Maite Agredano. Delegada del Sector Público de Co.bas Este 9 de diciembre, el personal cesado y los trabajadores y trabajadoras en abuso de temporalidad de las distintas Administraciones Públicas se concentraron frente al Congreso de los Diputados. La convocatoria tuvo un objetivo claro: presionar al Gobierno —y en especial al PSOE— para que reactive la tramitación de la Ley de Función Pública, paralizada desde hace meses. Esta ley es, además, una de las pocas normas que el PSOE se había comprometido a impulsar por escrito en el marco de su acuerdo con Junts, antes de la ruptura de relaciones entre ambas formaciones.Una protesta frente al Congreso como llamada de atención
Contactos con Junts y el papel de la Ley de Función Pública
Recientemente, representantes de organizaciones de empleados públicos en situación de abuso —muchos de ellos con años de trayectoria— mantuvieron una reunión con Carles Puigdemont en Bélgica. El objetivo fue incluir la Ley de Función Pública como una de las prioridades en caso de que el PSOE y Junts retomen el diálogo político.
Es evidente que la prioridad inmediata de Junts es lograr la aprobación de la Ley de Amnistía, que permitiría el retorno de Puigdemont a España. No obstante, si se avanza en ese frente, la Ley de Función Pública podría formar parte de un segundo paquete legislativo, junto con otras normas previamente comprometidas.
El bloqueo legislativo y los fondos europeos
Aunque el Gobierno ha renegociado con la Comisión Europea un plan para mitigar los efectos del bloqueo parlamentario provocado por Junts, muchas leyes han quedado aplazadas y supeditadas al cumplimiento de determinados hitos para la recepción de fondos europeos. Sin embargo, la Ley de Función Pública no se beneficia de esta cobertura. La suspensión de 626 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation, acordada en junio, sigue vigente, estando condicionada al cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de empleo público.
La Comisión Europea ya ha advertido que, de no corregirse la situación, España podría enfrentarse a sanciones que podrían alcanzar varios miles de millones de euros. Pese a esta advertencia, el PSOE mantiene una postura reticente. Ni las presiones ejercidas por sus socios de gobierno ni las demandas del personal afectado han logrado modificar una posición que permanece anclada a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso Ovadal.
A ello se suma la negativa del Gobierno a afrontar de manera clara el debate sobre la estabilización del personal temporal, recurriendo a argumentos jurídicos ya superados, como la supuesta incompatibilidad constitucional de ciertos mecanismos de consolidación. El PSOE insiste en que cualquier medida de estabilización debe ajustarse a los principios de igualdad, mérito y capacidad recogidos en el artículo 103.3 de la Constitución Española, ignorando deliberadamente la supremacía del Derecho de la Unión Europea frente al ordenamiento jurídico nacional.
Cabe recordar, además, que el artículo 103.3 CE hace referencia al personal funcionario sin distinguir entre personal fijo o temporal, lo que implica que los principios constitucionales deben aplicarse al conjunto del personal público, incluidos los temporales. Las bolsas de empleo y los procedimientos de acceso del personal temporal ya cumplen, en su diseño, dichos principios constitucionales.
Negar este extremo supondría, en la práctica, admitir la ilegalidad de la contratación de este personal, lo que refuerza aún más la necesidad de cumplir con las exigencias europeas y adoptar soluciones estructurales y normativas que pongan fin a décadas de abuso.
El verdadero obstáculo: el negocio del acceso al empleo público
Más allá de los argumentos jurídicos o técnicos, quienes conocen desde dentro el funcionamiento de la Administración pública son conscientes de que el principal obstáculo no es jurídico, sino político y estructural. El acceso al empleo público en España se ha convertido en un negocio sostenido por un pacto tácito entre las academias ligadas a los sindicatos mayoritarios y los funcionarios de alto nivel.
Este modelo se basa en un reparto no oficial: los sindicatos mayoritarios forman a los aspirantes a categorías inferiores, mientras que los altos funcionarios forman a los futuros empleados del subgrupo A1, que trabajarán directamente con los cargos políticos. Así, se reproduce un sistema de clientelismo sindical y político transversal a todas las categorías profesionales.
Legislar conforme a las exigencias europeas —que exigen sancionar el abuso de temporalidad y estabilizar al personal afectado— implicaría dinamitar este sistema de intereses, profundamente arraigado en las estructuras del Estado. Nos encontramos, en definitiva, ante un lobby administrativo que condiciona las decisiones de los principales partidos, incluidos PSOE y PP.
Paralelismos con otros incumplimientos estructurales
Esta situación no es única. Algo similar ocurre con el incumplimiento de la normativa medioambiental europea. España es uno de los países más sancionados por vulneraciones reiteradas en materia de protección de espacios naturales, sobre todo en lo relacionado con el uso ilegal del agua para la agricultura intensiva. En esos casos, los responsables suelen ser grandes terratenientes y aristócratas con intereses agrarios que actúan con total impunidad, amparados por la inacción de los sucesivos gobiernos.
En ambos casos —el medioambiental y el del empleo público— los gobiernos prefieren asumir sanciones antes que enfrentarse a los poderes fácticos que sostienen estructuras de poder e influencia.
¿Cumplir con Europa o mantener el statu quo?
En definitiva, más allá de la posibilidad de que el PSOE y Junts retomen su relación política, la tramitación de la Ley de Función Pública sigue dependiendo exclusivamente de la voluntad del Gobierno.
En manos del PSOE está cumplir con la legalidad europea, resolver de forma definitiva el problema de la temporalidad en el empleo público y garantizar la continuidad de los servicios públicos. La otra opción es continuar cediendo ante presiones corporativas, mantener el statu quo y exponerse no solo a sanciones millonarias, sino también al deterioro progresivo del sistema público y al desamparo de miles de trabajadores y trabajadoras que han sostenido durante años el funcionamiento cotidiano de la Administración.