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Las asociaciones judiciales urgen a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde hace más de cinco años y medio, que aspiran a cerrar PSOE y PP, pero discrepan si ha de hacerse antes o después de una reforma del sistema de elección de los vocales para evitar su politización.

Este lunes, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha pedido al PSOE y al PP "responsabilidad" para que encuentren el "remedio imprescindible" que permita la renovación del Consejo "sin más demora", ya que "el perjuicio causado es enorme".

Este llamamiento llega cuando la negociación entre el Gobierno y el PP para renovar el CGPJ entra en su semana crucial con buena disposición por ambas partes, y el acuerdo podría estar cerca después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalara junio como el mes para cerrar un pacto definitivo.

Con este escenario, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora, y Jueces y Juezas para la Democracia (JJpd), la única progresista, coinciden en priorizar la renovación "urgente".

"Lo que dice el Supremo es positivo porque pone de relieve lo que llevamos meses diciendo, que las Cortes lleguen a un acuerdo para la renovación inmediata, luego ya se reforma la ley", afirma a EFE la portavoz de la APM María Jesús del Barco. "Cuanto antes mejor, la renovación es urgente e imprescindible", añade.

Desde JJpd subrayan que "es el momento de la renovación" porque ahora "no hay elecciones que dificulten cualquier acuerdo".

Por eso suscriben el acuerdo de la Sala de Gobierno del Supremo, porque "ya no se puede esperar más para renovar el Consejo". "Hace falta poner fin a esta situación para poder irnos de vacaciones con el problema resuelto", agrega su portavoz Edmundo Rodríguez.

En cambio, Foro Judicial Independiente y la asociación Francisco de Vitoria, independientes, afirman entender la posición del Supremo ante la falta de magistrados -un 30% menos de su plantilla- pero inciden en que la prioridad pasa por reformar la ley antes que renovar, para no seguir alargando la politización del órgano.

Sergio Oliva, portavoz de la Francisco de Vitoria, entiende "la súplica a las Cortes" del alto tribunal pero insiste en que "ese modelo de designación seguiría politizando el órgano de gobierno de los jueces", por eso aboga por "reformar la ley y luego renovar".

Porque, dice, les preocupa que el próximo Consejo va a tener que cerrar más de un centenar de nombramientos y si no se reforma la ley previamente, esas "designaciones pueden adolecer de falta de imparcialidad". Además, precisa, "es más fácil reformar la ley que renovar" por las mayorías que se exigen en las cámaras.

Una posición similar a Foro, cuyo presidente Fernando Portillo, entiende también que el Supremo quiera que se renueve cuantos antes pero "no deprisa y corriendo" porque "renovar antes de cambiar el sistema sería abonarnos a futuros bloqueos".

"Hay que hacerla bien y no deprisa, con un sistema que permita que en el futuro no pueda ocurrir lo que está ocurriendo", apunta.




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