Volverán a reunirse el próximo 24 de septiembre para definir cómo resolver este problema que afecta a un millón de interinos en fraude de ley. En la actualidad muchas CCAAA y Ministerio de Justicia cesan interinos sin indemnizaciones para frenar estas cifras de temporalidad
Poco se ha decidido en Santander en una reunión de segundo nivel donde solo acudieron los Directores Generales de Función Pública de muchas de las CCA, convocada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y a la que acudieron dichas comunidades autónomas y la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). Poco ha trascendido de esa reunión en la que no hay un Plan de Choque para frenar esta lacra.
Solo nos informan que han fijado un calendario de trabajo, cuya próxima cita será el 24 de septiembre, para seguir dialogando sobre la tarea conjunta de reducir «el abuso» de la temporalidad en el sector público.
Así lo han decidido este miércoles durante la reunión mantenida en Santander, que ha sido presidida por la directora general de Función Pública, Hilda Jiménez, y que ha congregado a los directores de estas competencias en los gobiernos regionales, según han informado fuentes del Gobierno central a Europa Press.
En este encuentro, que da continuidad al trabajo iniciado el 7 de mayo, los responsables de Función Pública han agradecido a los gobiernos regionales y locales su colaboración en la justificación del hito 150 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que exige la estabilización de al menos 300.000 plazas de empleo público en diciembre de 2024. En la actualidad, esas plazas superan las 419.000.
Hay que recordar que nuestro país lleva veintisiete años sin trasponer la directiva 1999/70 que promueve la no discriminación entre trabajadores temporales y fijos, pese a las numerosas sentencias del TJUE que han ido dando pistas de cómo hacerlo
Según explica el portal Apiscam, referente para seguir la problemática de este colectivo en fraude de ley, hay una la doble presión de la Comisión Europea a España actual para que España regule medidas válidas contra el abuso de temporalidad público existente:
Por un lado, Empleo de la Comisión Europea avanzó a Dictamen Motivado el procedimiento de infracción INFR(2014)4334 contra España por este tema que extendió al empleo público en general tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 19/03/2020 "Sánchez Ruiz" -el caso principal, un informático nuestro- vinculándole la denuncia múltiple preexistente de empleados públicos españoles CHAP(2013)01917.
La Comisión Europea haba dado de plazo hasta el 29/06/2026, pudiendo pedir prórrogas si presenta un calendario de actuaciones, para que el Gobierno aprobara nueva normativa so pena de llevar a España ante el TJUE para la imposición de multas. Recordemos que la Comisión Europea , justo el día 28/04/2026, presentó un plan para la reducción de varios plazos internos de sus procedimientos de infracción, en especial, el de las prórrogas posibles para tomar medidas tras un Dictamen motivados, con el que pasarían a ser sólo como mucho de 3 meses , en vez del habitual de hasta un año y sólo se concedería si el país reconoce la infracción y acompaña la solicitud de prórroga con un calendario preciso de aprobación de las medidas en ese plazo de 3 meses
Junto a ello decisión de Economía de la Comisión Europea de suspender de 626 millones de fondos europeos por no disponer de una normativa válida para sancionar el abuso de temporalidad público, cuyo plazo inicial de 6 meses ya finalizó, y tras el que el Gobierno habría presentado alegaciones de que iba a aprobar una normativa
Una prórroga inaceptable
En medio de este tema se encuentra la prórroga que el Gobierno ha pedido a Bruselas hasta marzo del 2027 para resolver el problema de los interinos, más de un millón en fraude de ley hasta marzo del 2027, una prórroga que nadie entiende por la falta de inacción del ministro Oscar Lopez de Transformación Digital y Función Pública a un problema claro que el TJUE ofrece soluciones
Sobre esta prórroga se ha pronunciado en nuestra publicación, todos ellos en contra como Marcos Peña, abogado experto en función pública, que ha sido rotundo en sus apreciaciones para rechazar la prórroga “ Gobierno puede pedir tiempo. Bruselas podrá incluso concedérselo. Pero el plazo que de verdad importa no es el administrativo que hoy vence, sino el que el Tribunal de Justicia ya impuso al modelo mismo, y ese no admite alegaciones”
Junto a él en otro reportaje juristas como Javier Araúz, Beatriz González y Francisco Javier Ramón, también implicados en la defensa de este colectivo en fraude de ley, señalaban lo mismo en este otro reportaje las razones de no conceder dicha prórroga
Arauz señalaba a nuestro medio que “, la Comisión Europea no le ha pedido que reduzca la temporalidad. Lo que le ha pedido es que adopte medidas para evitar y sancionar y compensar a la víctima de estos abusos. “Europa no debe dar esa prórroga a nuestro Gobierno que no ha hecha en estos últimos años incumpliendo la trasposición de la Directiva 1999/70. La solución es clara la estabilización automática del colectivo a través de una reforma legislativa, así lo deja ver el TJUE en sus sentencias porque no hay medidas claras para frenar el abuso de la temporalidad y combatirlo en nuestro ordenamiento. Nuestro Ejecutivo está vulnerando el principio de libre circulación de trabajadores”.
Por su parte, Josep Jover, abogado experto en temas del Derecho de la UE, otra voz autorizada, pedía a los interinos que creasen su propio partido político para que realmente alguien defendiera sus intereses ·”La prórroga hasta marzo de 2027 no es una solución. Es una confesión. España no está pidiendo tiempo para cumplir; está pidiendo tiempo para seguir calculando cuánto incumplimiento cabe todavía antes de que la factura sea insoportable. Y mientras tanto, jueces, gobiernos y administraciones siguen discutiendo si el daño de media vida en precariedad se repara con justicia o con calderilla”
Otro análisis publicado en nuestro medio ha sido el de Maite Agredano, Delegada Sindical de Co.bas que en un amplio análisis para Lawandtrends también se inclinaba para evitar cualquier prórroga que pueda perpetuar de fraude para los miles de interinos en fraude de ley.
Desde su punto de vista “ Después de casi treinta años de incumplimientos, advertencias europeas, procesos de estabilización insuficientes y reformas parciales, resulta difícil creer que la solución vaya a venir de una voluntad política espontánea. Si no existe una presión firme de la Comisión Europea, del TJUE y de los tribunales nacionales, lo más probable es que el problema continúe desplazándose hacia adelante mediante reuniones, grupos de trabajo, normas provisionales y soluciones de apariencia”
Para esta interina que ya logró la estabilización hace un año, pero que sigue en la lucha para ayudar al colectivo a resolver sus problema “ El riesgo es evidente: que España vuelva a presentar una respuesta formalmente aceptable, pero materialmente insuficiente, destinada más a salvar fondos europeos y evitar sanciones que a reparar el abuso sufrido por miles de empleados y empleadas públicas temporales”.
Los interinos y su propuesta
A este respecto nos confirman que u n conjunto de más de 50 organizaciones de trabajadores temporales de las administraciones públicas habrían enviado una carta formal a la Comisión Europea pidiendo que traslade ya al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el procedimiento de infracción abierto contra España por el abuso de temporalidad contractual en el sector público.
Se trata del expediente INFR(2014)4334, para el cual el Gobierno ha pedido un aplazamiento hasta marzo de 2027 antes de que el caso pase a la vía judicial. Bruselas inició la investigación contra España en 2014 por incumplir la directiva 1999/70 debido a que el ordenamiento jurídico nacional no cuenta con mecanismos que eviten el encadenamiento de contratos temporales en las distintas administraciones públicas.
En consecuencia, según el Ministerio de Función Pública, las tasas de temporalidad en educación y sanidad, competencia de las CCAA, ascenderían actualmente al 40% y al 43%, respectivamente. Porcentajes muy elevados en comparación con el sector privado, donde se sitúa en el entorno del 12%.
En concreto, la plataforma que agrupa a diversas organizaciones, sindicatos y colectivos de interinos pide la denegación de la prórroga solicitada por el Ejecutivo a la Comisión Europea el pasado 29 de junio, día en el que terminaba el plazo de dos meses para que España informara de las medidas adoptadas para frenar el abuso de temporalidad respondiendo al dictamen motivado emitido en abril.
La Comisión considera, después de varias sentencias del TJUE, que las medidas adoptadas hace tan solo cinco años por el Gobierno a través del Real Decreto-ley 14/2021 y de la Ley 20/2021 no son suficientes.
Desde el Gobierno se insiste en que podrían haberse estabilizados cerca de 440.000 interinos, sin embargo sigue sin estar estabilizado cerca de un millón de profesionales en fraude de ley. A muchos de ellos se les está cesando, como está pasando en la administración de justicia, donde hay muchos órganos judiciales con falta de profesionales
Jueces ya dan indemnizaciones por daños morales
Por otro lado, según nos informa Francisco Javier Ramón, socio de público de Toda &Nel-lo, los jueces ya aplican la última sentencia del Tribunal Supremo y dan indemnización por daños a los interinos con contratos abusivos. El Juzgado de lo Social número 36 de Madrid acaba de dictar una sentencia este 3 de julio en la que concede una indemnización adicional por daños y perjuicios de 9.000 euros a una trabajadora de la Comunidad de Madrid que estuvo 19 años con un contrato temporal.
Pero además, el fallo abre la puerta a elevar las indemnizaciones por despido cuando la plaza que cubren estos trabajadores, de carácter laboral, se ocupa por un funcionario. El Juzgado concluye que se transformó de forma irregular una plaza laboral en una funcionarial y, por tanto, determina que hubo un despido improcedente, subiendo la cuantía de la indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades a 33 días por año con un máximo de 24 mensualidades. En este caso, la compensación ascendió a los 32.223 euros, llevándose la afectada una indemnización total de 41.223 euros.
Para Sierra, la sentencia es relevante porque consolida la calificación de despido improcedente en los casos de funcionarización. "La sentencia confirma que la conversión de una plaza laboral en una plaza de funcionario -y su adjudicación mediante un proceso de estabilización de personal funcionario- no equivale a la cobertura reglamentaria de la vacante laboral, sino que constituye un despido improcedente con todas sus consecuencias indemnizatorias", indican. "Ello supone un precedente de gran relevancia para todos los trabajadores indefinidos no fijos cuyas plazas hayan sido objeto de procesos de funcionarización", añaden.
