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Muchas familias empresarias dan por hecho que sus participaciones están exentas del Impuesto sobre el Patrimonio porque llevan años aplicando ese beneficio fiscal. Sin embargo, basta con que cambie la composición de los activos de la sociedad, la remuneración de quien ejerce funciones directivas o la organización del relevo generacional para que dejen de cumplirse los requisitos exigidos. El problema es que, en ocasiones, estas irregularidades solo se descubren cuando se prepara una donación o una herencia, cuando ya puede ser demasiado tarde para corregirlas. Así lo analiza Laura Vicente, directora del área Tributaria de CECA MAGÁN Abogados, en un artículo publicado en el blog del despacho.

La exención de las participaciones en el Impuesto sobre el Patrimonio constituye uno de los principales incentivos fiscales de la empresa familiar. Además, cumplir sus condiciones resulta esencial para acceder a la reducción prevista en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones cuando se transmiten las participaciones. Como recuerda Laura Vicente, no basta con haber cumplido los requisitos en ejercicios anteriores: deben verificarse en cada momento relevante, tanto a 31 de diciembre para el Impuesto sobre el Patrimonio como en la fecha de la donación o del fallecimiento para el impuesto correspondiente.

El primer riesgo está relacionado con la composición del activo de la sociedad. Una empresa que desarrolla una actividad económica puede acumular durante años beneficios que no necesita reinvertir en el negocio. Si ese dinero termina destinado a depósitos, fondos de inversión o carteras de valores, los activos no afectos pueden llegar a representar una parte mayoritaria del patrimonio empresarial. Es lo que se conoce como patrimonialidad sobrevenida. La normativa contempla determinadas reglas correctoras, pero su aplicación exige analizar cada caso y la exención puede quedar limitada a la parte del valor de las participaciones correspondiente a los activos realmente afectos a la actividad.

El segundo problema tiene que ver con las funciones de dirección. La normativa permite que, cuando se computa conjuntamente la participación de un grupo familiar, sea uno de sus miembros quien ejerza esas funciones para que los demás puedan beneficiarse de la exención. Sin embargo, no basta con nombrar formalmente a una persona consejera o administradora. Debe desempeñar realmente tareas directivas. Vicente advierte de que «dirigir la empresa no basta» si no se puede acreditar esa actividad. También puede suceder lo contrario: un familiar toma decisiones, negocia con bancos y gestiona equipos, pero carece de poderes, nombramientos o documentación que demuestre formalmente sus responsabilidades.

La tercera situación afecta a la remuneración. Para cumplir el requisito, la retribución por las funciones directivas debe representar más del 50 % del conjunto de los rendimientos empresariales, profesionales y del trabajo personal del socio. Por tanto, aunque su salario en la empresa familiar no cambie, el inicio de otras actividades profesionales o la incorporación a nuevos consejos de administración puede hacer que deje de alcanzar ese porcentaje. El despacho también llama la atención sobre las estructuras holding, en las que debe revisarse desde qué sociedad se abonan las retribuciones y cómo se articula la relación entre el socio y las distintas entidades del grupo.

El cuarto error aparece al organizar el relevo generacional. En las donaciones de participaciones, el donante debe tener al menos 65 años o encontrarse en situación de incapacidad permanente y, si ejercía funciones de dirección, debe dejar de desempeñarlas y de percibir remuneración por ellas. Por su parte, el adquirente debe mantener lo recibido durante diez años y cumplir las condiciones fiscales exigidas. Una venta anticipada de participaciones o determinadas operaciones societarias pueden poner en peligro los beneficios aplicados. Por eso, no basta con decidir quién heredará o recibirá la empresa: también hay que planificar quién la dirigirá y cómo se organizará su funcionamiento.

El quinto riesgo consiste en esperar hasta que la transmisión sea inminente para comprobar si todo está en orden. Algunas modificaciones societarias, retributivas o de gobierno familiar necesitan tiempo y deben responder a motivos empresariales reales, no únicamente a la búsqueda de una ventaja tributaria. Si el fallecimiento se produce inesperadamente, además, los requisitos se valorarán atendiendo a la situación existente en ese momento.

La conclusión de Laura Vicente y CECA MAGÁN es que la fiscalidad de la empresa familiar requiere una revisión periódica y coordinada con los estatutos, el protocolo familiar y las disposiciones testamentarias. Un dividendo no repartido, un cargo directivo meramente formal o una nómina abonada desde la sociedad equivocada pueden acabar teniendo consecuencias importantes. Anticiparse permite detectar y corregir los problemas antes de que una donación o una sucesión reduzcan las alternativas disponibles.

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