El uso injusto de Westlaw por parte de Ross Intelligence

En el cruce entre el derecho y la tecnología, donde los límites de la inventiva humana chocan con la voracidad insaciable de los algoritmos, surge un caso que trasciende las disputas comerciales para convertirse en un reflejo de los dilemas de nuestro tiempo. La sentencia emitida el 11 de febrero de 2025 por el Tribunal del Distrito de Delaware, en el enfrentamiento entre Thomson Reuters y Ross Intelligence, no se limita a dirimir una controversia sobre derechos de autor; plantea interrogantes fundamentales sobre la ética, la originalidad y el delicado equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de la propiedad intelectual en una era dominada por la inteligencia artificial. Thomson Reuters, guardián de Westlaw, una base de datos jurídica que ha transformado la práctica del derecho al ofrecer un acceso ordenado y enriquecido a las resoluciones judiciales, obtuvo una victoria parcial frente a Ross Intelligence, una empresa que, en su ambicioso proyecto de desarrollar un "abogado robot", utilizó sin permiso los resúmenes y sistemas de clasificación de Westlaw para entrenar su modelo de IA. Este fallo, lejos de ser un episodio aislado en los anales jurídicos, se erige como un símbolo de las tensiones que definen nuestra relación con la tecnología y nos invita a meditar sobre las implicaciones de permitir que máquinas alimentadas por el ingenio humano se apropien de este sin reparar en las consecuencias.

La magnitud de este litigio radica en su capacidad para iluminar las zonas grises del derecho de autor en un contexto donde las máquinas no solo replican, sino que transforman y, en ocasiones, sustituyen el esfuerzo humano. Westlaw no es un simple repositorio de sentencias; es una herramienta que destila conocimiento jurídico mediante un proceso editorial que agrega valor, lo que la convierte en una obra protegida por la legislación estadounidense. Ross Intelligence, por su parte, representaba la promesa de una revolución tecnológica en el ámbito legal, pero su decisión de recurrir al contenido de Westlaw sin autorización desencadenó un conflicto que pone en jaque los principios de equidad y creatividad que sustentan el sistema de propiedad intelectual. La sentencia del tribunal no solo protege un producto comercial, sino que establece un precedente sobre cómo las empresas de inteligencia artificial deben navegar el complejo terreno de los datos que utilizan para sus modelos, especialmente cuando estos datos son el resultado de un trabajo humano significativo. Este caso nos obliga a preguntarnos si el progreso tecnológico justifica el uso indiscriminado de creaciones ajenas y si la ley está preparada para responder a los desafíos que plantea la era digital.

El trasfondo filosófico y jurídico de esta disputa resuena con las reflexiones de épocas pasadas sobre el equilibrio entre el bien común y los derechos individuales. Así como los filósofos de la Ilustración debatieron sobre la propiedad y el trabajo, hoy enfrentamos un dilema similar en el ámbito digital: ¿hasta dónde puede una máquina apropiarse del esfuerzo humano sin cruzar la línea de lo injusto? La victoria de Thomson Reuters sugiere que, al menos por ahora, los tribunales estadounidenses están dispuestos a priorizar la protección de la creatividad sobre la expansión ilimitada de la tecnología. Sin embargo, el fallo no cierra el debate, sino que lo amplifica, proyectándolo hacia un futuro donde la interdependencia entre humanos y máquinas será aún más pronunciada. Este litigio, en última instancia, no es solo una batalla entre dos empresas, sino un espejo en el que se reflejan nuestras aspiraciones, nuestros temores y nuestra capacidad para regular un mundo en constante transformación.

Para apreciar plenamente la complejidad de este caso, es imprescindible retroceder al año 2020, cuando Thomson Reuters, un coloso en el ámbito de la información jurídica, inició acciones legales contra Ross Intelligence. Westlaw, el producto estrella de Thomson Reuters, no se limita a ser una colección pasiva de sentencias judiciales —que, por su naturaleza pública en el sistema estadounidense, no están sujetas a derechos de autor—, sino que constituye una obra sofisticada que agrega valor mediante resúmenes conocidos como "headnotes", un sistema de clasificación denominado Key Number System y una estructura que facilita la búsqueda y el análisis de las resoluciones. Estos elementos no son meros adornos; representan un esfuerzo editorial que transforma datos crudos en conocimiento útil, un proceso que requiere tiempo, experiencia y una inversión económica considerable. Ross Intelligence, una startup tecnológica con la ambición de revolucionar la práctica jurídica mediante inteligencia artificial, había solicitado previamente una licencia para acceder a este contenido, solicitud que Thomson Reuters rechazó categóricamente. Ante esta negativa, Ross optó por una estrategia alternativa: utilizó los llamados "bulk memos", compilaciones de preguntas legales y respuestas construidas a partir de las notas de Westlaw, para entrenar su sistema de IA. Lo anterior me sugiere que Ross no solo era consciente del valor único del contenido de Westlaw, sino que, al buscar una licencia, reconoció implícitamente que dicho contenido estaba protegido y requería autorización para su uso.

El conflicto se intensificó cuando Thomson Reuters argumentó que esta práctica constituía una violación de sus derechos de autor, mientras que Ross defendió que su uso caía dentro de los límites del "fair use", una doctrina que permite ciertas utilizaciones de obras protegidas sin permiso en circunstancias específicas. En una primera etapa del litigio, los tribunales parecieron inclinarse hacia Ross. Los jueces iniciales consideraron que el uso del contenido de Westlaw no representaba una reproducción literal ni un ataque directo a la propiedad intelectual de Thomson Reuters, sino que podía interpretarse como un uso legítimo orientado a fines tecnológicos innovadores. Esta decisión preliminar reflejó la flexibilidad del sistema jurídico estadounidense, que a menudo ha favorecido la experimentación y el progreso en el ámbito de las tecnologías emergentes. Sin embargo, el fallo definitivo del Tribunal del Distrito de Delaware en 2025 cambió drásticamente el rumbo del caso. El juez Stephanos Bibas, en una resolución que combina rigor jurídico con una notable introspección personal, rechazó la defensa de Ross y determinó que el uso no autorizado de los headnotes y del Key Number System infringía directamente los derechos de autor de Westlaw. Este giro no solo evidencia la dificultad de aplicar principios jurídicos tradicionales a tecnologías modernas, sino que subraya la necesidad de reevaluar constantemente los límites del fair use en un contexto donde las máquinas pueden absorber y replicar el trabajo humano con una facilidad sin precedentes.

El recorrido de este caso desde su inicio hasta la sentencia final ilustra las tensiones inherentes a la intersección entre el derecho y la tecnología. La solicitud inicial de una licencia por parte de Ross, seguida de su decisión de proceder sin autorización, plantea preguntas éticas y jurídicas sobre la intención y la responsabilidad en el uso de datos protegidos. La evolución de la postura judicial, desde una aparente tolerancia hacia un rechazo firme, refleja un creciente reconocimiento de la importancia de proteger las creaciones humanas frente a la apropiación tecnológica. Además, el hecho de que Ross Intelligence cerrara sus operaciones poco después de la demanda, abrumada por los costos judiciales, añade una dimensión trágica al relato: una empresa que prometía transformar el derecho terminó sucumbiendo bajo el peso de las leyes que buscaba aprovechar. Este desenlace sugiere que el equilibrio entre innovación y regulación sigue siendo esquivo, y que las victorias tecnológicas pueden venir acompañadas de derrotas humanas significativas.

Uno de los aspectos más intrigantes y determinantes de este litigio reside en la naturaleza misma de los elementos en disputa: los headnotes y el Key Number System de Westlaw. En el sistema jurídico estadounidense, las sentencias judiciales, al ser productos del poder público, pertenecen al dominio público y no gozan de protección por derechos de autor. Sin embargo, los resúmenes y sistemas de clasificación de Westlaw no son simples transcripciones mecánicas de esas sentencias; implican un proceso editorial que requiere selección, síntesis y análisis para destilar los puntos esenciales de cada fallo y presentarlos de manera accesible y útil. El juez Bibas argumentó que este esfuerzo introduce lo que la jurisprudencia estadounidense denomina una "chispa creativa", un nivel de originalidad suficiente para justificar la protección bajo la Copyright Act. Entiendo que esta distinción es crucial: mientras las ideas contenidas en las sentencias son de libre acceso, la forma específica en que Westlaw las expresa —mediante resúmenes concisos y un sistema de clasificación estructurado— refleja un juicio humano que trasciende la mera funcionalidad y se convierte en una obra protegida.

Ross Intelligence, en un intento por contrarrestar este argumento, recurrió a la doctrina del "merger", que sostiene que, en ciertos casos, la expresión de una idea está tan intrínsecamente ligada a la idea misma que protegerla limitaría injustamente el acceso a esta última. Según Ross, los headnotes de Westlaw eran tan próximos a las sentencias originales que no podían considerarse creaciones originales, sino meras extensiones de un texto preexistente que no merecía protección independiente. Si solo existe una forma —o muy pocas— de sintetizar un fallo judicial, argumentaba Ross, entonces otorgar derechos de autor a esa síntesis equivaldría a monopolizar la idea subyacente, lo que contravendría el espíritu del derecho de autor. La corte, sin embargo, rechazó categóricamente esta defensa. El juez Bibas sostuvo que existen múltiples maneras de resumir y clasificar una resolución judicial, y que los headnotes de Westlaw no son el resultado inevitable del texto original, sino una interpretación creativa que refleja las decisiones editoriales de sus autores. Considero que este razonamiento es no solo jurídicamente sólido, sino también coherente con la lógica de la propiedad intelectual: la protección no recae sobre las ideas en sí, sino sobre la forma única en que se materializan.

Este debate sobre la "chispa creativa" tiene implicaciones que van más allá del caso específico. En un mundo donde la inteligencia artificial puede generar textos, imágenes y música, la definición de originalidad se vuelve cada vez más escurridiza. La decisión del tribunal reafirma que el esfuerzo humano —aun cuando se aplica a la organización y presentación de información preexistente— merece reconocimiento y protección. Comparado con sistemas jurídicos como el europeo, donde las bases de datos gozan de un derecho sui generis que protege la inversión económica y creativa, el enfoque estadounidense se centra en la originalidad como criterio clave. En este sentido, el fallo del Tribunal de Delaware no solo defiende los intereses de Thomson Reuters, sino que establece un estándar para evaluar la contribución humana en productos digitales, un precedente que podría influir en futuros litigios sobre el uso de datos por parte de tecnologías emergentes.

El eje central de la defensa de Ross Intelligence se apoyó en la doctrina del "fair use", un principio fundamental del derecho de autor estadounidense que busca equilibrar los intereses de los creadores con las necesidades del público y los innovadores. La Copyright Act enumera cuatro factores para determinar si un uso es justo: el propósito y carácter del uso (si es comercial o educativo, transformador o reproductivo), la naturaleza de la obra protegida (factual o creativa), la cantidad y sustancialidad de la porción utilizada, y el efecto del uso sobre el mercado de la obra original. Ross argumentó que su empleo de los headnotes y del Key Number System cumplía con estos criterios, ya que su objetivo era innovar en el campo jurídico mediante inteligencia artificial, un fin que, según la empresa, justificaba el uso del contenido de Westlaw sin autorización. Además, Ross afirmó que las supuestas infracciones fueron "inadvertidas", sugiriendo una falta de intención deliberada de violar los derechos de Thomson Reuters.

El juez Bibas, sin embargo, desmontó esta defensa con un análisis exhaustivo de los cuatro factores. En primer lugar, el propósito del uso fue claramente comercial: Ross Intelligence no utilizó el contenido de Westlaw para fines académicos o de crítica, sino para desarrollar un producto competitivo que generara beneficios económicos. En segundo lugar, el uso no fue transformador; en lugar de crear algo nuevo o añadir un significado distinto, Ross replicó la funcionalidad de Westlaw al entrenar su IA para realizar tareas similares a las del producto original. En tercer lugar, aunque Ross no copió verbatim todo el contenido de Westlaw, el uso de los headnotes y del Key Number System representó una apropiación significativa de los elementos más valiosos y distintivos de la base de datos. Finalmente, el tribunal concluyó que este uso afectaba negativamente el mercado de Thomson Reuters, al ofrecer una alternativa que dependía directamente del trabajo protegido por derechos de autor, debilitando así el valor económico de Westlaw.

Ello me obliga a deducir que el fallo refleja una postura protectora hacia los titulares de derechos en un momento histórico donde la tecnología tiene el potencial de absorber y replicar obras humanas a una escala masiva. Maitane Valdecantos, socia de Audens y experta en nuevas tecnologías, señala que la solicitud previa de una licencia por parte de Ross socava su argumento de uso justo, ya que demuestra un reconocimiento implícito de que el contenido de Westlaw requería permiso para su utilización. En un contexto como el español, este comportamiento podría interpretarse bajo la teoría de los actos propios, según la cual una parte no puede contradecir sus acciones previas en perjuicio de otra. La legislación española, con sus límites más estrictos a la propiedad intelectual en comparación con la flexibilidad del fair use estadounidense, probablemente habría llegado a una conclusión similar, reforzando los derechos exclusivos de Thomson Reuters bajo el artículo 17 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual. La decisión del tribunal, por tanto, no solo protege a Westlaw, sino que envía un mensaje claro a las empresas tecnológicas: la innovación no puede construirse sobre la apropiación indebida del trabajo ajeno.

El caso Thomson Reuters contra Ross Intelligence trasciende las fronteras del Distrito de Delaware y plantea dilemas que resuenan a nivel global, especialmente en un mundo donde la inteligencia artificial depende de vastos conjuntos de datos para funcionar. En la Unión Europea, la Directiva 2019/790 sobre derechos de autor en el mercado único digital regula la minería de textos y datos como una excepción limitada a la propiedad intelectual, permitiendo el análisis automatizado de información siempre que se respeten ciertas condiciones. Sin embargo, su aplicación al entrenamiento de modelos de IA como el de Ross sigue siendo objeto de debate entre juristas y académicos. Las bases de datos como Westlaw, cuya creación implica una inversión sustancial en términos de tiempo, recursos y experiencia, están protegidas en Europa por el derecho sui generis, que otorga al fabricante el poder de prohibir la extracción o reutilización no autorizada de su contenido. Asumo que, si este caso se hubiera juzgado en España, Ross habría enfrentado obstáculos similares, dado que los headnotes y el Key Number System cumplen con los requisitos de originalidad y esfuerzo humano establecidos por la legislación europea.

La sentencia del Tribunal de Delaware también tiene implicaciones para gigantes tecnológicos como ChatGPT y otros modelos de lenguaje que se nutren de datos masivos, a menudo obtenidos de fuentes diversas y no siempre autorizadas. En Estados Unidos, el fair use permite la minería de datos bajo condiciones estrictas, como el acceso lícito a las obras y la ausencia de un impacto adverso en el mercado original. Ross Intelligence no cumplió con estos criterios, lo que sugiere que el precedente establecido podría endurecer las reglas para las empresas de IA, obligándolas a negociar licencias con los titulares de derechos o a limitarse a fuentes de dominio público. Este enfoque podría ralentizar el desarrollo de tecnologías basadas en datos protegidos, pero también protegería a los creadores humanos frente a la apropiación indiscriminada. En Europa, donde los límites a la propiedad intelectual son más rígidos, la minería de datos para IA plantea desafíos adicionales, especialmente cuando las obras utilizadas no son de acceso abierto ni están en el dominio público.

A nivel filosófico, este caso nos confronta con la pregunta de hasta dónde debe llegar la protección de la propiedad intelectual en un mundo donde la tecnología puede replicar el esfuerzo humano con una facilidad asombrosa. La victoria de Thomson Reuters no solo defiende los intereses de una empresa, sino que reafirma la importancia de reconocer y recompensar el trabajo creativo en un contexto donde las máquinas amenazan con difuminar las líneas entre lo original y lo derivado. Las implicaciones de este fallo se extenderán más allá del ámbito jurídico, influyendo en las políticas de desarrollo tecnológico, las negociaciones entre empresas y la forma en que concebimos el valor del conocimiento en la era digital.

El juez Stephanos Bibas, con su evocadora referencia a la sabiduría que llega tarde, nos invita a reflexionar sobre las lecciones que emergen de este litigio. La victoria de Thomson Reuters sobre Ross Intelligence no es solo un triunfo jurídico, sino una advertencia sobre los límites éticos y legales que deben regir el uso de la inteligencia artificial. En un mundo donde los algoritmos prometen una eficiencia sin precedentes, este fallo reafirma que la creatividad humana sigue siendo un bien precioso, digno de protección frente a la ambición desmedida de la tecnología. La batalla por Westlaw ha concluido con un veredicto que equilibra la balanza a favor de los creadores, pero las preguntas que deja abiertas —sobre la ética de la IA, el futuro de la propiedad intelectual y el papel de la ley en un mundo digital— apenas comienzan a resonar en el horizonte. Este caso, en su esencia, nos desafía a encontrar un camino que honre tanto el ingenio humano como las posibilidades de las máquinas, sin sacrificar uno en nombre del otro.