Francisco Vega Agredano, Doctor en Derecho, Juez Sustituto, Docente Universitario Me pregunto desde hace ya algún tiempo, tras haber pasado por bastantes juzgados — hoy Tribunales de Instancia —, si tiene sentido persistir en la práctica de los alardes y las estadísticas trimestrales. Parece muy extraño que en la época de la inteligencia artificial, el big data y el metaverso, se paralice el ritmo de un juzgado en pleno 2026 para contar expedientes judiciales. No creo, y es mi humilde opinión, que continúe siendo justificable que los jueces, pero muy especialmente los letrados de la Administración de Justicia y los funcionarios tengan que dedicar horas y jornadas enteras a rellenar casillas e informes burocráticos.
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| Francisco Vega Agredano. Doctor en Derecho y Juez Sustituto, un estudioso de la realidad judicial (Imagen cedida por el autor) | ||
Los alardes y la estadística judicial nacieron como herramientas analógicas y no cabe negar que, en su momento, cumplieron una muy importante función de control y seguimiento. Pero hoy, en plena era de la digitalización y la IA, se han convertido en un auténtico palo en las ruedas que lastra y asfixia, aún más si cabe, a una oficina judicial ya de por sí colapsada por la falta de medios. El coste real de la burocracia manual implica una clara pérdida de eficiencia, puesto que se invierten muchas horas de alta cualificación jurídica desperdiciadas en tareas puramente administrativas y de estadística.
Por otro lado, cualquiera que conozca un poco la mecánica de un juzgado colapsado, sabe que existe una alta falta de fiabilidad, pues los errores en el volcado manual distorsionan la realidad de la carga de trabajo real, sin contar el retraso acumulado al ciudadano, y es que cada minuto invertido en introducir datos para un boletín es un minuto menos dedicado a tramitar, resolver y ejecutar.
Asimismo, conviene destacar que los sistemas automáticos, en los territorios donde existen, penalizan la complejidad, pues un procedimiento de enorme dificultad técnica puntúa exactamente igual que un trámite sencillo y rápido en la estadística informática. Esto provoca que las estadísticas y alardes sean herramientas de control contable injustas y desconectadas de la carga de trabajo real y el esfuerzo humano que se vive dentro de cada juzgado.
Mucho trabajo en los juzgados
A los jueces y magistrados les resta un tiempo vital que deberían dedicar en exclusiva a estudiar asuntos complejos, dictar sentencias y cerrar los asuntos más urgentes antes de cambiar de destino. A los letrados de la Administración de Justicia los convierte temporalmente en meros auditores de datos manuales, fiscalizando casillas en lugar de liderar la gestión real de la oficina judicial. Por último, a los funcionarios les impone una doble carga de trabajo, ya que implica tramitar expedientes y reflejar el hito estadístico, generando frustración y cuellos de botella.
A ello se suma un elemento especialmente grave, consistente en la reciente supresión de las medidas de apoyo y refuerzo en determinados órganos por parte del Ministerio, pese a las claras advertencias de las asociaciones judiciales y del propio CGPJ.
Esta decisión no solo ha incrementado la presión sobre unas oficinas ya saturadas, sino que ha provocado que las estadísticas se falseen de facto, pues los indicadores de pendencia y resolución aumentarán obligatoriamente, no por un empeoramiento real del trabajo de los profesionales, sino por la retirada de unos medios humanos que eran necesarios para sostener la carga diaria.
El resultado es una fotografía estadística distorsionada, injusta y ajena a la realidad del esfuerzo que se realiza en cada juzgado. Al eliminar los recursos que permitían absorber la carga diaria, los indicadores aumentarán obligatoriamente, proyectando en la estadística trimestral una imagen de ineficiencia que no responde a la realidad del servicio público prestado. El resultado es una fotografía institucional distorsionada, que compromete la evaluación objetiva del funcionamiento de la Justicia y erosiona la credibilidad de las políticas públicas en materia de Administración de Justicia.
Por otro lado, conviene siquiera señalar que la reciente implantación de los Tribunales de Instancia constituye una de las transformaciones organizativas más relevantes de la Justicia en las últimas décadas. Su diseño persigue una redistribución racional de cargas, una mayor flexibilidad interna y una respuesta más homogénea al ciudadano. Sin embargo, esta transición convive con un sistema de fiscalización estadística —alardes y estadísticas trimestrales— concebido para una estructura judicial anterior, basada en juzgados unipersonales y en una lógica de medición que quizás no se corresponde plenamente con el nuevo modelo organizativo.
Estadísticas y tribunales de instancia
Esta metodología resulta difícilmente compatible con la lógica de los Tribunales de Instancia, donde la distribución de asuntos, la rotación y la gestión colegiada de la pendencia responden a parámetros dinámicos y de carácter estructural. Cabe preguntarse si en este nuevo contexto, la estadística trimestral deja de ser un mecanismo de control para convertirse en un factor de distorsión.
Si nos detenemos a analizar con sosiego y con criterio real, no se trataría, en absoluto, de suprimir la imprescindible fiscalización del funcionamiento de la justicia, sino de hacerla evolucionar de manera paralela a los avances tecnológicos. No podemos seguir evaluando la salud de nuestro sistema judicial mediante fotografías fijas y desactualizadas que se toman cada tres meses o cuando cambia un titular.
Los sistemas de gestión procesal actuales ya registran cada hito, cada escrito y cada resolución en el mismo segundo en el que se producen. La tecnología bien estructurada y adaptada permite una supervisión digital, automatizada y en tiempo real. Los cuadros estadísticos interactivos deberían nutrirse solos, de forma transparente y sin intervención humana. Mantener estos procesos analógicos frena la modernización real. Además, insistir en modelos de control basados en la revisión manual perpetúa una cultura organizativa anclada en el pasado, donde la desconfianza hacia la herramienta digital obliga a duplicar tareas y a fiscalizar lo que ya está fiscalizado por el propio sistema.
Imaginemos por un momento una multinacional tecnológica donde, cada tres meses, el equipo directivo tuviera que dejar de facturar durante unos días para contar los correos electrónicos recibidos uno a uno en una hoja de Excel. Suena absurdo pero, en realidad, es lo que pasa cada trimestre en la Administración de Justicia. Los alardes y las estadísticas judiciales se han convertido en un anacronismo insostenible en nuestro sistema judicial. La fiscalización debe ser inteligente, continua y automatizada, basada en datos fiables y en sistemas interoperables que reflejen la realidad de cada órgano judicial sin necesidad de paralizar su actividad.
Automatización de la justicia
Es cierto que existen en algunos territorios unos sistemas de gestión procesal que facilitan la extracción automática del listado íntegro de los asuntos pendientes. En estas regiones no hay que rastrear expediente por expediente; el sistema informático genera un borrador o informe estructurado con el estado de las causas. Sin embargo, incluso en estos casos, se exige un mínimo de supervisión, depuración, control y cotejo, es decir, existe una desconfianza ante posibles errores o discordancias.
En efecto, la automatización parcial no elimina la responsabilidad última del órgano judicial sobre la veracidad de los datos, de modo que cualquier discrepancia, por mínima que sea, obliga a revisar manualmente listados extensos, verificar la situación procesal de cada expediente y corregir incidencias que el sistema no detecta o clasifica de forma incorrecta.
En otros territorios, el cotejo es manual por la oficina judicial o, en su caso, por el LAJ, para asegurar que los asuntos vivos coincidan exactamente con la realidad informática. Todo ello es consecuencia, por un lado, de la existencia de diversos sistemas informáticos de gestión procesal en cada territorio, y por otro lado, del grado de implantación real del expediente judicial electrónico en cada uno de los partidos judiciales.
España cuenta con múltiples sistemas informáticos judiciales diferentes que no se comunican de forma fluida entre sí. Que un juzgado sea ágil midiendo su rendimiento o confeccionando un alarde depende del territorio en el que se encuentre, lo que fractura el principio de cohesión territorial en la Administración de Justicia, aunque esto es otra cuestión que merecería una crítica independiente.
En el juzgado existe temor a posibles incongruencias informáticas que provocan que el sistema del CGPJ arroje alertas o sanciones por retraso, restando tiempo a la labor puramente procesal y jurídica. La digitalización no consiste en escanear el papel del pasado; consiste en transformar los procesos para optimizar el recurso más valioso que tenemos y que es el tiempo de los profesionales. Es hora de automatizar la estadística al 100%, desterrar el alarde manual y dejar que la oficina judicial se centre en lo verdaderamente importante: dar una respuesta ágil a la ciudadanía. En definitiva, menos burocracia y más gestión inteligente.