Marta Gómez, decana del ICA de Ourense La situación que atraviesan miles de profesionales mutualistas alternativos ha dejado de ser una cuestión sectorial para convertirse en un problema de justicia material, seguridad jurídica y dignidad institucional. Durante años, muchos profesionales han sostenido su actividad profesional confiando en un sistema de previsión avalado y consentido por el Estado, regulado dentro de la normativa general de Seguridad Social, que hoy muestra carencias graves y consecuencias personales muy duras: jubilaciones insuficientes, incertidumbre sobre el futuro y una sensación legítima de desprotección tras toda una vida de trabajo.
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| Marta Gómez, decana del ICA de Ourense | ||
Son las historias de compañeros y compañeras, que ven cómo sus expectativas de jubilación se desvanecen: profesionales que, tras toda una vida de trabajo y confianza en el sistema, afrontan prestaciones muy por debajo de una pensión pública digna. Largas trayectorias de profesionales que exigen, sin más demora, una respuesta institucional a la altura.
Por eso, la manifestación convocada en Madrid el próximo 8 de mayo no es un gesto simbólico más. Es una llamada serena, firme y necesaria a la responsabilidad pública. Es el momento de recordar que detrás de cada expediente legislativo hay personas, familias y trayectorias profesionales que no pueden quedar atrapadas en una solución incompleta.
Un momento parlamentario decisivo
Nos encontramos en un momento crucial, ante una ventana de oportunidad que no puede desaprovecharse. La proposición de ley para crear una pasarela al RETA ha superado la fase de Ponencia y está previsto que llegue a la Comisión parlamentaria del Congreso de los Diputados el 20 de mayo.
No estamos ante un trámite menor. La Comisión tiene la potestad de incorporar nuevas redacciones del texto, tiene oportunidad para corregir, mejorar y orientar la norma hacia una solución verdaderamente eficaz, que transforme el desacuerdo en consenso y corrija errores técnicos que, de perpetuarse, generarían exclusiones injustas y litigiosidad futura.
La Comisión del 20 de mayo no es el final del camino, pero sí puede ser el punto de inflexión que determine si la futura ley nace como una solución real o como una norma insuficiente que perpetúe el problema. El momento político y jurídico es ahora.
La oportunidad de mejorar antes de que sea tarde
La fase en la que nos encontramos exige altura de miras. Una ley que pretende resolver el problema de los mutualistas alternativos no puede limitarse a ofrecer una salida parcial. Debe aspirar a una pasarela al RETA justa, clara y universal en su alcance, que reconozca los años trabajados y que no condene a quienes han trabajado durante décadas en su actividad profesional, a una jubilación indigna.
Apoyamos todas y cada una de las reivindicaciones de los afectados, sin renunciar a ninguna, porque reivindican derechos, los mismos derechos que tiene el resto de la ciudadanía. Este no es un problema abstracto, tiene nombres y apellidos. Los testimonios de compañeros muestran situaciones de profunda necesidad y desesperación: profesionales que comprueban que las prestaciones esperadas pueden quedar muy por debajo de una pensión no contributiva, personas que contribuyen con sus impuestos a dar cobertura a las prestaciones sociales de los demás, pero que se ven obligadas a seguir trabajando sin una expectativa razonable de protección suficiente que les permita jubilarse nunca.
Por eso, esta tramitación parlamentaria no puede abordarse como una cuestión técnica aislada. Es una cuestión de justicia material, de derechos. Es una cuestión de confianza en las instituciones.
Un Texto para una Solución Real
La enmienda transaccional propuesta por el Gobierno es un punto de partida, pero adolece de limitaciones, incoherencias y ambigüedades. Apoyamos todas y cada una de las reivindicaciones del colectivo porque entiendo que son de justicia, pero si no se atienden en su totalidad, el texto final debería, al menos, dar cabida a la mayoría de los afectados sin dejar a nadie atrás.
Hay límites que no pueden cruzarse si lo que se busca es una solución real para los afectados. El texto debe eliminar los límites de acceso a la pasarela: pensemos en un compañero, que teniendo quince años cotizados en régimen general al comienzo de su vida laboral, ha trabajado después como mutualista alternativo hasta su jubilación: no cumplirá los requisitos para obtener una pensión en el régimen general, porque no tendrá el requisito de dos años cotizados en los quince anteriores a su jubilación, pero tampoco podrá acceder a la pasarela.
El colectivo pide que se computen todos los años trabajados. Si en lugar de esto, se van a contabilizar y traducir a números los derechos, la situación exige un cálculo justo y equitativo para la conversión, que de no ser el uno por uno que piden los afectados (año cotizado por año trabajado), debe, al menos evitar agravios comparativos con otros colectivos, realizándose sobre la base mínima de cotización de cada período, sin aplicar actualizaciones con el IPC, o acogiendo a los ya jubilados.
Entendemos que si son importantes los números, lo son para todo. No es lo mismo una carrera de cotización de cuarenta años, que una de cinco. Se debe tener en cuenta, igual que se hace con los demás ciudadanos, las largas carreras laborales, estableciendo un sistema justo que prime o beneficie a quienes acrediten más años de antigüedad valorando el esfuerzo contributivo a lo largo de la vida laboral. Reconocer el esfuerzo de toda una vida, no es un privilegio, es justicia.
La norma debe ofrecer certezas jurídicas: debe contener un plazo máximo para el desarrollo reglamentario, una regulación expresa sobre qué ocurre con los excesos de fondos en la mutualidad o la atribución de competencias a la jurisdicción social para resolver reclamaciones, igual que cualquier autónomo. Tampoco parece coherente que se castigue a quienes en su día optaron por el sistema público, aún a costa de perder todos sus derechos en las mutualidades, impidiéndoles el acceso a la posibilidad de suscribir y pagar las cuotas de un Convenio Especial que les permita jubilarse.
Y dejando, para el final lo más importante: debe garantizar la protección para quienes ya están jubilados, que debe ser imperativa, no una mera facultad potestativa.
Los legisladores aún están a tiempo, pueden debatir, transaccionar, corregir y aprobar un dictamen más justo. El momento político y jurídico es ahora. La Comisión del 20 de mayo debe llegar con el trabajo hecho, con voluntad de acuerdo y con una redacción que dé respuesta real a los afectados. No basta con tramitar. Hay que legislar bien. No basta con aprobar una norma. Hay que aprobar una solución.
La manifestación convocada en Madrid el próximo 8 de mayo, tiene un fin legítimo y necesario: trasladar a los grupos parlamentarios que el colectivo sigue unido, atento y decidido a exigir una norma justa. Se agradece el trabajo parlamentario, recordando al mismo tiempo a los legisladores, que hacer algo más, y pidiendo que sigan trabando para que la futura ley no nazca con defectos que condenen a miles de profesionales a una jubilación indigna.
La convocatoria supone recordar, a quienes legislan, que todavía están a tiempo de mejorar el texto. Supone pedir que las enmiendas necesarias se negocien, se redacten y se voten con responsabilidad. Supone exigir que la futura ley no nazca con defectos que luego resulten difíciles de corregir.
La presencia de la abogacía y de los demás profesionales afectados en Madrid debe ser firme, respetuosa y masiva en defensa de un principio básico: quien ha trabajado y contribuido durante años no puede quedar sin una protección digna en la jubilación.
Animo a todos los compañeros, compañeras y afectados a acudir. Hagámoslo con la dignidad y firmeza que exige la situación y con la convicción de que una movilización social justa y responsable es un pilar de nuestra democracia.