A Coruña, 14 nov (EFE).- El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido este viernes que en esta legislatura se produce "la mayor transformación de la justicia en décadas, a la que aún le quedan medidas por implantar".
En la clausura de la 39 Asamblea General de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, celebrada en A Coruña, Bolaños ha felicitado a la nueva portavoz, María Emma Ortega, y ha avanzado que su departamento seguirá "trabajando y colaborando" con la entidad "por supuesto con discrepancias y con diferencias, pero por supuesto con respeto".
Lo hace porque considera que "es el camino" para llegar a "las reformas que necesita la justicia", que considera imprescindibles para "no cronificar" los problemas actuales.
A pesar de que la actual es "una legislatura compleja en lo parlamentario", Bolaños defiende que el Gobierno impulsa "la mayor transformación de la justicia en décadas", con leyes de eficiencia digital, organizativa y procesal, junto con una ley orgánica de derecho de defensa y la renovación del Consejo General del Poder Judicial, todo ello ya aprobado.
Sitúa en el horizonte la futura ley para la ampliación y el fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal y la nueva ley orgánica de enjuiciamiento criminal, todas en fases preliminares.
Con la primera, la previsión es "ampliar la plantilla en 2.500 nuevos jueces y fiscales en tres años, lo nunca visto, nunca en la historia de la democracia ha habido un aumento tan grande".
Para ello habrá una convocatoria extraordinaria de mil plazas, seguidas de tres convocatorias anuales de 480 plazas, 360 por el turno libre y 120 por el cuarto turno -de acceso para juristas-.
Entre todas estas, 19 serán para Galicia el primer año, mientras que la comunidad acumulará 60 en total, lo que supone "la solución a esa reivindicación histórica" de falta de profesionales de la justicia.
El ministro ha explicado que el Gobierno viene de transferir a la Xunta de Galicia 19 millones de euros para digitalizar los juzgados, lo que supondrá "un ahorro estimado en diez años de en torno a 22 millones de euros para la administración autonómica".
Las nuevas medidas suponen, según ha defendido, importantes ahorros, pues con las iniciativas en materia de eficiencia son necesarios menos fondos para los diferentes organismos.
"Un juzgado unipersonal de los de antes costaba medio millón de euros y ahora asignar un magistrado costará unos 80.000", ha concluido.