Madrid, 24 ene (EFE).- Los letrados de la administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales, están convocados desde este martes a una huelga indefinida para reclamar al Gobierno mejoras retributivas y laborales, un paro que puede paralizar miles de juicios y vistas y que desde el Ministerio tachan de "político".

Las tres asociaciones que organizan la huelga han decidido mantener su pulso con Justicia tras convocar varios paros el año pasado sin que el Gobierno colmara sus aspiraciones, aunque Justicia sostiene que, de sus once reivindicaciones, solo queda pendiente por cumplir una: la revisión del sistema de productividad y su complemento en la carrera profesional.

Están llamados a la huelga alrededor de 4.300 profesionales en todo le país y ambas partes son conscientes de que el paro, dependiendo de su seguimiento, puede generar muchos problemas en juzgados y tribunales.

Las asociaciones convocantes -Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ)- exigen, entre otras cuestiones, mejoras retributivas acordes a las nueva funciones que se les han ido atribuyendo tras sucesivas reformas legales.

Para el Ministerio, sin embargo, cualquier reclamación salarial del colectivo está "fuera de lugar". Su salario, afirma Justicia, crecerá de media un 14,76 % en tres años.

Según las cifras facilitadas por ese departamento, tras las negociaciones llevadas a cabo, en 2023 el salario de un LAJ que trabaja en el juzgado y está entre los niveles 26 y 28 oscila entre los 39.011,80 y los 59.537,42 euros, sin tener en cuenta sus retribuciones variables, lo que supone "entre un 79 y un 140 % más que cualquier funcionario de la administración del Estado en esos mismos niveles".

"Esta huelga indefinida no tiene ningún motivo laboral; tiene claros motivos políticos", manifestó ayer lunes el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, quien hizo un llamamiento a los letrados para que no "hagan rehenes" a los ciudadanos.

Tras oír sus palabras el comité de huelga reclamó su cese, al considerar que "sus mentiras, sus difamaciones y su palabrería pretendidamente hiriente" le inhabilitan para el cargo, y ratificó que reclamarán "hasta las ultimas consecuencias" una subida salarial que dignifique la profesión y un marco de representación "independiente y propio".