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La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Laila Medina, ha propuesto que se declare que facilitar datos personales y consentir su explotación comercial puede constituir una forma de pago a efectos del Derecho de consumo de la UE, aun cuando el usuario no abone cantidad económica alguna. En consecuencia, un servicio no debería presentarse como «gratuito» cuando se exige la entrega de datos con fines comerciales, salvo que el tratamiento responda exclusivamente a garantizar la prestación del propio servicio o al cumplimiento de obligaciones legales.

El litigio tiene su origen en febrero de 2015, cuando la página de registro de Facebook —gestionada en la Unión Europea por Meta Platforms Ireland— incorporaba la mención «Facebook es gratis y lo será siempre». La Federación de Organizaciones y Asociaciones de Consumidores de Alemania impugnó esa afirmación al entender que la plataforma no era gratuita, dado que los usuarios aportan sus datos personales y consienten su uso comercial a cambio del acceso. Tras la desestimación de su pretensión por órganos judiciales alemanes —que limitaron la prohibición de calificar de gratuito un servicio a los supuestos con coste dinerario—, el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal alemán planteó la cuestión prejudicial ante el TJUE.

Valor económico de los datos y coherencia en el Derecho de la Unión

En su análisis, la Abogada General considera que la prohibición de presentar un producto o servicio como «gratuito» cuando media un pago no restringe necesariamente la contraprestación al dinero. Atendiendo al contexto, las distintas versiones lingüísticas y los objetivos de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, así como a la jurisprudencia previa del Tribunal de Justicia, señala que la contrapartida puede adoptar formas distintas del numerario siempre que posea valor económico y exista un vínculo cierto con la práctica comercial.

Desde esta perspectiva, la información personal facilitada por los usuarios, unida al consentimiento para su aprovechamiento comercial, reviste valor económico para el operador de una red social al permitirle obtener ingresos publicitarios y financiar el servicio, sin que el hecho de que el usuario conserve sus datos impida apreciar esa contraprestación.

Asimismo, Laila Medina subraya la necesidad de coherencia con otras normas europeas de consumo y contratación digital —como las directivas sobre contratos de suministro de contenidos y servicios digitales y sobre derechos de los consumidores—, que contemplan modelos en los que se accede a servicios digitales mediante la entrega de datos personales en lugar de dinero. A su juicio, resultaría incoherente apreciar una contraprestación en esos marcos normativos y permitir, al mismo tiempo, que el servicio se anuncie como gratuito bajo la normativa sobre prácticas comerciales desleales. Además, advierte de que limitar el concepto a pagos dinerarios debilitaría la protección del consumidor en la economía digital, donde puede no percibirse el alcance de la explotación publicitaria de los datos, y recuerda que las prácticas prohibidas en cualquier circunstancia —como calificar de gratuito un servicio cuando se exige pago— no requieren acreditar caso por caso que el consumidor medio haya sido inducido a error.

Respuesta a las objeciones de Meta y alcance de las conclusiones

En sus conclusiones, la Abogada General desestima los planteamientos defendidos por Meta. En primer lugar, indica que el carácter exhaustivo de la lista de prácticas prohibidas en cualquier circunstancia —reservada a la modificación del legislador— no impone interpretar de forma restrictiva los términos empleados para describirlas.

En segundo lugar, sostiene que el Reglamento general de protección de datos (RGPD) no desplaza ni excluye la Directiva sobre prácticas comerciales desleales: mientras el RGPD disciplina la licitud y transparencia del tratamiento de datos personales, la Directiva controla la veracidad de las comunicaciones comerciales, aplicándose ambas normativas de manera acumulativa. En tercer lugar, afirma que esta lectura no vulnera la libertad de empresa ni la libre prestación de servicios, ya que las compañías conservan la facultad de ofrecer servicios a cambio de datos personales, con el único límite de no calificarlos como «gratuitos» cuando se exige dicha contraprestación.

Como es habitual en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las conclusiones de la Abogada General no son vinculantes para los magistrados, que deberán dictar su resolución en una fase posterior.