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  • Se aprobarán por Real Decreto en un próximo Consejo de Ministros
  •  La actual situación de prórroga presupuestaria hace preceptiva la aprobación de una norma para la concesión directa de estas subvenciones
  •  Las cantidades adeudadas correspondientes a los meses de noviembre y diciembre se abonarán en un único pago en próximas fechas

El Gobierno aprobará próximamente el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones por valor de 49,7 millones de euros en el ejercicio de 2020 al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de Procuradores de España, en materia de asistencia jurídica gratuita, y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, para la atención profesional a las víctimas de delitos. Las actividades realizadas en noviembre y diciembre de 2019 pendientes de pago serán abonadas en próximas fechas.

El importe máximo de estas subvenciones será el siguiente:

  • Al Consejo General de la Abogacía Española: 45.003.220 €
  • Al Consejo General de los Procuradores de España: 3.673.250 €
  • Al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos: 1.051.800 €

El pago de las subvenciones para la asistencia jurídica gratuita se realizará con periodicidad mensual. El Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Colegios de Procuradores de España remitirán al Ministerio de Justicia una certificación con los datos relativos a las actuaciones realizadas por cada colegio en el mes anterior, junto con la justificación del coste económico asociado. En función de estas certificaciones, Justicia efectuará los libramientos mensuales que correspondan.

La tramitación de este Real Decreto se realiza a través del procedimiento previsto en la Ley General de Subvenciones, que establece que podrán concederse ayudas de forma directa para supuestos en los que se acrediten razones de interés público, social o humanitario. La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 a 2020 no permitía extender automáticamente estas subvenciones de un ejercicio a otro, lo cual ha hecho necesaria la aprobación de un real decreto para conceder y aplicar las mismas en 2020.




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