la forma de actuar y las circunstancias concretas del caso. No cualquier deuda o impago implica automáticamente la comisión de un delito.

Cuándo una conducta puede constituir delito

Entre los supuestos que recoge la legislación penal se encuentra la elusión del pago de cuotas y conceptos de recaudación conjunta, siempre que se superen los umbrales económicos legalmente establecidos. En el tipo básico del artículo 307, la cuantía defraudada debe exceder de 50.000 euros en el período de cuatro años naturales previsto por la norma.

También puede constituir delito la obtención indebida de devoluciones o el disfrute de deducciones y bonificaciones cuando se consigue mediante actuaciones fraudulentas. A ello se suma el cobro irregular de prestaciones, por ejemplo, a través de la simulación de relaciones laborales, la ocultación de ingresos o la presentación de información falsa.

Alvarez Abogados Tenerife subraya que «la ley exige unos requisitos estrictos» para que una conducta pueda elevarse a la categoría de delito penal. La valoración de esos requisitos resulta esencial, puesto que el incumplimiento de obligaciones con la Administración no debe confundirse automáticamente con una defraudación penal.

Penas de prisión, multas y consecuencias para las empresas

Las consecuencias de una condena pueden ser especialmente graves. En el supuesto básico del artículo 307 del Código Penal, las penas contemplan prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada, además de la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y de disfrutar de determinados beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años.

El tipo agravado, previsto en el artículo 307 bis, puede aplicarse cuando la cuantía defraudada supera los 120.000 euros, cuando el fraude se comete en el seno de una organización o grupo criminal o cuando se utilizan personas interpuestas, sociedades pantalla u otros mecanismos para ocultar a los responsables. En estos supuestos, las penas pueden alcanzar de dos a seis años de prisión, con consecuencias adicionales.

La responsabilidad no se limita necesariamente a las personas físicas. Las sociedades también pueden responder penalmente cuando concurren los presupuestos legales para ello. En función del delito y de las circunstancias, pueden imponerse sanciones como multas, suspensión de actividades, clausura de locales, prohibiciones de determinadas operaciones o, en los supuestos más graves, la disolución de la entidad.

El despacho advierte de que una investigación penal puede comprometer la continuidad de una compañía, su patrimonio y la actividad de sus responsables, por lo que considera fundamental analizar las contingencias jurídicas antes de que el procedimiento avance.

Las estrategias de defensa frente a una acusación

El artículo aborda distintas vías que pueden resultar relevantes en la defensa de empresarios, administradores y sociedades investigados. Una de ellas es la regularización de la situación antes de que se produzcan determinados actos de comprobación o persecución penal, siempre que se cumplan las condiciones legalmente previstas. La regularización completa, en los términos del Código Penal, puede excluir la responsabilidad penal por estos delitos.

Otra línea de defensa consiste en revisar la cuantía atribuida al fraude. Las liquidaciones, los períodos computados, las cuotas realmente exigibles y los cálculos efectuados por los organismos públicos pueden ser objeto de análisis técnico y pericial. Una discrepancia sobre la cantidad defraudada puede resultar determinante, especialmente cuando afecta a los umbrales que delimitan el delito o sus modalidades agravadas.

Asimismo, la existencia de intención defraudatoria constituye un elemento que debe examinarse en cada caso. El despacho plantea que situaciones de insolvencia, dificultades de liquidez o imposibilidad material de hacer frente a las obligaciones pueden ser relevantes para valorar la conducta, aunque por sí solas no excluyen automáticamente la responsabilidad penal.

La importancia de una defensa penal económica especializada

Alvarez Abogados Tenerife insiste en la necesidad de estudiar individualmente cada expediente, revisar la documentación contable y laboral y analizar las actuaciones de la Administración, con el objetivo de determinar si se cumplen los elementos del delito y qué alternativas procesales existen.

El artículo pone de relieve que una acusación por fraude a la Seguridad Social puede tener consecuencias que trascienden la sanción económica, afectando a la actividad empresarial, al patrimonio de los responsables y a su libertad personal. Por ello, la revisión de las pruebas, la correcta delimitación de la cuantía y el análisis de la intencionalidad pueden ser aspectos centrales de la defensa.

VER POST