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El estado de alarma decretado por motivo de la crisis sanitaria del coronavirus ha parado, casi por completo, la actividad judicial en España. Salvo para casos puntuales y de urgencia, los juzgados españoles permanecen cerrados, lo que supone un parón que se suma a una situación previa ya de colapso de la justicia, pues no debemos olvidar que antes de este estado de alarma, nos encontrábamos con vistas en algunos juzgados para 2023, como es el caso del juzgado especializado en cláusulas abusivas de Córdoba. O en Madrid, donde el 101 Bis, ni siquiera estaba dando fechas para muchos de los casos que llegaban, por ejemplo, de gastos de hipoteca.

Ahora, todo este tiempo en el que no se están celebrando vistas ni siquiera señalando fecha, así como suspendiendo las vistas previstas para estos días, se suman al ya saturado sistema judicial, por lo que, en reclamador.es agradecemos al Ministerio de Justicia que intente adoptar medidas para que se recupere lo antes posible y con la mayor normalidad posible la actividad de los juzgados en España. Si bien, consideramos que el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, no resuelve adecuadamente el problema, se queda corto en muchos ámbitos y se convierte en un nuevo parche al ya tocado sistema judicial. 

Medidas para evitar el colapso de la justicia aprobadas en el RD 16/2020

Turnos de mañana y tarde

Una de las principales medidas que ha aprobado el Consejo de Ministros para evitar que se produzca un mayor colapso de la justicia es la instauración de turnos tanto de mañana como de tarde en los juzgados. 

Si bien esta medida aparentemente podría ser muy positiva, pues permitiría aumentar la resolución de casos, no podemos dejar de señalar que este Real Decreto Ley no hace mención alguna a una mayor dotación de medios, ni económicos, ni con más juzgados, por lo que parece que únicamente aumentará la carga de trabajo de los funcionarios del sistema judicial sin dotar de los medios necesarios. En definitiva, como se señalaba anteriormente, un parche. 

Vistas por videoconferencia

Otra medida que nos parece acertada, pero que tiene un gran pero, son las vistas por videoconferencia siempre que sea posible. Esta medida, ahora más que nunca, permitirá mantener las distancias sanitarias de seguridad y evitará las aglomeraciones que se producían diariamente en muchos órganos judiciales. Se trata de una medida que permitirá, además, avanzar en esa modernización de la justicia que desde reclamador.es venimos solicitando y por la que trabajamos desde nuestra fundación. Pero, y sí, hay un gran pero, esta medida está contemplada únicamente desde la entrada en vigor de este Real Decreto Ley y hasta tres meses después del levantamiento del estado de alarma. 

Si esta medida funciona, como creemos que pasará, debería ser aplicada por norma general en las futuras vistas, una vez levantado el estado de alarma y controlada la expansión del coronavirus. 

Decálogo reclamador.es: medidas urgentes para mejorar la justicia en España

Agosto hábil 

Declarar el mes de agosto como hábil desde el día 11 de dicho mes (lo que significa que los plazos seguirán corriendo durante agosto y se podrán celebrar juicios) cuando la actividad judicial ha estado paralizada durante más de un mes por la imposibilidad de que los funcionarios teletrabajaran, sin dotar de los medios suficientes y adecuados a estos órganos no resuelven la situación existente y que es consecuencia, en realidad, de un colapso que viene de una situación mucho más antigua que la declaración del estado de alarma y que este solo ha venido a evidenciar de la manera más descarnada. 

Sin medios económicos las medidas propuestas no solucionarán la actual situación del sistema judicial español

En reclamador.es consideramos que pese a que esta normativa era necesaria, no es la medida definitiva que se esperaba, pues por encima de todo, consideramos que no dota de medios técnicos, personales ni económicos al sistema. 

Por último, también nos encontramos con una gran incertidumbre sobre cuándo se levantarán los plazos de todas las medidas procesales. 




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