La jornada de movilización celebrada el pasado 7 de octubre frente al Congreso de los Diputados ha marcado un punto de inflexión en la lucha por la estabilidad del personal en abuso de temporalidad en las Administraciones Públicas.
La convocatoria, secundada por cerca de un millar de personas llegadas de diversos territorios del Estado, aglutinó a plataformas de empleados públicos, asociaciones de personal interino y organizaciones sindicales que llevan años reclamando el cumplimiento efectivo del Derecho de la Unión Europea.
El evento no solamente supuso un éxito de participación, sino que logró una amplia cobertura mediática, contribuyendo a visibilizar un conflicto laboral que ha atravesado gobiernos, legislaturas e incluso sucesivos intentos de reforma legislativa. La permanencia de esta reivindicación encuentra su origen en la presión ejercida por miles de trabajadores temporales del sector público, respaldados por pronunciamientos europeos, que exigían al Estado español la adaptación de su marco normativo a las exigencias comunitarias en materia de contratación temporal.
Fruto de esta presión, y no de un proceso de reforma interna espontáneo, nació la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, cuyo propósito declarado era reducir la temporalidad en el empleo público y dar respuesta al abuso estructural en las relaciones laborales temporales. Sin embargo, a pesar de las expectativas generadas, dicha norma no ha ofrecido una respuesta reparadora ni efectiva al abuso de la temporalidad, en gran parte debido a su defectuosa aplicación por parte de numerosas administraciones públicas.
Una aplicación desigual y deficitaria de la Ley 20/2021
Uno de los puntos clave para entender la continuidad del conflicto es la aplicación irregular —cuando no directamente omisiva— de la Ley 20/2021 por parte de las Comunidades Autónomas. En lugar de avanzar hacia la solución del fraude estructural denunciado reiteradamente por las instituciones europeas, muchas administraciones han optado por aplicar la ley en sus términos más restrictivos, amparándose en interpretaciones formalistas o restrictivas.
El caso paradigmático es el de la Comunidad de Madrid, donde el número de ceses ya se cuenta por miles. Una situación que ha convertido a los recursos humanos de la Administración en un auténtico cementerio administrativo, poblado de plazas vacías y funciones sin cubrir, cuyas consecuencias sobre la calidad de los servicios públicos son cada vez más evidentes.
Presión institucional europea y posicionamiento parlamentario
El conflicto ha escalado, además, al plano europeo. En junio de 2025, la Comisión Europea suspendió 626 millones de euros de los fondos NextGenerationEU asignados a España, como primera advertencia por el incumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en materia de abuso de temporalidad.
Esta presión institucional se ha visto reforzada con la publicación del informe del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en relación con la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español en el asunto C-418/24 (Obadal).
En sus conclusiones, el Abogado General deja claro que la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, que impide la conversión en fijos de los trabajadores temporales en abuso (a través de la figura del indefinido no fijo), solo es válida si el ordenamiento jurídico nacional garantiza por otras vías una protección efectiva contra el abuso.
De no existir tales medidas —como sucede en el caso español—, dicha doctrina jurisprudencial no se ajusta al Derecho de la Unión. Además, el informe subraya que las indemnizaciones tasadas no bastan: deben ser proporcionales, reparar íntegramente el perjuicio sufrido y complementarse con sanciones concretas y disuasorias dirigidas a las Administraciones responsables.
De confirmarse estas conclusiones por parte del TJUE, el Tribunal Supremo español estaría obligado a reconocer la fijeza como sanción al abuso, ante la inexistencia de otras medidas eficaces en la legislación nacional. Esta lectura refuerza la legitimidad de las reivindicaciones del personal afectado, que exige una solución jurídica que no solamente repare, sino que disuada de futuras irregularidades en la contratación pública.
Al mismo tiempo, las reuniones entre representantes de los colectivos afectados y los grupos parlamentarios evidencian un creciente consenso político: todos los socios de gobierno del PSOE —a excepción del PNV— comparten la necesidad de reconocer la fijeza como única medida reparadora, en cumplimiento de los principios de efectividad, disuasión y proporcionalidad establecidos por la jurisprudencia europea.
Un ejemplo de ello fue la reciente declaración de Ione Belarra, portavoz de Podemos en el Congreso, quien anunció que su formación no apoyará la tramitación de la futura Ley de Función Pública si esta no contempla la fijeza como sanción ante el abuso y la recuperación del persona cesado.
El PSOE, ante una encrucijada
El Partido Socialista se encuentra en una posición crítica. Presionado por sus socios de coalición, por el personal afectado y por las instituciones europeas, el margen de maniobra se reduce día a día. A ello se suma un contexto económico condicionado por la condicionalidad de los fondos europeos, que exige no solamente reformas normativas, sino su correcta implementación conforme al Derecho de la UE.
En este contexto, no es exagerado afirmar que la única salida real y jurídicamente viable es la concesión de la fijeza al personal abusado. La Comisión Europea y el TJUE han reiterado que la transformación del empleo temporal en indefinido no fijo, sin sanción adicional ni reparación efectiva, no constituye una medida disuasoria ni resarcitoria conforme al Derecho europeo.
Conclusión: la solución definitiva está cerca
La jornada del 7 de octubre evidencia que la movilización sigue siendo una herramienta eficaz para visibilizar un conflicto laboral de enorme calado jurídico e institucional. A la espera de los pronunciamientos del TJUE y de la evolución de la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Función Pública, el personal afectado mantiene la presión y la unidad como principios irrenunciables.
La comunidad jurídica, el personal técnico de las Administraciones y el conjunto de los servicios públicos encaran un momento clave. Si no se actúa con responsabilidad institucional, el coste no solamente será político, sino también jurídico, económico y humano.
Porque garantizar la estabilidad laboral del personal en abuso no es solo una exigencia europea: constituye una responsabilidad democrática.