Las empresas tendrán que revisar sus servicios de atención al cliente para adaptarlos a un nuevo marco legal que busca mejorar la protección de los consumidores, reducir los tiempos de espera y garantizar una atención más accesible y eficaz. La Ley 10/2025, de 26 de diciembre, establece una serie de requisitos obligatorios para determinados sectores y grandes compañías, que disponen hasta el 28 de diciembre de 2026 para adecuar sus sistemas. Así lo explica el despacho Kernel Legal en su blog, donde analiza el alcance de la denominada Ley de Servicios de Atención a la Clientela (Ley SAC) y los principales cambios que deberán incorporar las organizaciones afectadas.
La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 27 de diciembre de 2025 y en vigor desde el día siguiente, pretende establecer unos estándares mínimos de calidad en la relación entre empresas y consumidores. Su finalidad es que reclamar, resolver una incidencia o solicitar información no se convierta en un proceso complicado, lento o inaccesible.
Kernel Legal destaca que la regulación no afecta indiscriminadamente a todas las empresas, sino que establece su aplicación en función de la actividad desarrollada y del tamaño de la organización.
Qué empresas están obligadas a cumplir la nueva ley
La normativa incluye, con independencia de su tamaño, a los prestadores de servicios básicos de interés general. Entre ellos figuran las compañías de suministro de agua, gas y electricidad, las empresas de transporte de viajeros, los servicios postales y determinados operadores de telecomunicaciones y servicios financieros, sin perjuicio de la aplicación preferente de sus normativas sectoriales.
También quedan incluidas las empresas y grupos de sociedades que vendan bienes o presten servicios dirigidos principalmente a consumidores y que cumplan alguno de estos tres criterios: contar con al menos 250 trabajadores, superar los 50 millones de euros de facturación anual o disponer de un balance anual superior a 43 millones de euros.
El despacho recuerda que las obligaciones se aplican independientemente de que la atención se gestione directamente o mediante una empresa externa. Tampoco importa que el contacto se produzca por teléfono, correo electrónico, internet u otros canales.
Atención humana frente a los sistemas automatizados
Uno de los cambios más relevantes es la obligación de garantizar que los consumidores puedan hablar con una persona física en tiempo real. Las empresas podrán seguir utilizando chatbots, contestadores automáticos y otros sistemas tecnológicos, pero estos no podrán constituir el único medio de atención.
La posibilidad de contactar con un agente deberá estar disponible desde el menú principal del teléfono y durante cualquier momento de la interacción. Además, la persona que atienda tendrá que identificarse al comienzo de la conversación.
La ley también introduce límites concretos a los tiempos de espera. Las compañías deberán garantizar que el 95 % de las solicitudes de atención personalizada se resuelvan, de media, en menos de tres minutos desde que el consumidor solicita hablar con una persona. Tampoco podrán interrumpir una comunicación simplemente porque el tiempo de espera sea elevado.
Otro derecho importante es la posibilidad de escalar una reclamación cuando el cliente no esté satisfecho con la atención recibida. En ese caso, podrá solicitar que se transfiera la comunicación a un supervisor o a un departamento de calidad. Esta atención deberá producirse durante la misma llamada o, si no es posible en menos de tres minutos, mediante un contacto posterior dentro del mismo día laborable.
Quince días para resolver reclamaciones
La Ley SAC establece que las consultas, quejas, reclamaciones e incidencias deberán resolverse lo antes posible y, como máximo, en un plazo de 15 días hábiles, salvo que exista una normativa sectorial que establezca otro período.
Kernel Legal destaca que las respuestas no podrán limitarse a contestaciones genéricas, sino que deberán estar motivadas y ofrecer una solución adecuada a la cuestión planteada. Además, las empresas tendrán que proporcionar una clave identificativa y un justificante por escrito de aquellas comunicaciones que requieran actuaciones posteriores.
En cuanto al coste, utilizar el servicio telefónico de atención al cliente no podrá resultar más caro que una llamada a un número geográfico fijo o móvil estándar. Cuando exista un número de tarificación especial, deberá facilitarse una alternativa con un coste equivalente al de una llamada ordinaria.
La disponibilidad también dependerá de la actividad. Las compañías que presten servicios básicos de interés general de forma continuada deberán ofrecer atención durante las 24 horas del día y todos los días del año para comunicar incidencias relacionadas con la continuidad del servicio. En los demás casos, el horario podrá ajustarse al horario comercial de la empresa.
Accesibilidad, formación y evaluación de la calidad
La nueva regulación presta especial atención a las personas consumidoras vulnerables. Los servicios deberán diseñarse siguiendo criterios de accesibilidad universal, igualdad de trato y no discriminación, ofreciendo alternativas adaptadas a las necesidades de personas con discapacidad o de edad avanzada.
También se reconoce el derecho a utilizar distintos canales para presentar consultas y reclamaciones. Las empresas deberán admitir, al menos, la vía postal, telefónica y electrónica, además del mismo canal mediante el que se inició la relación contractual. En las comunidades autónomas con lenguas cooficiales, los consumidores podrán comunicarse tanto en castellano como en cualquiera de las lenguas oficiales correspondientes.
Otro aspecto destacado es la formación del personal. Los trabajadores que atiendan directamente a los clientes y quienes diseñen o gestionen los sistemas automatizados deberán contar con capacitación adecuada para desempeñar sus funciones. Esta preparación incluirá conocimientos sobre accesibilidad, atención a personas vulnerables y utilización de las lenguas cooficiales cuando corresponda.
La norma también obliga a implantar sistemas que permitan medir la satisfacción de los consumidores y evaluar anualmente la calidad del servicio. Estas evaluaciones deberán poder someterse a auditorías externas e inspecciones administrativas. Además, las empresas tendrán que publicar los resultados y conservar la documentación durante al menos cinco años.
Como recuerda Kernel Legal, el objetivo es que la atención a la clientela sea «gratuito, eficaz, universalmente accesible e inclusivo, no discriminatorio y evaluable». Se trata, por tanto, de pasar de un modelo centrado únicamente en ofrecer canales de contacto a otro que permita comprobar la calidad real de las respuestas y la protección de los derechos de los consumidores.
Un plazo que exige planificación empresarial
Las organizaciones afectadas tienen hasta el 28 de diciembre de 2026 para adaptar sus servicios. Aunque todavía existe margen para realizar los cambios, la transformación puede exigir inversiones tecnológicas, reorganización de equipos, elaboración de protocolos internos y contratación de auditorías especializadas.
El análisis de Kernel Legal pone de manifiesto que el cumplimiento de la Ley SAC no consiste simplemente en incorporar un teléfono de contacto o habilitar un chatbot. Las empresas deberán revisar sus procedimientos de principio a fin para garantizar una atención accesible, trazable y eficaz.
La adaptación anticipada permitirá evitar incumplimientos y, al mismo tiempo, mejorar la relación con los consumidores en un ámbito cada vez más importante para la reputación y competitividad empresarial.
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