- La medida, sin previo aviso, podría colapsar juzgados mercantiles y civiles de toda España
Nuevo frente abierto que abre el Ministerio de Justicia que dirige Felix Bolaños Después de presentar los datos del primer año de la Ley de Eficiencia 1/2025 que señala que la entrada de nuevos litigios ha caído un 10% en términos generales y más de un 21% en el ámbito civil gracias a la obligatoriedad de recurrir a los MASC. En este escenario Justicia ha denegó la autorización económica para prorrogar más de 62 medidas órganos judiciales de toda España. en materia civil y mercantil.
Esta medida ha provocado el rechazo frontal tanto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que asociaciones de jueces, como la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Victoria y Foro Judicial Independiente se unan a esa petición al emitir un comunicado conjunto en contra de esa medida.
Por su parte, la Junta de Presidentes de lo Civil y Mercantil de la Audiencia Provincial de Madrid denuncia un «abandono y maltrato institucional» que aboca a la jurisdicción civil a un colapso. En un comunicado han advertido de 41.061 recursos pendientes, afectación a 13 secciones y retrasos superiores a cuatro años mientras que el Colegio de la Abogacia de Madrid advierte del problema que se puede generar vulnerando la tutela judicial de los ciudadanos.
Desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha reclamado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que "reconsidere su decisión de denegar la autorización económica previa de medidas de refuerzo para sesenta y dos órganos judiciales de toda España" y ha avisado de que esa decisión "obligará a paralizar y suspender actuaciones jurisdiccionales.
El CGPJ asegura que la resolución fue dictada y notificada a este "la víspera de la fecha en que estas medidas debían ser aprobadas o prorrogadas, el 30 de junio". Y añade que "esta circunstancia" les "ha impedido proponer la reconsideración de estas medidas o alternativas, dentro del margen de sus competencias", para "paliar los perjuicios que provocará esta decisión"
Desde el colectivo de letrados de la administración de justicia, Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, (CNLAJ), bastante crítico a la gestión de Bolaños sobre los tribunales de instancia, como así nuestros lectores pudieron comprobar tras las recientes Jornadas de este colectivo en Valencia, explicaba a nuestro medio que “este es un tema que afecta sobre todo a los refuerzos judiciales, no afecta directamente a nuestro colectivo, pero si evidencia un tema esencial. Empezamos a pensar que para el Ministerio de Justicia la Ley de Eficiencia que menciona al hablar de esta medida lo que implica para ellos es más que medidas que mejoren esa eficacia son otras que generan un ahorro de costes”.
En su opinión esto implica que se estén planteando medidas dirigidas a una reducción del gasto en materia de personal, lo estamos viendo cuando se crean plazas de letrado de la administración de justicia o cuando no se crean plazas con los problemas que hay a la hora de nombrar interinos en los distintos puestos de las distintas unidades de los servicios comunes procesales y ahora con estos medios económicos necesarios para atender estos refuerzos que solicita el CGPJ”.
Para Casado estas cuestiones derivan de una misma realidad. “Nosotros pensamos como venimos reiterando que los medios personales de la administracion de justicia, así lo han indicado distintos operadores jurídicos de forma continua. Tanto los integrantes de la carrera judicial, como nuestro colectivo y el resto de personal que presta servicio en las unidades judiciales somos imprescindibles para que las cosas puedan funcionar. Necesitamos personas que trabajen de forma eficaz en la administracion de justicia”.
Juzgado 194 bis centrado en reclamaciones financieras tendrá menos jueces. En la imagen En la foto el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, a la derecha, y el secretario de Coordinación Provincial de Madrid Sebastián Lastra (foto Comunidad de Madrid)
CCAA de Valencia y Madrid piden más medios
Por su parte, desde la Comunidad de Madrid el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, García Martín se ha pronunciado en la red X sobre el Comunicado de la Comisión Permanente del CGPJ que denuncia que dicho departamento ministerial ha denegado la financiación para las medidas de refuerzo en decenas de órganos judiciales: “los principales perjudicados son los madrileños, que verán cómo se alargan aún más los plazos para resolver asuntos que afectan directamente a su vida diaria: desde conflictos familiares, herencias o reclamaciones hipotecarias, hasta demandas por tarjetas revolving o incidencias en el transporte aéreo”.
Para el portavoz del Gobierno regional, esta falta de financiación se traducirá en que Juzgado de Primera Instancia Nº 101 bis de Madrid es el tribunal especializado encargado de tramitar masivamente las demandas por cláusulas suelo pase de tener 6 jueces a 3; el Juzgado de Primera Instancia Nº 104 bis de Madrid, especializado en la gestión de demandas sobre tarjetas revolving pasará de 5 jueces a 2; el juzgado especializado en transporte aéreo pase de 8 jueces a ninguno; la sección 28 bis de la Audiencia Provincial, de 4 jueces a ninguno, y las secciones 25 bis de la Audiencia Provincial, pase de 4 jueces a 1.
Y añade: “La Comunidad de Madrid ha realizado en los últimos años un importante esfuerzo de 3,5 millones de euros invertidos en personal en los juzgados afectados por la falta de refuerzos, así como en medios materiales e infraestructuras en la Justicia madrileña, especialmente en el ámbito civil, pero ese esfuerzo queda limitado si el Ministerio de Justicia no cumple con la dotación de jueces necesaria para que los órganos judiciales puedan funcionar con eficacia”.
Nuria Martínez, Consellera de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat de valencia subrayaba que “la Justicia lo que precisa son más medios, no recortes en lo básico. Compartimos plenamente la preocupación expresada por la Sala de Gobierno del TSJCV y consideramos imprescindible que el Ministerio reconsidere esta decisión para evitar un aumento de los tiempos de respuesta y un mayor colapso en órganos judiciales que ya trabajan con una elevada carga de asuntos”, ha asegurado la consellera.
La responsable de Justicia ha recordado que la mayoría de las medidas cuya prórroga ha sido denegada contaban con informe favorable de la Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que evidencia su necesidad para garantizar el normal funcionamiento de los órganos afectados. En Valencia, tal y como explica el TSJCV, el Ministerio de Justicia ha denegado la autorización para la dotación económica de 18 de las alrededor de 30 medidas de refuerzo que habían sido solicitadas para la Comunitat Valenciana que contaban con informe favorable de la inspección del CGPJ, en su mayor parte como prórrogas.
Asimismo, la titular de Justicia ha explicado que la continuidad de estos refuerzos no solo beneficia a jueces y funcionarios, sino que constituye una garantía para los ciudadanos, que tienen derecho a una tutela judicial efectiva y a que sus procedimientos se resuelvan en plazos razonables. Por ello, la Conselleria de Justicia se ha sumado a la petición formulada por el TSJCV para que el Consejo General del Poder Judicial inste al Ministerio de Justicia a revisar esta decisión y autorice la financiación necesaria para mantener unas medidas de refuerzo que resultan imprescindibles para preservar la calidad del servicio público de Justicia en la Comunitat Valenciana.
Abogados, preocupados por los recortes
Desde el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) se ha trasladado hoy al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes su firme rechazo ante la decisión del de no renovar las medidas de refuerzo en órganos judiciales especializados en condiciones generales de la contratación, una decisión que amenaza con agravar de forma crítica la situación de miles de ciudadanos afectados por litigios hipotecarios y bancarios. Si se toma como referencia una capacidad media de resolución en torno a 1.500 recursos anuales, la respuesta en segunda instancia puede proyectarse a horizontes cercanos a los 30 años. Es decir, miles de consumidores podrían ver cómo su pleito queda pendiente de apelación durante décadas.
“Una Justicia que llega 20 o 30 años tarde no es Justicia. Es una denegación práctica de tutela judicial efectiva”, advierte Eugenio Ribón, Decano del ICAM, en su escrito...
El Colegio advierte, además, de que estos retrasos pueden generar daños económicos concretos e individualizados. La demora judicial puede mermar la capacidad financiera de los afectados, prolongar situaciones de endeudamiento, impedir la recuperación de cantidades indebidamente abonadas y agravar la incertidumbre patrimonial de miles de familias.
En este contexto, el ICAM recuerda que el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia puede dar lugar a responsabilidad patrimonial de la Administración, reclamable cuando se produzcan daños efectivos, evaluables e individualizados. Al mismo tiempo exige al Ministerio una rectificación inmediata, el mantenimiento de las medidas de refuerzo y la aprobación de un plan urgente, estructural y suficientemente dotado para reducir la pendencia, evitar nuevas demoras y garantizar que los ciudadanos obtengan una respuesta judicial en plazos compatibles con un Estado de Derecho.
La protección de los ciudadanos, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva no pueden quedar subordinadas a criterios presupuestarios. Los datos son concluyentes: sin refuerzos, habrá más retrasos, apelaciones que pueden demorarse cerca de 30 años, más perjuicios para la ciudadanía y un mayor deterioro del servicio público de Justicia.
A nivel del cuerpo de funcionarios de Justicia, Javier Jordán, presidente de CSIF Justicia cree que la medida viene dada por los datos presentados por Bolaños hace unos días donde se indica que la Ley de Eficiencia Procesal habría reducido la litigiosidad en su primer año de entrada en vigor. Sin embargo desde esta organización sindical se recuerda que hace unos meses su organización en el transcurro de unas jornadas sobre Justicia donde estuvo presente Manuel Olmedo, secretario de Estado de Justicia y otros operadores jurídicos, CSIF presentó un plan de choque para mejorar la situación de estos órganos judiciales. “Hasta ahora no hemos tenido respuesta y lo peor que este tipo de situaciones de recortes, sino se explican generan más problemas”
Desde su punto de vista, en estos momentos de cambio de modelo de justicia hacia los tribunales de instancia hay que medir bien las cargas de trabajo y completar las plantillas porque en muchos órganos judiciales falta “A esta nueva organización le faltan medios personales y materiales es algo evidente. Creo que habría que medir bien las cargas de trabajo reales y ver qué es lo que está pesando en los juzgados. En los juzgados los compañeros me comentan que se encuentran en una situación complicada revisando expedientes nuevos. La sensación es de atasco. Ahora se van a culminar distintos procesos de estabilización con el cese de muchos funcionarios interinos. Habrá mucha rotación”.
En su opinión, a la vez de estudiar estos datos que el Ministerio ha ofrecido recientemente obre la reducción de la litigiosidad “hay que tener en cuenta lo que está sucediendo en los juzgados con los asuntos que están vivos y si de verdad se ha agilizado, que creemos que no la tramitación de esos procedimientos, o estamos en un proceso de estancamiento que creemos que es lo que está pasando. “Nosotros desde principios de este año, incluso antes hemos pedido medidas de mejora en este nuevo modelo judicial pero de momento no nos han hecho demasiado caso. Hay que incrementar las plantillas donde haga falta”, advierte.
