- La Comisión lleva a España al TJUE por no trasponer las directivas MREl, bancaria, Nis2, ciberseguridad y la de certificaciones profesionales
- El triple escenario regulatorio que sitúa a España más cerca de ser sancionado por el tribunal de Luxemburgo
Junto a la Directiva 1999/70 sobre eliminación discriminación entre trabajadores temporales y fijos, sin trasponer desde hace veintisiete años, lo que ha generado un bolsa de fraude de un millón de trabajadores temporales en fraude de ley, donde nuestro país se juega una sanción importante e incluiso ha pedido una prórroga , España es actualmente el país de la Unión Europea con más normas comunitarias sin adaptar a su legislación nacional, acumulando cerca de 100 directivas pendientes.
El retraso ha llevado a la Comisión Europea a abrir numerosos expedientes sancionadores y llevar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
El porcentaje de incumplimiento de directivas por parte de España se sitúa en torno al 3,9%, muy por encima del 1,7% que marca la media europea. Esta inacción no solo afecta a los derechos de los ciudadanos y empresas, sino que aboca al Estado a enfrentarse a multas coercitivas y sanciones económicas millonarias.
el caso más flagrante es el de la directiva europea que establece que los autónomos que ganan menos de 85.000 euros deberían estar exentos de IVA, que hace año y medio que debió figurar ya en la legislación española. En este caso, es más el dinero que recauda Hacienda que la multa que le pueda poner el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La Comisión Europea abrió este pasado miércoles un triple frente judicial a España por varias directivas comunitarias pendientes de transponer como son MREL bancaria, NIS2 sobre ciberseguridad y la directiva de certificaciones profesionales . Bruselas anunció que lleva al país ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por el incumplimiento de plazos, lo que abre la puerta a sanciones y multas.
Bruselas no solo ha llevado estos casos ante el alto tribunal, sino que ha solicitado formalmente la imposición de sanciones financieras. Estas multas suelen consistir en: Una cantidad a tanto alzado: Una suma única por el retraso acumulado. Multas diarias: Pagos recurrentes hasta que España notifique finalmente la transposición completa de las directivas al Derecho nacional.
El Gobierno español había recibido previamente cartas de emplazamiento y dictámenes motivados (las fases previas del procedimiento de infracción) en los meses anteriores, pero al considerar que los esfuerzos han sido insuficientes, Bruselas ha dado este paso final para intentar forzar el cumplimiento de la normativa comunitaria.
Incumplimiento bancario
La primera tarea pendiente apunta solo a España. La Comisión la lleva a la justicia para obligarla a transponer una directiva que cambia requisitos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles que deben cumplir los bancos y otras entidades.
Se trata de la MREL (Directiva 2024/1174) que implica Blindaje bancario
Esta directiva es fundamental para que, si un banco entra en crisis, no sean los contribuyentes quienes paguen el rescate, sino sus inversores y acreedores.
Sobre su Osbjetivo técnico hay que señalar : El MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) asegura que los bancos tengan suficiente capital y deuda convertible en capital para absorber pérdidas y recapitalizarse ellos mismos.
En cuanto al incumplimiento: La Directiva (UE) 2024/1174 tenía como fecha límite de transposición el 13 de noviembre de 2024. España ha excedido este plazo, lo cual es delicado porque esta directiva incluye ajustes técnicos muy específicos sobre cómo las filiales dentro de un grupo bancario transfieren pérdidas a su matriz (o entidad de resolución).
Sin esta norma, el marco de resolución bancaria español queda parcialmente desactualizado frente a los estándares de la Unión Bancaria.
En ella se amplía el alcance y se cambian criterios para tratar entidades que vayan a ser liquidadas. España tenía hasta noviembre del 2024 para transponerla. “Hasta la fecha, todos los Estados miembros de la UE han declarado haber completado la transposición del acto, salvo España”, se señaló en un comunicado.
Esto genera una situación de trato diferente en las entidades, con “condiciones de competencia desiguales” que pueden encarecer su financiación. “La Comisión Europea considera que los esfuerzos realizados por este Estado miembro son insuficientes y, por consiguiente, ha decidido llevarlo ante el Tribunal de Justicia y solicitar que se le impongan sanciones financieras”, se apuntó a continuación.
Directiva NIs2 sin trasponer
Otro frente está ligado a la ciberseguridad. La Directiva (UE) 2022/2555 mas conocida como NIS 2 no es solo un trámite administrativo; es la columna vertebral de la ciberseguridad en la UE.
Según indican algunos expertos consultados por este medio, el plazo de transposición venció el 17 de octubre de 2024. España lleva, por tanto, más de un año y medio de retraso.
Su implementación genera un gran desafío técnico: La norma amplía el alcance de 7 a 18 sectores críticos (incluyendo energía, transporte, salud y administración pública) y exige que empresas medianas y grandes implementen medidas de gestión de riesgos muy rigurosas.
En cuanto al estado de tramitación de la norma en España: El principal escollo es la tramitación del Anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad. Aunque el Consejo de Ministros lo aprobó en enero de 2025, el texto sigue "atrapado" en el Congreso.
Mientras esto no se apruebe, España carece de un Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) formalmente constituido según los requisitos de la UE, lo que complica la coordinación unificada ante incidentes.
En esta ocasión Bruselas censura la falta de transposición de la directiva sobre la seguridad de las redes y los sistemas de información, algo que se tendría que haber hecho en el 2024. Esta directiva tiene como objetivo reforzar la ciberseguridad de la UE, con normas más estrictas para entidades que operan en sectores críticos como la salud, la energía, el transporte y el sector público.
“Su plena aplicación es esencial para mejorar la resiliencia de la UE y las capacidades de respuesta en caso de incidentes”, se argumentó. España, Irlanda, Francia y Países Bajos, tenían hasta el 17 de octubre del 2024 para transponer la directiva. Ahora con el envío de la cuestión al TJUE se plantea la imposición de sanciones con una cantidad a tanto alzado y multas diarias hasta que se notifique la transposición completa.
La directiva que España aún no ha transpuesto exige a los países miembro “que refuercen sus capacidades de ciberseguridad e introduzcan medidas de gestión de riesgos y obligaciones de notificación de incidentes” en ciertos sectores.
Certificaciones profesionales
El último y tercer punto de disputa se da en el terreno laboral, por falta de transposición de una directiva sobre las certificaciones profesionales. Bruselas lleva a España en solitario a la justicia por no reconocer el título de traductores e intérpretes jurado de otros países de la UE. Este caso se remonta al 2019. En particular, hace referencia al reconocimiento de los traductores e intérpretes jurados que desean establecerse permanentemente en España o prestar servicios temporales transfronterizos.
Esta directiva es la piedra angular que regula el reconocimiento de cualificaciones profesionales en la UE. Su objetivo es facilitar la movilidad de los profesionales entre países miembros.
Qué ocurre cuando no se traspones o se aplica mal? Si un Estado miembro no traspone correctamente una actualización de esta directiva (por ejemplo, los cambios introducidos por la Directiva 2013/55/UE), los profesionales pueden encontrarse con barreras injustificadas para ejercer su profesión.
En años recientes, los problemas de trasposición no suelen ser de la directiva completa, sino de anexos técnicos o profesiones específicas. Los puntos de fricción más comunes son:
La Tarjeta Profesional Europea (EPC): Fue una novedad de la revisión de 2013. Si un país tiene dificultades técnicas o legislativas para integrar su sistema nacional con esta tarjeta digital, se considera un fallo en la implementación de la directiva.
Exámenes de proporcionalidad: La UE exige que los países justifiquen por qué una profesión está regulada (por qué exige una certificación específica). Si un Estado no revisa sus leyes conforme a los nuevos estándares de proporcionalidad (Directiva 2018/958), se considera que no está cumpliendo con sus obligaciones.
Al margen de la vía judicial, se reprendió a España por los permisos para la directiva de pagos, la protección de los trabajadores del amianto, el uso de agua o los objetivos de reciclaje, entre otros ámbitos. En el lado contrario, se cierran tres procesos abiertos, uno de los cuales hace referencia a una directiva sobre alimentación o derechos de pacientes.
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