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Patrimonio especialmente protegido de personas con discapacidad es una figura jurídica regulada por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, creada para garantizar la protección económica y jurídica de las personas con discapacidad. Tras la reforma introducida por la Ley 8/2021, esta institución se adapta al nuevo sistema de apoyos, reforzando la autonomía y la seguridad patrimonial del beneficiario.

Se trata de un mecanismo especialmente relevante en la planificación civil y sucesoria, ya que permite destinar bienes y derechos exclusivamente a cubrir las necesidades vitales de la persona con discapacidad.

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